Un
grupo de médicos se manifiesta en contra de los recortes en la sanidad pública.
Según Emiliano García-Page,
presidente por las Cortes de Castilla-La Mancha, “la mejor manera de
identificar cómo va un país es ver cómo va el funcionamiento de su sanidad y
España, disfruta de una buena, gracias al Sistema Nacional de Salud. Ccomparada
con otros países, en España a nadie se le atiende por su nivel de renta, su
color de piel, o su procedencia”. Sin embargo, Carmen Riolobos, vicesecretaria
de comunicación del Partido Popular de Castilla-La Mancha, decía en una rueda
de prensa el pasado domingo: “La situación a la que Page está llevando la
sanidad pública es insostenible”. Y añadía, sin despeinarse: “Somos la
comunidad autónoma de toda España con la tasa más baja de médicos por cada
100.000 habitantes”. Mantra que, días después, su compañero, Carlos Velázquez, confirmaba,
sentenciando: “En Castilla-La Mancha, sólo hay 395 médicos por cada 100.000
habitantes, muy lejos de los 611 médicos con los que cuenta Navarra (primera
región en el ránking), o los 476 médicos que suponen la media nacional e,
incluso, de los 420 con los que cuenta la segunda región peor, que es
Andalucía”. L. Rodríguez comenta en ElPlural.com: “¿Son verídicas las
argumentaciones de la senadora Riolobos y del diputado autonómico Velázquez?
¿Están siendo sustentadas por serias estadísticas o algo así parecido? ¿Cómo es
posible que, siendo Castilla-La Mancha una de las comunidades que, en su día,
obtenía las mejores valoraciones, posea ahora este déficit de profesionales? Y
es que hay que tener mucho desparpajo, o pertenecer a la escuela filosófica de
Esperanza Aguirre, para denunciar la falta de médicos cuando ese déficit se ha
producido bajo mandato del denunciante; en el cuatrienio (2011-2015) que
gobernó María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha, fueron despedidos,
puestos en la calle, cerca de 3.000 profesionales sanitarios, entre médicos y
enfermeras”.
El PP denuncia la falta de médicos.
Según un estudio que
llevó a cabo el sindicato Comisiones Obreras, justo dos meses después de que el
PP perdiera el Gobierno castellano-manchego y Cospedal diera la espantada con
su cambio a Madrid, Chelo Cuadra, la responsable de Sanidad de CCOO-CLM,
presentaba ante los medios de comunicación un informe sobre los indicadores
sanitarios durante la legislatura de Cospedal. “Son datos que nos preocupan
-aseguraba-, y son los datos a tener en cuenta para empezar a recuperar la
Sanidad Pública”. Castilla-La Mancha estaba a la cabeza en España de los
recortes. Perdía 668 camas sólo entre 2010 y 2013, lo que representaba un
recorte del 14%, mientras que el Servicio de Salud de la comunidad (SESCAM)
prescindía, entre 2010 y 2015, de 2.781 trabajadores (fueron despedidos 444
médicos y facultativos, 429 enfermeras, 516 auxiliares de enfermería y 165
titulados medios sanitarios). Eso sí, Cospedal sólo suprimió 51 puestos de
“dirección y gestión”, pese a que el anterior Gobierno siempre sostuvo que era
en este grupo donde se realizaban los máximos recortes, denunció la
sindicalista. Ante estos demoledores datos, que sacarían los colores al más
pintado, Carlos Velázquez, portavoz de Sanidad de Grupo Popular en las Cortes
castellano-manchegas, prefiere mirar para otro lado y realizar declaraciones
que difícilmente pueden calar en la ciudadanía, conocedora como es de aquellos
salvajes recortes. “Esto supone un serio problema no sólo en cuanto a la
atención a los pacientes castellano-manchegos, sino también para los propios
profesionales sanitarios, que están sobrecargados de trabajo”, insistía
Velázquez. Y no contento con ello exigía, “una vez más, al Gobierno de Page que
invierta parte de los 1.000 millones de euros que tiene de más en el
Presupuesto regional de 2018, en Sanidad y en la contratación de más médicos y
enfermeros”, cuando hace apenas tres años guardaba silencio, siendo diputado en
la legislatura de Cospedal y el anterior Gobierno del PP despedía sin piedad a
cientos de trabajadores y dejaban la sanidad pública “hecha unos zorros”,
lamenta a ElPlural.com.
Pasillos hospitalarios en la época que gobernaba Cospedal en CLM.
