Una niña de 12 años explica cómo “timan” y “roban” los bancos.

Victoria Grant, una niña canadiense de 12 años explicaba a la audiencia del Public Banking Institute de Filadelfia por qué los bancos son realmente malos. “Los bancos –decía en un discurso muy bien aprendido–, perjudican a los gobiernos tanto como a los clientes, y ya que los clientes también pagan impuestos al servicio de la deuda nacional, los bancos les están perjudicando dos veces”. El vídeo ha sido publicado en los medios más prestigiosos del mundo financiero como el Financial Post o el Huffington Post. Victoria reconoce que es “tremendamente doloroso” incluso para una niña de 12 años como ella, saber que estamos siendo “timados y robados por el sistema bancario y un gobierno cómplice”.

La audiencia se quedó perpleja al escuchar los argumentos de esta niña que explicaba “por qué los bancos se enriquecen y nosotros no”. El vídeo, que en dos semanas subió a casi 400.0000 visitas, no deja de subir, traspasando todas las fronteras. “¿Se han preguntado alguna vez por qué los banqueros de las entidades más importantes se están haciendo más ricos mientras que el resto de nosotros no?, son algunas de las preguntas que hace esta niña en su discurso de apenas seis minutos en el que le da tiempo a analizar por qué los bancos incrementan sus ganancias en detrimento de los ciudadanos. Según la joven, las entidades financieras prestan un dinero que realmente no tienen. “Ellos aprietan un botón en el ordenador y generan un dinero falso en el aire. Ellos no tienen realmente nada en sus cámaras”. La deuda de EE UU sobre el PIB es de 800.000 millones de dólares. Y Grant pide “actuar, simple y llanamente, porque, nunca hay que dudar de que un pequeño grupo de personas puede cambiar el mundo”.

Hace unas semanas, cuando Victoria habló en el Club de Rotarios, dejó a los asistentes maravillados. Luego, el presentador del Public Banking Institute la introdujo con estas palabras: “Victoria, sube y haz lo tuyo”. Y la niña soltó este vibrante discurso no tanto por el valor del contenido como por lo asombroso que resulta que una persona de tan corta edad memorice algo semejante. Sugirió algunas rutas de investigación para economistas a propósito de la crisis de deuda que se vive en numerosos países, entre ellos, su natal Canadá. Hizo énfasis en la responsabilidad que tienen los bancos nacionales, las instituciones financieras y el gobierno mismo en esta situación. Y denunció abiertamente los procedimientos usureros que, en los últimos años, han enriquecido a los bancos gracias a los instrumentos de deuda que imponen al grueso de la población, lo cual, advierte, “debe detenerse”.

Victoria Grant, explica cómo los bancos cometen fraude.

Bankia, un plato muy difícil de cocer.

El grupo financiero BFA-Bankia ha pedido al Estado español una ayuda pública de 19.000 millones de euros, que se sumará a los 4.465 ya inyectados, en lo que supone el rescate más caro de la historia financiera de España. El agujero de Bankia nos costará 23.500 millones de euros a fondo perdido, casi cuatro billones de las futuras pesetas. Son 457 euros por español: niños, pensionistas y parados incluidos. El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, nos advierte de la no devolución del capital y de la prioridad del nuevo equipo gestor de la entidad en hacer “una gestión eficiente, austera y transparente que genere valor”. La mejor manera de que el Estado, “cuando lo considere oportuno y mediante el mecanismo que desee”, pueda vender las acciones que va a tomar en Bankia “al mayor precio posible con el consiguiente beneficio para los contribuyentes”.

No obstante, el PSOE reclama transparencia sobre la mala gestión de Bankia y vuelve a pedir responsabilidades. Advierte de que la nacionalización de la entidad “se ha hecho tan mal”, y que el proceso “va a contaminar” al resto del sistema financiero español. Y Óscar López, secretario de Organización, denuncia que nadie del Gobierno haya explicado cómo se ha llegado a la situación actual e incide en que su partido va a pedir “transparencia” para saber quiénes son los responsables de esa “mala gestión” y garantías para que los recursos aportados por el Estado “no tengan un coste para los ciudadanos”.

El titular de Justicia, Ruiz-Gallardón asegura que la crisis de Bankia se está abordando con la mayor transparencia, oponiéndose, no obstante, a la posibilidad de que, hoy por hoy, se abra una comisión de investigación en el Congreso para explicar públicamente cuál ha sido la gestión de la institución que solicita una dotación pública de 19.000 millones adicionales. “Se hará en el momento oportuno”, dice el ministro, quien cree que, con ello, se pondría poner en juego la credibilidad del sistema financiero, en el punto de mira de los mercados. Y Rajoy descarta una comisión de investigación sobre Bankia.

Por su parte, Adicae (Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros) califica de “tomadura de pelo” las explicaciones de Goirigolzarri y denuncia que haya “minimizado” la importancia de la reformulación de las cuentas de 2011 y no mencione a los pequeños accionistas. Adicae asegura que la intervención del nuevo e “ilegítimo” presidente de Bankia “constituye una auténtica tomadura de pelo hacia los cientos de miles de depositantes reconvertidos con engaños en pequeños accionistas”, que sólo interesan “por su capacidad para tapar los agujeros de la empresa”. Critica que haya recurrido a “una infinidad de eufemismos y mentiras”, como asegurar que los 19.000 millones de euros solicitados al Gobierno, que, sumados a los 4.465 que ya ha recibido (al convertir en acciones el préstamo concedido por el FROB hace dos años), supondrán una inyección pública de más de 23.500 euros y “no son ayudas, sino capital”. E “insta a la nulidad” de la salida a Bolsa de Bankia y a la “devolución íntegra a los pequeños accionistas de las cantidades desembolsadas”, si la entidad modifica las cuentas del ejercicio pasado.

Bankia, un plato para Arguiñano, muy difícil de cocer.

La resistencia de la Iglesia ante el IBI, las latas de sardinas de Wert, la guerra en el seno del CGPJ, las disculpas del rey y el aguante de Felipe.

Final de semana primaveral en el que intentaremos tocar las ramas de este árbol –España– que florece y no deja de sorprendernos a todos. Comencemos por sus raíces. Si la Iglesia tiene que pagar el Impuesto de Bienes e Inmuebles (IBI) “se pagará”, pero el dinero se retraerá de otras acciones como la que desarrolla Cáritas. Esta fue la respuesta de Rouco Varela lanzada el lunes pasado, tras ofrecer una conferencia en el Oratorio de San Felipe Neri, bajo el título “La Constitución de 1812: ¿Una nueva configuración de las relaciones Iglesia-Estado?”. Una amenaza velada de la Iglesia, lanzada cuando se ve acosada por quienes exigen idéntico trato fiscal para las sociedades y la iglesia. El cardenal explicó que “la Iglesia está dentro de la legislación general” por lo que no “tendrá ningún problema en pagar si así lo establece la ley”, aunque señaló que ese desembolso podría afectar a “otras actividades” como las desarrolladas por Cáritas y que confía en la “generosidad de los fieles” para mantener la actividad solidaria. De esta forma, la máxima autoridad de la Iglesia Católica defiende las razones por las que la Iglesia no paga el polémico impuesto. Pero, en España, la Iglesia no solo no paga IBI por los templos de culto. Tampoco lo hace por las casas en donde viven los religiosos, por ejemplo la de Rouco. Ni por los edificios que tiene alquilados, ni por las tierras que posee en propiedad. La Iglesia es uno de los mayores dueños de patrimonio inmobiliario del país. La organización Europa Laica ha calculado que, si la iglesia pagara por todo ello, el Estado podría reportar a las arcas públicas entre 2.500 y 3.000 millones. Los Ayuntamientos, que son quienes recaudan este impuesto, buscan cómo poder cobrar por este concepto a la Iglesia, pero poco puede hacer si el Gobierno no deshace los famosos acuerdos económicos llamados de la Santa Sede. León o Valladolid anunciaron hace unos días su intención de encargar estudios para ver qué posibilidades jurídicas tienen de recaudar este impuesto a las organizaciones religiosas. IU presentó enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado para tratar este asunto. Pide que se rebaje en un 20% la asignación que recibe la Iglesia por el IRPF y que, a 31 de diciembre de 2014, esta organización se autofinancie, como se comprometieron en los acuerdos de 1979. Pero la Iglesia se resiste, desde el paraíso fiscal en que la dejó el PP y poco pueden hacer los ayuntamientos si la legislación no cambia.

Sebastián Mora, secretario general de Cáritas española.

Cáritas también se financia con los impuestos de todos los españoles y se beneficia (entre las que más) del reparto de los fondos de la casilla social del IRPF para su extensa actividad social. Cáritas recibe dinero público a través de la asignación tributaria del IRPF y lo hace como cualquier ONG y no mediante la casilla de la Iglesia que es independiente. Además, también recibe subvenciones públicas de ayuntamientos, comunidades autónomas, ministerios y de otros organismos de la administración central, así como del Fondo Social Europeo. En total, los fondos públicos representan el 35 por ciento de sus ingresos. El resto procede de fondos privados, en forma de donativos, legados, aportaciones de empresas o colectas. La Conferencia Episcopal no destina ninguna partida al presupuesto de Cáritas, salvo una aportación puntual iniciada en 2008 con motivo de la crisis. Esa aportación, procedente del fondo interdiocesano destinado a las parroquias, comenzó siendo de un millón y medio de euros y este año alcanzará los 5 millones. Cáritas prestó ayuda urgente a casi un millón de personas en 2010, un 15% más que el año anterior. Un récord histórico en los 60 años de vida. Siete de cada diez personas que llaman a sus puertas fueron encaminadas por los servicios sociales públicos de su ayuntamiento o comunidad autónoma como consecuencia de la crisis. Sebatián Mora, secretario general de Cáritas, hace un llamamiento para que no se recorten las ayudas públicas al tiempo que pide a particulares y empresas que incrementen sus donativos para atender una demanda que amenaza con desbordar la red asistencial de Cáritas. Y advierte sobre el riesgo de que se incrementen y cronifiquen las situaciones de pobreza en España, debido al aumento del paro y del número de familias que han agotado ya los subsidios de desempleo. Desde el inicio de la crisis, se ha incrementado el porcentaje de población española que recurre a la red asistencial, al tiempo que aumenta el número de mujeres y de jóvenes, en consonancia sobre todo con el incremento del paro.

Pese a la actual situación económica en la que nos encotramos, la Iglesia mantiene sus privilegios y el Gobierno del PP se niega revisar los beneficios fiscales de los que goza la institución. Según IU, el Estado entrega a la Iglesia Católica más de 9.000 millones de euros anuales entre aportaciones directas e indirectas: asignaciones tributarias vía IRPF, exenciones en distintos tributos, financiación de personal que imparte religión católica y de centros de ideario católico, transferencias para asistencia sanitaria y obra social, financiación de funcionarios capellanes, mantenimiento de patrimonio artístico de su propiedad, y otras subvenciones y financiación de eventos religiosos o para asociaciones de ámbito local. Joan Tardà, diputado de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), ya ha denunciado en su blog que, pese a los recortes aprobados por el nuevo Gobierno, la Iglesia católica va a continuar recibiendo unos 10.000 millones de euros al año entre subvenciones directas, donaciones económicas, cesiones de terrenos y exenciones de impuestos como el que pesa sobre los bienes inmuebles (IBI) que es, precisamente, uno de los que ha incrementado el Ejecutivo del Partido Popular. El republicano recuerda que este “privilegio” tiene su origen en la Ley Hipotecaria de 1946 que permite a la Iglesia no matricular en el Registro de la Propiedad de Inmuebles los edificios no inscritos a nombre de nadie. “Ni que decir tiene que muchos de los templos y recintos religiosos, históricamente, fueron edificados en terrenos cedidos por el común, propiedad del pueblo”, señala Tardà quien lamenta que el PSOE no fuera capaz de “modificar absolutamente nada” en lo que a los “privilegios” eclesiásticos se refiere y no cumpliera la moción pactada con ERC que instaba a cambiar la Ley de Libertad Religiosa. El Gobierno del PSOE paralizó la publicación de la Ley de Libertad Religiosa en verano de 2010, en vísperas de las elecciones autonómicas catalanas, con el objetivo de evitar abrir un frente laicista en su electorado. “El PSOE –insiste Tardà –no hizo nada, salvo incrementar las donaciones públicas a la Iglesia, y del PP tampoco podemos esperar nada”.

PP, CiU y UPyD evitaron aprobar el pasado miércoles una proposición no de ley del grupo de la Izquierda Plural, que aglutina a IU, ICV, EUiA y Cha. El Ejecutivo evitó modificar esa situación especial de la que goza la mencionada confesión religiosa. La derecha se manifiesta en contra de la iniciativa de la Izquierda Plural que exigía establecer un calendario para la autofinanciación de la institución católica. La propuesta, contemplaba la fijación de un calendario “con un plazo de adaptación” para la “completa” autofinanciación de la Iglesia. Lo que hubiera significado la “homologación” de la institución católica en lo que respecta a las exenciones de las que disfruta en el Impuesto de Bienes Inmuebles, y el recorte en un 20% de la partida a la Iglesia en el IRPF, en los Presupuestos del Estado. Juan Josep Nuet, diputado de EUiA –marca catalana de IU– defendió que el debate se hubiera celebrado “en un momento de crisis”, y recalcó la necesidad de que la Iglesia, “una de las grandes propietarias de inmuebles” en España, haga sus propios esfuerzos. Aunque con diversas matizaciones para destacar el carácter “social” de muchas de las acciones de la Iglesia, la iniciativa Nuet contó con el respaldo de los portavoces de PSOE, Amaiur y ERC en la mencionada comisión. Los socialistas, introdujeron en su 38 Congreso, celebrado en el pasado febrero, la posibilidad de revisar los acuerdos del Estado con el Vaticano. Pero el PP, CiU y UPyD se opusieron a la iniciativa. No hay, en su opinión, nada que justifique la revisión de los acuerdos con la Iglesia católica ya que, “en la última campaña de la declaración de la renta, marcaron la casilla de la institución nueve millones de españoles”. CiU estuvo en contra de que debates como el que se produjo “estigmaticen” a la institución “sin reconocer su labor”. Y Rosa Díez, portavoz de UPyD, se opuso a modificar el sistema de financiación de la Iglesia que hubiera tenido “efectos perversos” al dejar “en peor posición” a la institución católica respecto a otras confesiones religiosas.

Marchas multitudinarias cerraron el pasado martes una jornada de huelga histórica en la educación en España por los recortes anunciados por el Gobierno. Los sindicatos hablan de un seguimiento del 80% y el Gobierno la rebaja al 22,7%. El ministro José Ignacio Wert da las gracias “a la mayoría de docentes que no se han sumado”. Docentes, alumnos y padres de la práctica totalidad de las comunidades autónomas dejaron las aulas vacías y salieron a las calles y plazas de sus ciudades contra el tijeretazo de 3.000 millones de euros que Wert acometerá. Tanto el PSOE como IU criticaron su “falta de diálogo” con la comunidad educativa y defendieron la educación como garantía para el futuro.

Salida de los rectores de las Universidades Españolas, después de decidir no asistir a la reunión programada con el ministro Wert. BERNARDO PÉREZ.

A las cuatro de la tarde del martes el ministro Wert llegaba al Consejo Escolar del Estado donde se iba a celebrar la reunión del Consejo de Universidades: Pero, a esa hora no había ni rastro de los más de 60 rectores que se habían desplazado a Madrid desde sus respectivas comunidades. El ministro permaneció solo con su equipo en una sala vacía, mientras los rectores celebraban una asamblea en unas dependencias de un edificio contiguo. Llevaban horas debatiendo y, a las cuatro y cuarto, Adelaida de la Calle, presidenta de la CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas), se acercó a la sede donde aguardaba el ministro para, a puerta cerrada, comunicarle el plantón de los rectores. Tras apenas diez minutos de encuentro abandonaban de nuevo el edificio sin hacer declaraciones para regresar junto al resto de sus colegas universitarios. Al constatar que la reunión del Consejo de Universidades no se iba a celebrar, el ministro comenzó a organizar una comparecencia pública y los rectores convocaban también a los medios de comunicación para dar lectura a un comunicado. Los rectores acusaron al ministro de “falta de respeto y de atención a toda la comunidad universitaria, a sus estudiantes, a sus profesores y a su personal de administración y servicios”, motivo por el cual decidían no asistir a la reunión del Consejo de Universidades. Y pedían urgentemente una reunión con el presidente del Gobierno para trasladarle la preocupación de la Universidad española ante el impacto de las medidas de ajuste.