En el mismo diario
digital se publican en varios reportajes los llamados “pasillos del horror”. Y así
lo atestigua un facultativo del Hospital Virgen de la Salud de Toledo, centro
sanitario donde murieron algunos pacientes en la sala de espera porque no había
médicos suficientes para atenderlos. Tres años después, el informe de CC OO
desmontaba, una a una, todas las críticas del PP en materia sanitaria, citando
como triste ejemplo la salvaje reducción en el presupuesto sanitario de 1.915
millones, desde 2010 a 2015, o la disminución del 84% en el capítulo de
inversiones, que pasaron de 296,6 millones, en el Gobierno del socialista José
María Barreda, a tan sólo 48,3 en 2015 con Cospedal. El recorte fundamental se
produjo en 2012, con un presupuesto inversor de 53,7 millones frente a los
278,4 del año precedente. Finalmente, el Informe de CCOO recogía también la
opinión de los castellano-manchegos sobre su sistema público de salud reflejada
en el Barómetro Sanitario 2014 del Ministerio de Sanidad. Entre 2009 y 2012,
los castellano-manchegos valoraban muy alto la atención sanitaria que recibían,
en torno al 6,80; por encima de la valoración media de los sistemas sanitarios
públicos del conjunto del país (en el 6,57%). Pero con la llegada del PP al
Gobierno manchego, la valoración cayó bruscamente al 6,15%, en 2013, y al 6,07%
el siguiente; quedando muy por debajo de las medias estatales (el 6,41% y el
6,31%, respectivamente). L. Rodríguez termina comentando en ElPlural.com “Eso
sí, y no es broma: tres años después, el PP denuncia falta de médicos”.
Franco exhumado del Valle de los Caídos.
El presidente ejecutivo
de la Fundación Francisco Franco, Juan Chicharro, defendía el pasado lunes que
“un cadáver pertenece a su familia, y una exhumación sin el permiso de la
familia es una profanación, que es un delito, y habría una querella”. Chinarro
se refería a la intención del Gobierno sobre los restos de Franco que reposan
en el Valle de los Caídos. En declaraciones a la Agencia EFE, Chicharro puso en
duda que el Consejo de Ministros fuera a iniciar el viernes los trámites para
desenterrar su cuerpo y, en todo caso, se preguntaba por la fórmula que iban a
emplear. “Todo son conjeturas -agregaba-. ¿Va a ser un decreto-ley, una
proposición de ley o un real decreto?”. Y consideraba que “da igual” porque, en
cualquier caso, sería de rango inferior al derecho internacional, ya que para
la Basílica del Valle de los Caídos “rige el derecho canónico”, por lo que
habría que negociar otro convenio con la Santa Sede. Chicharro precisaba que el
terreno de las iglesias es “inviolable” y que las leyes de Estado “no tienen
capacidad para los lugares de culto”. Se remitió a los informes del Comité de
Expertos de 2011, que concluyeron que “la única autoridad” en el Valle de los
Caídos es el prior de la comunidad benedictina y que, “por encima, solo está el
Papa”, lo que está avalado por “juristas reconocidos”. El presidente de la
Fundación indicaba que el Gobierno no se había puesto en comunicación con ellos
y que, “aunque con la familia lo han intentado, me consta que no ha habido
contacto”. Y terminaba deseando que Franco sigan en la tumba actual. “Tiene que
seguir ahí, y no contemplamos ninguna otra posibilidad, salvo una intervención
del papa”.
Decenas de visitantes rodean la tumba de Francisco Franco al término de
la misa diaria por los caídos.
Veintiún frailes
concelebran la misa diaria de once que Francisco Franco encargó a la comunidad
de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, congregación de benedictinos a los
que el dictador puso a custodiar el lugar, en el término de San Lorenzo de El
Escorial. Resumimos un reportaje escrito por Juan José Fernández en El
Periódico de Catalunya, el pasado día 22. Dice que, tras las paredes de la
basílica, se agolpan 33.833 esqueletos de soldados muertos en la Guerra Civil,
y de paisanos asesinados en la retaguardia, sacados sin permiso de cunetas y
fosas comunes. En las preces, el oficiante ruega por “el eterno descanso de los
caídos, para que su recuerdo fomente la paz entre los españoles”. Al acabar la
misa, más de cien personas acude a la trasera del altar y rodea la losa que
cubre los restos de Franco. Unos besan el granito; otros, la tocan con sus
manos; no pocos se cuadran... Todo ellos son franquistas empedernidos y
turistas que reciben regañinas de los vigilantes de Patrimonio Nacional por
hacer fotos con sus móviles. A la puerta de la basílica, muchos de los
feligreses que salen de misa se llevan uno de los recuerdos de una tienda
abierta por el Patrimonio Nacional. En julio pasado, la afluencia de visitantes
creció un 45 por ciento desde que el Gobierno manifestara su intención de
exhumar a Franco. El público se ha triplicado desde que el ministro, José
Guirao, anunciara que el Consejo de Ministros decretará la exhumación. Algunos
se hacen fotos en la arquería de entrada, desplegando una bandera de España.