El ministro Wert, tras el plantón de los rectores.

Minutos después de la declaración de los rectores, el ministro Wert comparecía en una rueda de prensa para señalar que el decreto se había aprobado donde se tenía que aprobar, el Consejo de Ministros, y se había convalidado en el Congreso, de modo que “no cabe, en el marco legal, el debate que parecen tener en la cabeza los rectores, ya que se trata de una norma legal plenamente en vigor que ha sido aprobada y debatida donde tenía que aprobarse y debatirse”. El ministro manifestó su sorpresa por la conducta de unos rectores a los acusó de “no estar al tanto de la naturaleza de los problemas que atraviesa este país, y de no estar a la altura de esos mismos problemas”. Por último el ministro advertía que la no celebración del Consejo de Universidades dejaba bloqueada la tramitación del decreto de becas que el Gobierno iba a aprobar en breve.

Adelaida de la Calle, presidenta de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas.

Al día siguiente, la presidenta de la CRUE aseguraba que los rectores no se oponían a la austeridad económica porque las universidades son instituciones que se adaptan a la sociedad. “La universidad –dijo– está siempre dispuesta a hacer todo aquello que le pida la sociedad. Si ahora nos pide austeridad, seremos austeros, no nos oponemos lo más mínimo”. De esta forma respondía al ministro de Educación, al que todos los rectores españoles plantaron porque no había atendido a su solicitud de la convocatoria de una sesión extraordinaria del Consejo de Universidades para abordar las medidas de ajuste. La rectora de Málaga mostraba su “gran pena” porque nunca ocurrieron “desencuentros” como el de ayer entre los rectores y el Ministerio, a pesar de gobiernos de distintos signos políticos, y añadía que “últimamente” se estaba “perdiendo el respeto” a las universidades. Adelaida de la Cruz lamentaba que se estaba olvidando el “valor social” de la universidad, y presentía que “algo está ocurriendo en el ambiente” para que se llegue a este tipo de “tensiones” como la registrada entre el ministro y las universidades, instituciones que tienen ocho siglos. Antonio Ramírez de Arellano, rector de la Universidad de Sevilla, aseguraba: los rectores “no nos resistimos” a los recortes y agregaba que lo que pedían al ministro es cómo aplicar el decreto-ley porque estaba “lleno de inexactitudes y de defectos”, lo que hacía “difícil, sino imposible”, su aplicación.

Floriano y Wert.

“Con portazos –comentaba Carlos Floriano, secretario de Organización y Electoral del PP, al día siguiente de este barullo–, no se llega a soluciones”. Con esta frase afeaba la actitud de los rectores que decidieron plantar al ministro de Educación, José Ignacio Wert, en el Consejo de Universidades. El número 3 del PP opinó, en una reunión con Wert y los consejeros de Educación de su partido, que los máximos responsables de las universidades españolas “no estuvieron a la altura de las circunstancias”. Para Floriano, la decisión de la Asamblea de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas de no acudir a su encuentro con el ministro, fue una “pataleta” con la que están consiguiendo “retrasar el desarrollo [legal] sobre las becas”. Sin embargo, Wert decidía, finalmente, dar marcha atrás y atender las peticiones de los rectores. Calle, aseguró que los rectores “no se oponen a la austeridad”, pero sí a algunas de las medidas convalidadas el pasado 17 de mayo en el Congreso. En cualquier caso, los responsables de las universidades sólo buscaban el diálogo con Wert. “Mañana les llegará una carta convocándoles a una reunión la semana que viene con el mismo orden del día que la que se tenía que haber celebrado ayer”, explicaba Monserrat Gomendio, secretaria de Estado de Educación. Además, “sí tenemos intención de convocar el Consejo de Universidades extraordinario con el único punto del orden del día”.

Ignacio Escolar pregunta al ministro de Educación: “¿Qué quiere decir no tener recursos?. Yo se lo explico, señor Wert. En España hay un 22% de las familias que vive por debajo del umbral de la pobreza: una de cada cinco. Hay 11,5 millones de personas que ya están al borde de la exclusión social. El salario medio es de 22.511 euros brutos al año –poco más de esa “miseria” que se gastó Carlos Dívar de turismo en Puerto Banús– pero las medias son engañosas. En esta media entra también el sueldo de Rato, o el de Olivas, o el de usted. La realidad, señor Wert, es que el 60% de los trabajadores españoles no llega a mileurista, hay un 22% que no tiene trabajo y hay también 1.782.400 familias con todos sus miembros en el paro. El 60% de los españoles no llega a fin de mes. Aunque le parezca increíble, señor Wert, hay más de 50.000 familias que pierden su casa cada año; será porque no saben administrar sus recursos, que diría usted. Hay un 50% de los jóvenes españoles entre 18 y 34 años que viven en casa de sus padres, la mayoría porque no tienen otra opción. Hay medio millón de jóvenes que se emanciparon y, por culpa de la crisis, han tenido que dar marcha atrás y regresar al hogar familiar. Y hay dos millones de niños en España, ¡dos millones, joder!, que viven por debajo del umbral de la pobreza. Así es la España de hoy, señor Wert. Y debajo de estas cifras, de estos números, de estas crudas estadísticas, hay gente que lo pasa aún peor. Por eso es tan obsceno escucharle frivolizar con la extrema necesidad de tantas familias, con el esfuerzo que supone para tantos españoles que los hijos puedan ir a la universidad. Ya se quitan ‘recursos’ de otras cosas sin que usted se lo venga a explicar”.

En el pleno celebrado por el Consejo General del Poder Judicial el pasado jueves, Carlos Dívar, el presidente del mismo, rechazó dimitir y a dar explicaciones a la prensa. Durante el encuentro, 5 de sus miembros pidieron su renuncia frente a 7, que reclamaron la de José Manuel Gómez Benítez, el vocal que le denunciara por malversación. La exclusión de responsabilidades penales derivada de la decisión de la Fiscalía de archivar la denuncia contra Dívar “no exime –según los vocales que votaron en contra –de responsabilidades políticas” a éste y consideran “desafortunadas” las explicaciones del presidente que “no se ha disculpado públicamente hasta la fecha”. El otro grupo pidió la dimisión de Gómez Benítez, al que una parte del CGPJ acusó de “deslealtad” por no haber tratado en el seno del Consejo lo que él pensaba que era una actuación irregular de Dívar antes de denunciarle ante la Fiscalía. Entre los miembros del CGPJ que sumaron a esta petición, Almudena Lastra, Gemma Gallego, Concepción Espejel, Antonio Doriado, Claro José Fernández-Carnicero y la propia portavoz del Consejo, Gabriela Bravo. Carlos Dívar lamentó “el quebranto que todo esto ha supuesto al CGPJ, al Tribunal Supremo y a la carrera judicial”. Y, como católico ferviente y practicante, sabe que, con un acto de contrición, se le borra la pena y santas pascuas. El fiscal archivó el tema y todo quedó olvidado. Pero el caso de los 20 viajes a Puerto Banús de Dívar con un gasto de casi 13.000 euros durante los fines de semana ha quedado, según algunos entendidos “mal cerrado”, y puede traer cola. Como la pueden traer los viajes del rey a Botswana para cazar elefantes, por muy “arrepentido” que se sienta…

El rey quiso cerrarlo con un “Me he equivocado”. Pero, el gobernador de Florida, Rick Scott, saludaba el pasado martes a don Juan Carlos, recordando su safari en Botsuana. “Yo he montado en elefantes, pero nunca he disparado contra ellos”, exclamó al entrar a la estancia. Después de esta broma, el gobernador de Florida continuó recordando un viaje que hizo al país africano junto a su mujer. La polémica que despertó la cacería del rey en Botsuana parecía zanjada, según aseguraba Rajoy. Sin embargo durante a visita del gobernador de Florida, Rick Scott, a España le recordó al monarca la caza de elefantes en la que participó hace unas semanas. Y el rey, sin ayuda de sus muletas, le saludó sonriente, sin atreverse a hacer comentario alguno ante la prensa. Las disculpas del rey fueron la primera rectificación del monarca de 74 años en todo su reinado, un hecho que recibió tanto halagos como críticas. Durante su visita, el gobernador, presidente de una compañía de participación pública destinada al desarrollo económico de Florida, tuvo ocasión de abordar las perspectivas de la cooperación económica entre ambas partes y los preparativos para la conmemoración del quinto aniversario del descubrimiento de la península de Florida por el español Juan Ponce de León. “Si hice algo mal, me disculpo totalmente”, dijo Scott a la prensa nada más aterrizar el jueves en el Aeropuerto Internacional de Miami, procedente de Madrid, donde había liderado una misión comercial para tratar de estrechar los lazos comerciales entre España y Florida. Sin embargo, después de que IU enviara las preguntas que rechazaron en el Congreso sobre el viaje del rey, la contestación obtenido l es sólo una confirmación de su recibo y una negativa para responderlas, ya que forma parte de la privacidad del monarca.

Palco del Calderón con el Príncipe Felipe, José Ignacio Wert, Soraya Sáenz Santamaría y Ángel María Villar, entre otras personalidades.

Felipe de Borbón soportó impasible en la noche del viernes la bronca monumental que una gran parte de las aficiones del Barça y el Athletic de Bilbao dedicaron al himno nacional en el estadio Vicente Calderón, antes del arranque de la final de la Copa del Rey, así como las burlas hacia Don Juan Carlos de miles de aficionados, que mediada la segunda parte del encuentro, corearon cánticos sarcásticos sobre la polémica cacería del monarca en Botsuana. En el minuto 60 del partido, en la grada situada tras la portería que en ese momento defendía Pinto, guardameta del Barça, totalmente ocupada por hinchas barcelonistas, cientos de gargantas comenzaron a canturrear: “¡Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña, como veían que resistía fueron a llamar a otro elefante…!”. Miles de aficionados de ambos equipos se sumaron al coro. Don Felipe, impertérrito, no movió una ceja. Y supo mantener el tipo cuando una inmensa mayoría de las casi 55.000 espectadores que abarrotaban el estadio silbaron y abroncaron la versión reducida del himno nacional, apenas 27 segundos de acordes que fueron prácticamente eclipsados por el griterío ensordecedor. Ni siquiera los 100.000 watios de potencia de la megafonía del Vicente Calderón, esparcidos a través de 20 amplificadores, fueron capaces de disimular la protesta. Apenas un minuto antes de que el árbitro pitase el inicio del partido, las aficiones lanzaron gritos “Esperanza, hija de puta”, como respuesta a las polémicas declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que había calentado las vísperas del encuentro con su propuesta de suspenderlo y celebrarlo a puerta cerrada, si se producía la bronca contra los símbolos nacionales que, finalmente, ocurrió. Pero Esperanza no estuvo presente en las gradas. El partido terminó con la victoria (3-0) del Barça.

“Los niños no son recortables”, según la fotografìa del cartel que portaban los enseñantes en las manifestantes celebradas la semana pasada en Zaragoza y Barcelona, en protesta por las medidas gubernamentales de recortes en la educación. Unas 2.000 personas recorrieron las calles de Murcia en una manifestación improvisada y no autorizada, pero consentida por la Delegación del Gobierno. Uno de sus pancartas rezaba: “Yo no tengo la culpa de la crisis”. La última viñeta es de la SinRazón, diario independiente de desinformación general y nos muestra los “sin recortes” y la fotografía del único que se salvó de los mismos.

Los humoristas de esta semana presentaron sus dibujos: La Copa del Rey, de J. R Mora, Ferrand Martín y Fondevila. Así como las viñetas de Morales, Ortuño, Vergara, Erlich, Dacol, Forges, Juan Bosco Acevedo, y R. Varona.

Pep Roig, desde Mallorca, publica los suyos: “Dar de comer a los bancos”; “Noticias de Escalafandia”, “Indigente, en una cabina de un cajero automático”, “Sólo con esto acabaremos la violencia” y “Estudiar o estar enfermo”.

Terminamos con varios vídeos:

Según José Ignacio Wert, Ministro de Educación y Cultura “Evidentemente se pueden dar casos de familias que no tienen recursos para afrontar el pago de tasas, pero no tener recursos, pregunto una vez más, ¿que quiere decir? Que no se quieren dedicar recursos a eso en detrimento a usar recursos a otras cosas”.

El gobernador de Florida al Rey: "He montado en elefantes pero nunca he disparado contra ellos"

“Concierto en familia” en Colmenar

Fernando Palacios.

El próximo domingo, 17 de Mayo, a las doce y media, se celebra por tercer año consecutivo, el “Concierto en familia” ofrecido por la Banda Sinfónica de Colmenar Viejo en el Auditorio, coincidiendo esta vez con el año de su vigésimo quinto aniversario con una obra creada especialmente para esta ocasión. Cuenta con la colaboración del pedagogo musical, Fernando Palacios, vinculado desde hace casi treinta años a Radio Clásica y asesor del Teatro Real. Su faceta de compositor la ha orientado fundamentalmente hacia los niños y los jóvenes y ha colaborado con numerosas orquestas de toda España.

La interpretación musical corre a cargo de la Banda de Colmenar, de la que formo parte. La misma que intervino el domingo pasado en el Ier Festival de Bandas del Auditorio Nacional de Madrid. El texto, recitado por Palacios, es un cuento del periodista Carlos Santos sobre la base de la obra musical del compositor y director de la Banda, Miguel Ángel Grau. Está dividido en tres piezas –Poterna, Torre Roja y Celoquia– inspiradas en las torres del castillo de Cullera, tierra natal del autor. La historia contada hace referencia a Colmenar, a su entorno y su riqueza paisajística y natural, dando vida y dramatismo a los ambientes e intensificando la emotividad del relato.

Carlos Santos, en una entretenida descripción, ha creado un precioso relato para ser compartido por niños y mayores como un juego. Es, a la vez, un canto a la naturaleza, un grito de rebelión contra el desbordamiento del hormigón y una llamada al respeto del medio ambiente. Cuento y música, cargadas de sensibilidad, ilustran pintorescos ambientes de vecinos y son un aguijón en la conciencia para basar nuestro futuro en el respeto a la naturaleza.

De nuevo, la Banda Sinfónica de Colmenar Viejo, en un nuevo esfuerzo de superación, interpretará la compleja partitura con la precisión emocional que precisa la obra, para el disfrute de niños, padres y abuelos que vivirán momentos conmovedores. Un entrañable acto cultural que, sin duda, será un buen rato de placer, emoción y aprendizaje en el lenguaje de los sentimientos.

100.000 vatios contra las protestas.

Una de las tribunas del Mestalla, llena de hinchas del Attletic.

Hinchas del Barça, en Canaletas.

"El Jueves" desnuda a Aguirre, en un montaje copero.


Athletic y Barça repetirán esta noche, en el Vicente Calderón, la final de Copa del Rey vivida en Mestalla, hace tres años, cuando Valencia se convirtió en una fiesta del fútbol con aires de reivindicación política. Se dice estos días que sus escenas se volverán a vivir en el recién plantado césped del Atlético de Madrid y ante la presencia de un personaje, el príncipe, que no faltará, pese a los pitidos y gritos contra el mismo. Y que los 100.000 vatios de potencia del equipo de megafonía contratado por la Federación Española de Fútbol para esta ocasión no silenciarán la multitudinaria protesta de las aficiones que puede incluir el dar la espalda al himno y al heredero de la corona española. Todo ello pese a los guardias de seguridad privada del estadio, a la policía municipal y a los 1.500 antidisturbios desplegados por Madrid para evitar conflictos alrededor de la final de la Copa del Rey (cuya suma total podría alcanzar los 2.300 profesionales). Un partido considerado de alto riego, sin olvidarnos de los conflictos que puedan surgir de la marcha ultraderechista convocada horas antes.