Otros no ocultan su admiración por el dictador. Y no creen que lo vayan a sacar
de su tumba. El arzobispo de Madrid, cardenal Carlos Osoro, ha ordenado a los
monjes de la abadía del valle que no se opongan a las decisiones
gubernamentales. “No sois vigilantes de cementerios”, les dijo en una reunión,
cuando llamó a capítulo al abad, Santiago Cantera, que fue falangista antes que
fraile. En el arzobispado de Madrid no desmienten la orden de no intervención
del prelado Osoro. Pero, una parte de la Iglesia ve el decreto como un ataque.
Un grupo de curas de Tortosa (Tarragona) que pasea por la explanada se manifiesta
de una manera menos frontal. El decreto no les entusiasma, pero Urbano, Juan,
Andreu y Josep, capellanes de la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos
de Mosén Sol, dicen: “Nos da igual, nos es indiferente el tema”, aunque tercia
Josep: “Que dejen lo que está. Lo importante es el monumento”. Otros opinan que
sacar a Franco es “puro electoralismo”. Los hay, en fin, que llegaron hasta el
Valle por curiosidad, pero estarían dispuestos a sacar a sus difuntos entre
estos muros. Y no les parece justo que un dictador como Franco esté enterrado
ahí.
La vicepresidenta del Gobierno, Carmen
Calvo, ordena exhumara Franco por “dignidad democrática”.
El Gobierno da 15 días a
la familia Franco antes de empezar el proceso para exhumar el cuerpo. “Un
dictador -dice la vicepresidenta, Carmen Calvo, no puede tener una tumba de
Estado en una democracia consolidada como la española. Es incompatible”. Tras
40 años de democracia, es evidente que la exhumación de los restos de Francisco
Franco del Valle de los Caídos tenía que haberse hecho mucho antes. Pero la
decisión está ya tomada y el Ejecutivo ha puesto todo en marcha para que, con o
sin la autorización de la familia, los restos sean exhumados de forma discreta
antes de final de año. El último Consejo de Ministros celebrado el viernes
aprobó el decreto ley que reforma la Ley de Memoria Histórica y amparó el
proceso administrativo que se iniciará la semana que viene para exhumar el
cadáver. La vicepresidenta ha explicado que será un proceso “con todas las garantías”
y que el decreto ley tendrá una caducidad de 12 meses. El próximo viernes, 31
de agosto, se acordará iniciar los trámites, incluido el aviso a la familia
para que se haga cargo de los restos de Franco. En el Ejecutivo hay dudas sobre
cómo hacerlo, porque quieren evitar un espectáculo de franquistas en comitiva
alrededor de los restos. Por eso se dirá a la familia dónde se le va a
enterrar, pero es probable que no les comuniquen hasta el último momento el día
y la hora en la que los técnicos levantarán la losa de 1.500 kilos que cubre la
tumba del dictador. La oposición se ha aferrado a la fórmula elegida, el
decreto ley, para descolgarse de la iniciativa aunque esté de acuerdo con el
fondo. El único partido que puede oponerse es el PP. Pero no han confirmado aún
su voto. La vicepresidenta se mostró
convencida de que ese recurso no prosperará y acusó a la oposición de buscar
excusas para rechazar una medida que cuenta con un gran apoyo popular.
Defensa investiga a cinco reservistas que firmaron el manifiesto
exaltando a Franco.