Se dice, igualmente, que el himno atronará pero que no podrá acallar del todo las voces de los miles de aficionados que, contra los deseos de Esperanza Aguirre, aprovecharán para hacerse oír. Que nadie cumplirá las órdenes de una presidenta de la Comunidad, capaz de suspender el partido en caso de que las voces de protesta suenen más fuertes que el himno. Por la sencilla razón de que 100.000 vatios de sonidos son incapaces de ensordecer totalmente los gritos de protesta contra el príncipe y el himno español, lo cual, de cumplirse la amenaza de Aguirre, supondría una mayor alteración del orden público. Y que suspender el encuentro y celebrarlo “a puerta cerrada”, sin público, no sería la mejor medida. Joseph Antoni Durán (CiU) considera que las palabras de Aguirre son “un atentado contra la libertad de expresión “porque no se puede poner un esparadrapo en la boca de la gente ni puertas al campo”. El propio ministro del Interior, Jorge Fernández, descarta la opción de Aguirre y los mismos dirigentes de la Federación ya están algo acostumbrados a que se dé carácter político a un partido de fútbol y prefieren un minuto de gritos y protestas, pasado por el sedazo de 100.000 vatios, que la suspensión del partido. Además, tampoco ellos estarían dispuestos a prescindir del dinero proporcionado por los mismos espectadores que pagan por ver en directo a sus equipos.

En el partido de 2009, en Valencia, la Federación decidió alquilar un equipo de megafonía de 100.000 vatios de potencia, igual que hizo en otros estadios que habían albergado finales de Copa como el Calderón o el Bernabéu pero con una potencia extra. La entrada del rey don Juan Carlos en el estadio fue secundada con una sonora pitada por parte de los seguidores de los dos equipos. El abucheo rozó los acordes del himno español y los gestos contra el rey apenas fueron emitidos por TVE, que prefirió dar las imágenes sesgadas de la realidad, lo que costó ceses y cambios de ocupación dentro del organigrama de la televisión pública. En esta ocasión, posiblemente se repita el gesto, potenciado por la advertencia de Aguirre.

Las últimas finales deportivas con presencia de la casa real se han saldado con incidentes desde las gradas. En la final de baloncesto de 2010, en Bilbao, y, en Madrid, un año después, la presencia del rey, supuso también la protesta por parte de la grada. Los aficionados de Barcelona y Vitoria le censuraron, repitiéndose un año después en la capital de España, con los seguidores azulgrana de por medio. En este caso, el rey estará ausente, pero no su hijo, el príncipe Felipe que, supongo, tendrá que acostumbrarse a sufrir estos varapalos. Por algo se es príncipe, no solo para recibir los aplausos.

El obediente podador.

Guillermo Pardo cita en seis líneas cinco países que marcaron su tiempo. “Grecia –escribe en su blog MigraMundo– nos legó un gran pensador. Italia fue cuna de un abominable dictador. Alemania nos enseñó de lo que es capaz un exterminador. Estados Unidos tuvo como presidente a un buen negociador. Incluso Hollywood creó un atractivo pacificador. ¿Y España? ¿Qué nos deja España? ¿Un obediente podador?”

Viajes no éticos ni estéticos.

Carlos Dívar (izquierda) y Gómez Benítez (derecha)

El fiscal del Tribunal Supremo, Juan José Martín Casallo, ha archivado la denuncia por malversación de caudales públicos presentada por José Manuel Gómez Benítez, vocal del Poder Judicial, contra Carlos Dívar, presidente de ese organismo y del Tribunal Supremo. Divar viajó 20 veces a Puerto Banús (Marbella), en fines de semana de al menos cuatro días, entre 2008 y 2012, supuestamente para actividades oficiales. Según Benítez, el presidente cargó casi 13.000 euros. La cantidad mencionada se completa con la estimación de 27.000 euros de gasto de los escoltas. Pero, el fiscal archivó la denuncia sin realizar las principales comprobaciones de investigación sobre el destino dado al dinero público gastado. Según el decreto de archivo, el presidente Dívar no tuvo “una intención de lucrarse o de aprovecharse en su beneficio” y “no existe prueba alguna, ni directa ni indiciaria, que permita afirmar que la conducta del Presidente del Consejo deba ser sometida a los parámetros del Derecho Penal”. Con su decreto de archivo, la Fiscalía General del Estado avala la más laxa manera de controlar el gasto público, al admitir que, en muchos de los desplazamientos, no se conoce para qué viajó Dívar ni a qué dedicó los gastos protocolarios, en cenas para dos en distintos hoteles, como el Marbella Club Golf Resort & Spa o Puente Romano, entre otros.

Al negarse Rodríguez Padrón, secretario general del C.P.J., a certificar el carácter oficial de los desplazamientos del presidente, pagados con dinero público, el jefe de Gabinete de Dívar, Eduardo Menéndez (quien en el mes de marzo fue nombrado magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo con el aval de Dívar sin haber alcanzado la mayoría necesaria en la votación correspondiente del pleno del Consejo), envió un escrito al fiscal en el que precisa que algunos viajes pueden tener carácter reservado, debido a que “en ocasiones pueden tener una naturaleza no compatible con la publicidad”. El fiscal justifica no haber realizado ninguna investigación porque, de acuerdo con la normativa del Consejo, en la justificación de los viajes no tiene que constar el motivo oficial que da origen al desplazamiento y da por supuesto que cuando el Consejo ha pagado todo el gasto, se trata de un viaje oficial. Dívar convocó a varios vocales individualmente para preguntarles por su posición. Algunos lo interpretaron como una intimidación. Dívar se quejó del quebranto institucional y personal que ha provocado la denuncia. Sin embargo, se le instó a convocar un pleno extraordinario el jueves próximo para tratar de forma monográfica la situación provocada de crisis institucional.

Algunos de los miembros que participaron en el CGPJ del lunes, interpretaron el acto como una intimidación. Margarita Robles se lamentó de que “nos ha convocado para informar y no nos ha informado de nada. Solo se ha limitado a hacer valoraciones. … Esos viajes no le han gustado a la opinión pública. No se entiende, desde el punto de vista ético ni político. Y Gómez Benítez insistió en que “diga lo que diga la fiscalía, tanto viaje a Marbella no tienen justificación ni ética ni estetica desde el punto de vista legal. No obstante, Alberto Ruiz Gallardón, ministro de Justicia, felicitó a Carlos Dívar por el archivo del caso y aseguró que, tanto el Consejo como Dívar han salido “fortalecidos” del normal funcionamiento del Estado de Derecho, materializado en la investigación de los hechos denunciados por uno de los vocales, su tramitación y su “calificación”.

Ignacio Escobar escribe en su web: “El caso Dívar muere antes de empezar. La decisión es un absoluto despropósito, por mucho que se vista de legalidad… Según la Fiscalía, la semana caribeña es de lo más legal y el señor Dívar es inocente porque ‘no pretendió lucrarse”. Solo falta, para rematar, que la Fiscalía asegure como hizo el propio presidente del Supremo, que 18.000 euros es ‘una miseria’ de la que no merece la pena hablar más”.

El lujo del tarifazo.

Iban vestidos de fiesta y gritaban, con las copas en alto: “El tarifazo es un lujo”, “La conga/de los ricos/ ahí viene/ tarifando”, “Nuestra crisis no lo pagamos”, “En Pinar de San Martín, venimos de limousín”, “La próxima estación, la casa del Borbón” y otros lemas. Fue el sábado pasado, entre las seis y las ocho de la tarde, y el grupo, formado por medio centenar de seguidores del movimiento “Yo no pago”, en protesta por el Metro de Madrid, exigía canapés y lo celebraba en tiempos en los que no hay mucho que celebrar. Por una vez se habían dado el lujo de ir a un sitio caro, sacar sus mejores galas, rescatar la chistera y las pajaritas del baúl de los buenos tiempos. Habían pensado en la Ópera, en un gran restaurante, en el casino, pero, tras mucho echar cuentas se habían dado cuenta de que uno de los sitios más caros de Madrid era el metro. Así que se introdujeron en la estación de SOL a las 18 horas y decidieron celebrarlo por todo lo alto. De esta forma, los participantes en el “flashmob” se vistieron con sus mejores ropas de gala y organizaron una fiesta de lujo de esta forma llamativa, protestando por la subida de tasas del Gobierno de Esperanza Aguirre, que recientemente, había encarecido un 11 % el precio de los tickets.

“Como no podíamos salir a la calle porque no nos daba para pagar dos billetes –comentaban–, nos dimos el lujo el viajar en Metro mientras celebrábamos que todavía estábamos vivos. Y nos hemos encontrado con muchos otros amigos que, curiosamente, habían tenido la misma idea. El Reglamento del Metro de Madrid prohíbe la ingestión de bebidas alcohólicas en los vagones y la música ambulante, pero no la de bebidas no alcohólicas, así que cada cual llevaba las bebidas no alcohólicas a su alcance y nada se decía sobre la música del móvil a todo volumen”. En una de las pancartas que portaban, se podía leer: “¿Desde cuando es un lujo viajar en transporte público?… Vergüenza”.

No era la primera vez que la plataforma organizaba actos de protesta contra el “atropello” de la Comunidad de Madrid por el precio del transporte público. Otras organizaciones como Facua o el colectivo “¡Paremos el tarifazo!” también se habían mostrado en contra de la subida de tasas. En acciones pasadas, realizadas a principio de año, hubo, además, cargas policiales que terminaron con varias detenciones. En otras ciudades españolas, se habían unido al movimiento de protesta, colándose en el Metro a una hora determinada. La plataforma tiene otros frentes abiertos y ya prepara futuras actuaciones. “Cuando el Gobierno viola los derechos del pueblo –concluyen, citando el artículo 35 de la Declaración de los Derechos del Hombre de 1793–, la insurrección es para el pueblo y, para cada porción del pueblo, es el más sagrado de sus derechos y el más indispensable de sus deberes”.

La Familia Real, Rajoy y sus ministros.

El MCRC (Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional)

Un grupo de ciudadanos de Madrid, Sevilla, Londres y Munich han presentado ante la Fiscalía Anticorrrupción, en representación del Movimiento Ciudadano hacia la República Constitucional (MCRC), una demanda contra el rey, don Juan Carlos, por un presunto delito de cohecho pasivo impropio al aceptar que el empresario saudí, Mohamed Eyad Kayali, afrontara los gastos de su último safari en Botsuana. Administrador y hombre de confianza del príncipe Salman bin Abdulaziz al Saud, ministro de Defensa de Arabia Saudí y representante de los negocios de la dinastía saudí en España, Kayali fue uno de los hombres que intercedieron para la concesión a España de la construcción del AVE entre La Meca y La Medina. La denuncia, laborada por el abogado José Luis Escobar y patrocinada por el Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional, intenta justificar los motivos por los que el monarca español podría haber cometido un delito de cohecho impropio. Escobar alegando que se produce este delito cuando una autoridad admite, en provecho propio, una “dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su cargo”, según el artículo 422 del Código Penal. La acusación precisa que el Rey solamente “es irresponsable en sus actos como jefe de Estado, para los que necesita el refrendo de un miembro del Gobierno”. Y añade que la irresponsabilidad no implica que don Juan Carlos “pueda hacer lo que desea, sino justo lo contrario, que no puede oponerse a decisión alguna de las que tiene encomendadas constitucionalmente”. Escobar rebate que esa irresponsabilidad no puede concebirse como un “privilegio personal”, según preserva el artículo 65 de la Carta Magna y ratificó España en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (17 de julio de 1998) que, en su artículo 27.1, establece que el tratado es aplicable “por igual a todos” y, por tanto, “el cargo oficial de una persona, sea jefe de Estado o de Gobierno, no le exime de responsabilidad penal en ningún caso”. Los demandantes sostienen que llegarán “hasta el Tribunal Constitucional” para que, al menos, se emita doctrina de hasta qué punto es inviolable un jefe de Estado. Dicha demanda está interpuesta por varios integrantes del MCRC –liderado por Antonio García-Trevijano–, así como otros particulares residentes en Alemania e Inglaterra, que se han sumado a la denuncia.

Aparte del desarrollo de esta demanda, la Mesa del Congreso decidió hace unos días rechazar las preguntas planteadas al Gobierno por el diputado de IU, Ricardo Sixto, sobre la supuesta relación del rey con la empresa de Iñaki Urdangarín, el Instituto Nóos. La razón, según informaron fuentes de la Mesa, es que el caso está pendiente de resolución judicial. Sixto planteó estas preguntas, citando varios correos electrónicos que el exsocio de Urdangarín, Diego Torres, envió al juez que investiga los negocios de la empresa, en los que el duque de Palma supuestamente mencionaba al monarca y a la infanta Cristina como mediadores en las actividades de Nóos. Izquierda Unida también pidió explicaciones al Gobierno sobre un violonchelo del cuarteto Stradivarius propiedad de Patrimonio Nacional, que se rompió durante una sesión de fotos en el Palacio Real. El instrumento musical estaba siendo manipulado por un luthier que había obtenido permiso para acceder a él. IU quiere saber si la Casa Real medió para permitir que el luthier tuviera acceso al Stradivarius, que puede costar entre veinte y veintidós millones de euros, así como el montante que supondrá su reparación. Estas y otras preguntas fueron vetadas por El Congreso, gracias a los votos del PP, del PSOE y de CiU, idénticos en estas y otras cuestiones pese a las aparentes divisiones. Mosqueado por estas prohibiciones, Gaspar Llamazares, de IU, cambió el curso de sus preguntas a la Cámara. “Si el Ejecutivo no quiere responder de sus competencias –señaló el parlamentario– y tampoco la Cámara quiere dar transparencia a la Jefatura del Estado, nos dirigiremos al jefe del Estado y a la Casa Real para que se nos expliquen cuestiones que nos afectan, como el coste de la cacería, el patrocinador de la misma u otro tipo de actividades que tienen resultado para la economía española, como las gestiones del rey”. El diputado avisó en rueda de prensa en la cámara baja: “Esperamos que la Casa Real dé un paso, abandone su actitud de resistencia defensiva y demuestre que esas disculpas que pidió el rey eran con la boca grande y no con la boca pequeña. Es decir, que las disculpas vengan acompañadas de transparencia y de rectificación. Si no es así, si no hay respuesta o es lacónica, deduciremos que no eran disculpas, sino excusas, y a nosotros no nos van a convencer las excusas”.

Gaspar Llamazares, en rueda de prensa en el Congreso, acompañado del diputado de IU por Valencia, Ricardo Sixto.

Porque no fueron un par de preguntas sobre la cacería africana, sino 61, 34 de las mismas fueron frenadas en la Cámara. A IU le dejaron pasar 5 de las 16 presentadas; a ERC, ocho de las 28; a ICV, 9 de las 12, y a UPyD le admitieron cinco. La Mesa únicamente toleró las cuestiones sobre el conocimiento del Gobierno del viaje del rey Juan Carlos y del coste para el erario público. Pero no tramitó preguntas como quién patrocinó el safari, quién acompañaba al monarca, cuánto supuso la repatriación y la hospitalización, qué papel jugó la alemana Corinna Zu-Sayn Wittgenstein –presunta amiga íntima del rey y citada en varios medios como “consejera estratégica” y representante de Juan Carlos– o si el Gobierno de Mariano Rajoy creía pertinente la excursión cinegética del jefe del Estado en pleno colapso económico. La Mesa se aferró a los artículos 56. 3, 65 y 66 de la Constitución. El primero de ellos consagra que la persona del rey es “inviolable y no está sujeta a responsabilidad”, mientras que el 65 remite a que el monarca distribuye “libremente” su presupuesto. El órgano alega en su escrito que las 11 cuestiones vetadas “versan sobre materias a las que son de aplicación los artículos 56. 3 y 65” de la Carta Magna y “no sometidas al control parlamentario de la Cámara”. “Las preguntas –agrega– se refieren a materias ajenas al Gobierno, por lo que no pueden considerarse ejercicio de la facultad de control por parte de los diputados en los términos que el artículo 66 de la Constitución configura dicha función”.

Elefante republicano, sentado bajo el trofeo real.

Justificar el bloqueo por la “inviolabilidad” de Juan Carlos supone, para Llamazares, ir “un paso más allá”. El líder comunista reprocha: “La Mesa convierte a la Casa Real en una Cámara oscura, intenta ocultar al rey detrás del elefante y no es el mejor camino”. Y recuerda que todavía están tramitándose dos mociones de IU: la necesidad de arbitrar un Estatuto de la Corona y de tasar la comunicación del Gobierno y el rey en los viajes privados de éste.

El rey, de caza en Botsuana.

ICV, BNG y ERC prometieron “estudiar” la iniciativa de Llamazares, pero todos insistieron en que por lo que hay que pelear es para que la Mesa acepte calificar cualquier pregunta al Gobierno relativa a la Corona, porque todas esas cuestiones son “procedentes”. El más entusiasta fue Francisco Jorquera, portavoz del BNG. Desde ERC tienen algunas “dudas”, puesto que no hay que esperar del monarca “un acto de gracia” como responder discrecionalmente a unos parlamentarios, sino que es el propio jefe del Estado el que ha de estar “sometido al control de las Cortes”. Para ellos, “lo que está en cuestión es la monarquía como institución ajena al principio democrático, que es lo que no cuestionan PP, PSOE ni CiU". En ICV, respetan y aplauden asimismo el impulso de IU e insisten en apretar las tuercas a la Mesa y en condenar su “papanatismo” que sobreprotege al Gabinete de Rajoy. El Bloque Nacionalista Galego (BNG) decide apuntarse a la ofensiva parlamentaria de la izquierda para conocer más detalles de las condiciones en las que se produjo el viaje del rey a Botsuana y el grado de conocimiento del Gobierno de dicho desplazamiento. El Bloque también pide explicaciones sobre el coste del viaje y quién lo financió, o sobre el personal que acompañó al monarca. Los nacionalistas gallegos aprovechan, además, para formular otras cuestiones, como que el Gobierno explique por qué recortó sólo un 2% el presupuesto de la Casa Real frente a la reducción del 19% en las cuentas de ministerios importantes como los de Educación o Sanidad. O si el Ejecutivo entiende el malestar que esto puede crear en los ciudadanos, que “van a tener que asumir el repago farmacéutico, el aumento desmesurado de las matrículas universitarias, o recortes en servicios públicos esenciales”. Además reclaman al Gobierno que detalle cómo se gasta la Casa Real el presupuesto consignado.

El Congreso no quiere arrojar luz sobre la Casa Real. El ERC insiste.

Pese a todos estos movimientos de parte del Congreso de los Diputados, las preguntas sin respuesta se acumulan en el Congreso, sin visos de que sean aclaradas. Estas fueron las 36 preguntas de ERC, en el Parlamento:
1. ¿Qué asignación recibe la infanta Cristina?
2. ¿Y Elena?
3. ¿Y el príncipe?
4. ¿Qué tipo de declaración de Hacienda hace la familia real?
5. ¿Qué miembros de la Casa Real reciben sueldo público?
6. ¿Qué miembros de la familia real cobran sueldo al margen de los Presupuestos?
7. ¿Paga la Casa Real luz, gas y teléfono?
8. ¿Recibe la Casa Real un trato de favor de sus proveedores?
9. ¿Se conocen los ingresos de la familia real que no están en los Presupuestos?
10. ¿Se sabe la fortuna personal del rey?
11. ¿Cuánto paga la familia real por mantener los títulos nobiliarios?
12. ¿Qué residencias tiene la Casa Real?
13. ¿Paga la familia real sus trajes?
14. ¿Paga la familia real por la sanidad?
15. ¿Y por la educación?
16. ¿La asignación a la Zarzuela es acorde con las subidas medias de sueldo?
17. ¿Se controla lo que saca e introduce el rey en España por valija diplomática?
18. ¿Qué ha hecho el rey en cinco años por el catalán, el gallego y el vasco?
19. ¿Y en los últimos tres?
20. ¿Debería estar la web de la Zarzuela en las lenguas cooficiales?
21. ¿Y por qué en inglés y no en las lenguas cooficiales?
22. ¿Deben estudiar en colegios públicos sus miembros?
23. ¿Y tratarse en la sanidad pública?
24. ¿Quién dice cuándo libra el monarca?
25. ¿Se podía haber evitado el ‘caso Urdangarin’?
26. ¿Por qué no son públicos los sueldos de los miembros de la Casa Real?
27. ¿Qué donaciones reciben y cuáles van a Patrimonio Nacional?
28. ¿Tienen que informar de las donaciones en visitas oficiales?
29. ¿Puede elegir el rey quién le acompaña a los viajes?
30. ¿Qué hace el monarca como jefe del Ejército?
31. ¿Por qué los sueldos, bienes y gastos no son públicos?
32. ¿Hay un registro de donaciones?
33. ¿Se fiscalizan los ingresos y gastos de la Casa Real?
34. ¿Quién decide quiénes son los que acompañan al rey en sus viajes oficiales?
35. ¿En qué negocios participan los acompañantes del rey en sus viajes?
36. ¿Han viajado con el rey personas con intereses en la industria armamentística?

La reina Sofía preside la jura de bandera de nuevos guardias reales y personal civil en el cuartel del Rey, en El Pardo.

Otros actos más recientes complican las relaciones entre la corona española y la inglesa. La reina, Sofía, tenía previsto viajar a la capital británica para asistir a los actos conmemorativos del 60º aniversario de la coronación de Isabel II, pese a que fuera a sonar música de la banda del regimiento británico de Gibraltar. La Casa del Rey ya había confirmado oficialmente la participación de la reina Sofía en los fastos organizados. El pasado día 10, García-Margallo aseguraba en el Senado que el viaje de Doña Sofía al Reino Unido era “absolutamente privado” y que el Gobierno no tenía nada que objetar, pese a que ya entonces había trasladado una protesta formal al Ejecutivo británico por la próxima visita del príncipe Eduardo a Gibraltar. El ministro de exteriores justificó sus palabras con el argumento de que la Reina se trasladaría al Reino Unido “como miembro de la familia real”, y añadía: “Entiendo que el Gobierno tiene pocas cosas que decir” sobre ese viaje. Pero, dos días antes, el Ministerio de Asuntos Exteriores convocó al embajador británico en España, Giles Paxman, para expresarle el “disgusto y malestar” del Ejecutivo de Mariano Rajoy ante el anuncio de la visita a Gibraltar del príncipe Eduardo y su esposa, Sophie Rhys-Jones.

A principios de esta semana, ministro de Asuntos Exteriores, comunicaba a la Casa del Rey que Doña Sofía no debía asistir al jubileo de la soberana inglesa por la acumulación de agravios contra España cometidos en los últimos días por el Reino Unido, especialmente ante el anuncio de que el príncipe Eduardo, hijo menor de Isabel II, visitaría la colonia británica de Gibraltar del 11 al 13 de junio. Y prohibía ese viaje ante la ruptura de las negociaciones entre los pescadores de la bahía de Algeciras y las autoridades del Peñón, que impidieron a aquéllos faenar en unas aguas que consideran suyas, pero que España no reconoce como tales. En los últimos años, fueron frecuentes los incidentes entre pescadores andaluces y la Policía gibraltareña. El ministro de Asuntos Exteriores llegó a asegurar, durante una rueda de prensa en Brasilia, que fue informado en la capital brasileña de la decisión adoptada por La Zarzuela. Pero, fuentes diplomáticas aseguran que fue el propio García-Margallo quien se puso telefónicamente en contacto con el jefe de la Casa del Rey, Rafael Spottorno, para comunicarle que el viaje debía suspenderse. Tras esa conversación telefónica, La Zarzuela hizo público un comunicado en el que dejaba claro que la decisión le había sido impuesta o consensuada entre Exteriores y la Casa del Rey. La nota rezaba así: “Cancelado el viaje de SM la Reina a Londres. El Gobierno ha considerado poco adecuado que en las circunstancias actuales Doña Sofía asista al jubileo de la reina Isabel”.

Antes del accidente del rey en su cacería de elefantes en Botsuana, el monarca tenía previsto viajar con su esposa a Londres el 18 de mayo al almuerzo en el castillo de Windsor y a la cena en el palacio de Buckingham. Después de la intervención, suprimió el viaje a Londres cuya iniciativa era secundada por la reina. Finalmente, ésta decidió secundar la prohibición del Gobierno de no asistir a la conmemoración. Anteriormente, se repitieron las quejas del Ejecutivo español ante los viajes a la Roca por parte de miembros de la Casa Real británica. La última, tachada de “inoportuna”, se produjo a raíz del viaje de la princesa Ana, hija de Isabel II, en 2009, por parte de Miguel Moratinos, a la sazón, jefe de la diplomacia. El “desaire” de la reina Sofía a Reino Unido por la cancelación del viaje del viernes pasado fue mal visto por los principales medios de comunicación británicos. La cadena BBC y los diarios “The Times”, “The Sun” y “The Daily Telegraph” recogieron la noticia en primera plana. La mayoría de los medios británicos no entendieron el gesto del gobierno español y de la corona de no asistir al almuerzo de Isabel II y el duque de Edimburgo lo consideró “poco adecuado” en las “circunstancias actuales”. “The Times” señala que “España y Reino Unido están envueltos en una nueva disputa diplomática”. En un artículo titulado “La tensión en Gibraltar se acerca al punto de ignición”, el diario afirmaba este viernes que “el desacuerdo entre Reino Unido y España por los derechos de pesca se ha convertido en una disputa diplomática que ha implicado a las dos Casas Reales y que podría desencadenar un enfrentamiento militar en las aguas de Gibraltar. Destaca que se podría dar el caso de que se solicite la intervención de “barcos de guerra de la Marina Real” británica, lo cual “podría llevar a un punto de ignición en las aguas de la pequeña colonia”. Por su parte, “The Daily Telegraph” señalaba que “el desaire de la Reina Sofía por Gibraltar demuestra el extraño funcionamiento del patriotismo”. Según el columnista Tom Chivers, la decisión de que doña Sofía no participase en los actos del aniversario de la coronación de Isabel II es el resultado de “una patética rabieta de niño pequeño" por parte de España.

Portada de "La Razón" de ayer.

“The Sun” afirmaba que “España ha elevado la tensión” a “un nuevo nivel”. Y señalaba que los gibraltareños decidieron en un referéndum celebrado hace diez años que no querían que los dos países compartiesen la soberanía del territorio. “A los gibraltareños les gusta ser un Territorio Británico de Ultramar”, aseguraba. “¿Por qué debería importar que algunos miembros secundarios de la familia real (británica) se paseen por allí como parte de las celebraciones por el Jubileo?”, se preguntaba en alusión a la visita que realizarán al Peñón el próximo mes de junio el Príncipe Eduardo (hijo de Isabel II) y su esposa el próximo junio. El diario “The Guardian” se centró en el 'desaire' de España a Reino Unido por la cancelación del viaje de la Reina Sofía y en cómo se justificó. Según este periódico, aunque esas “circunstancias” no se expliquen de forma expresa, queda “más claro que el agua” por qué se tomó esa decisión. Por su parte, la prensa española caldeó más aún el ambiente. Sobre todo, “La Razón”, en la portada de ayer, con una foto del portahelicópteros de la Royal Navy, preparado para el desfile aéreo de homenaje a la reina inglesa.

Patrullera de la Guardia Civil, forzada a retirarse por la Royal Navy.

El la noche del jueves, la Royal Navy obligó una patrullera de la Guardia Civil que protegía a una flotilla de pesqueros andaluces a alejarse del Peñón y regresar a puerto, tras advertirle de que se encontraba en “aguas territoriales británicas”. El incidente se produjo tan sólo 24 horas después de que el Gobierno cancelase el viaje de la reina Doña Sofía a Gran Bretaña. Los militares avisaron hasta tres veces a la embarcación española de que “acaba de entrar en aguas territoriales británicas de Gibraltar”, y le exigieron que “abandone la zona de manera inmediata”. El incidente comenzó cuando una decena de pesqueros procedentes de Algeciras comenzó a faenar a unos 400 metros del Detached Mole, una zona marítima que el Gobierno gibraltareño veta desde hace cuatro meses a las embarcaciones españolas por considerar que se encuentra en sus aguas territoriales. Los pescadores, lejos de cumplir las órdenes de la policía gribaltareña, avisaron por radio a la Guardia Civil de que estaban siendo hostigados por aquélla, y sobre las 23.30 horas una patrullera del instituto armado llegó a la zona para darles protección. Las patrulleras de la Royal Gibraltar Police informaron a la Guardia Civil de que debía conminar a los pescadores a retirarse. Media hora después, la Armada británica exigió a la Guardia Civil que abandonase “de manera inmediata” la zona. A media noche de la madrugada del viernes, los pesqueros españoles, escoltados por la Guardia Civil, iniciaron el regreso a Algeciras.

El Gobierno no incluye la Casa Real en la Ley de transparencia. El Gobierno español ha hecho caso omiso a las propuestas planteadas por varios ciudadanos y organizaciones para que la Casa Real estuviera incluida en la ley de transparencia que va aprobar el Ejecutivo. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, explicaba hace dos días que la Casa del Rey no estará incluida en esa nueva normativa porque “no forma parte del grupo de administraciones públicas” que deben facilitar documentos a la ciudadanía.

Pierre Moscovici, nuevo ministro de Economía del Gobierno francés y mano derecha de Hollande, está dispuesta a ejercer toda la presión necesaria ante Angela Merkel para cumplir sus tres grandes objetivos: mantener a Atenas en el euro, completar el pacto fiscal con convincentes medidas de estímulo y abrir la toma de decisión desde el directorio franco-alemán a todos los socios e instituciones europeos. El primer día de trabajo de la administración socialista estuvo cargado de símbolos y mensajes de ruptura con la presidencia de Nicolas Sarkozy. En la primera decisión del consejo de ministros, los miembros del Gabinete y del presidente redujeron sus sueldos en un 30%, al contrario de Sarkozy cuya primera medidas fue subirse subió el sueldo un 170%. Las dos cabezas del Ejecutivo y los 34 ministros (17 hombres y 17 mujeres) firmaron un estricto código deontológico y de austeridad personal y moral. Y limitaron tanto el número de ayudantes (un máximo de 15 los ministros, y 10 los viceministros), como los gastos de sus gabinetes en un 10%, haciendo pública su renta y sus viviendas, absteniéndose de ayudar a familiares o amigos, y poniendo su patrimonio “en manos de un intermediario acreditado”. Además, no podrán acumular cargos ni salarios, ni aceptar regalos de cuantía superior a 150 euros, ni “invitaciones privadas de Gabinetes extranjeros o personas físicas o jurídicas relacionadas con su departamento”. Y deberán favorecer la democracia participativa “escuchando a los ciudadanos”, utilizando “las posibilidades que ofrece Internet”, y compartiendo en la Red, “de una forma cómoda y gratuita, el mayor número posible de datos públicos”. Algo que contrasta con el Gobierno español, que se ha dedicado, hasta el momento, a lanzar tijerazos a diestro y siniestro, aumentando el numero de sus consejeros y protegiendo, eso sí, los sueldos de sus ministros. Mariano Rajoy viajará el próximo miércoles a París para mantener su primer encuentro con Hollande, horas antes de la cumbre de la UE convocada en Bruselas.

El recorte de la Casa Real se queda en un 2% –explica Qaesar en “El Ventano”–. “El Gobierno de Rajoy se ha “olvidado” de la Casa Real a la hora de meter la tijera. Así, el rey y su familia solo sufrirán un descenso del 2% en sus ingresos. Los Presupuestos Generales más restrictivos de la democracia vuelven a dejar al margen a una institución, la Casa Real. Los enormes esfuerzos que las cuentas públicas exigen a los españoles y que se cifran en otro tijeretazo de 27.300 millones de euros, se reducen significativamente cuando se trata de aplicarlos a la monarquía. Según se puede desprender del desglose de los presupuestos presentados en el Congreso de los Diputados por el Gobierno, en el apartado que hace referencia a la asignación que recibe la casa real consta que de cara a 2012 ésta ascenderá a 8,26 millones de euros. Esta cifra supone que el montante que el Estado destinará a sufragar los gastos reales tan solo se verá reducido un 2% con respecto al año pasado. En 2011, se dispuso que la Casa del Rey contara con 8.434.280,00 euros. Para empezar ese recorte del 2% queda muy lejos del que se aplicará a los presupuestos con los que contarán todos los ministerios, que se elevará al 17%. Pero es que también es menor al que supuso la cifra asignada para la monarquía en 2011 con respecto a la de 2010, que fue del 5,2%”.

Entramos en la segunda parte de este blog dominical con el humor. Tras escuchar el consejo del Ministerio de Trabajo, citamos las ciñatas de El Ventano, Forges, Ferrán, J. R. Mora, Quille’12, Peridis y Varona.

Pep Roig dibuja esta semana: Los oficios de la crisis, Licencia de caza de jubilados, La primicia de riesgo...

Terminamos con cuatro vídeos. Los dos primeros sobre el crédito al descrédito, de Jordi Évole:
Mark Miquel, propietario y Director General de Poly Klyn... Cuenta sus problemas con los bancos y la financiación...


Entrevista de Jordi Évole a Francisco Álvarez Ex Vicepresidente de la Bolsa de París.


El tercero, sobre Michael Andreas, un niño de 10 años que tocó el pasado 4 de marzo el concierto número 1 de Beethoven con la orquesta en el Auditori Vilafranca del Penedés