Por otra parte, los
firmantes del manifiesto que exalta la figura del militar y dictador Francisco
Franco fueron identificados por el Ministerio de Defensa. El departamento de
Margarita Robles abrió una información reservada y nombró a un instructor para
que se investigasen los hechos. Defensa podría actuar contra ellos, ya que el
régimen de las Fuerzas Armadas recoge como faltas graves y muy graves la
manifestación de “expresiones contrarias” hacia la Constitución, la Corona y
demás instituciones del Estado, así como “infringir reiteradamente los deberes
de neutralidad política”. El comunicado, titulado “Declaración de respeto y
desagravio al general Francisco Franco Bahamonde, soldado de España”, se hizo
público con el apoyo de 181 militares, la mayor parte de los que firmaron están
retirados. En él, denuncian la “campaña infame” que está llevando a cabo “la
izquierda política” para desprestigiar al dictador a través de la “perversa
pretensión” de exhumar sus restos del Valle de los Caídos. Piden respeto por la
“figura militar del General Franco” que, según apuntan, “ha sido vilipendiada
hasta extremos inconcebibles” con el objetivo de “borrar medio siglo de nuestra
historia” a través del “empeño visceral de revancha” del Gobierno del Partido
Socialista que lidera Pedro Sánchez. Entre los nombres publicados en la primera
difusión del comunicado, hay generales, coroneles, almirantes y capitanes de
fragata. Entre ellos, el general balear, Luis Alejandre Sintes, exjefe del
Estado Mayor del Ejército de Tierra (fue nombrado para el cargo en 2003 por el
entonces ministro Federico Trillo); Juan Enrique Aparicio que, hasta 2016,
formaba parte del Ministerio de Defensa como Jefe del Mando de Personal del
Ejército de Tierra; Alberto Asarta, exjefe de la misión de la ONU en Líbano, y
Emilio Pérez Alamán, exjefe del Mando Militar de Canarias o Juan Aparicio
Hernández Lastras, exjefe del Mando de Personal del Ejército. Son
algunos de los nombres más destacados de los más de 100 firmantes del texto que
exalta la figura del militar y dictador Francisco Franco, y entre los que se
hallan cinco reservistas sobre los que el Ministerio de Defensa ha abierto una
investigación.
Una concentración reciente de la AUME.
El manifiesto denuncia la
“campaña infame” de la “izquierda política” contra la figura del dictador y
justifica el golpe de Estado de 1936 en una “España agredida y asediada por el
comunismo internacional”. Los firmantes critican “muchas de las
acusaciones que se vierten en estos momentos” contra Franco y señalan que el
único objetivo de quienes las formulan es “que las nuevas y futuras
generaciones ignoren y si es posible desprecien un periodo importante de su
propia Historia, tratando de justificar con ello un falso progreso que oculta
la realidad del actual desmoronamiento territorial de la Nación y la manifiesta
desigualdad entre los españoles”. Defensa ha subrayado “el absoluto compromiso”
de todos los hombres y mujeres que integran las fuerzas armadas con la
Constitución y con sus valores. El Ministerio advierte de que no consentirá que
se arroje “la más mínima sombra de duda” con respecto a la “total dedicación”
de las fuerzas armadas españolas en el mantenimiento de la paz y la libertad,
tanto en territorio nacional como en las misiones en el extranjero. Los
firmantes del escrito, salvo cinco de ellos, no tienen ninguna vinculación
profesional con el Ministerio de Defensa. Respecto a los cinco firmantes, que
se encuentran en situación de reserva, el Ministerio de Defensa ha abierto una “información
reservada y nombrado el correspondiente instructor”. Por su parte, Jorge Bravo,
secretario de organización de la Asociación Unificada de Militares Españoles
(AUME), uno de los colectivos críticos con el manifiesto franquista, apunta: “Esta
situación demuestra que el Ministerio de Defensa tiene un problema a la hora de
escoger al personal. Es una muestra de cómo se controla quién va a estar en un
alto cargo”. La Asociación Foro Milicia y Democracia y el colectivo de
militares demócratas también rechazan las alabanzas al dictador. Arturo Maira
Rodríguez capitán de navío de la Armada, retirado, y excompañero de los
firmantes, apuesta por que se les aplique a los jubilados la ley de Memoria
Histórica. El colectivo solicitó en su cuenta de Twitter que se impute “la ley
antiterrorista” por ser “responsables de la campaña de enaltecimiento del
dictador asesino”. Desde Defensa aseguran que, dependiendo de las conclusiones
a las que lleguen en la información reservada, “se abriría, si procede, un
expediente” y, si, finalmente, deciden imputarles algún castigo, las sanciones “dependerán
de cómo se tipifiquen los hechos en el expediente”.
Franco, visitando las obras del Valle de los
Caídos, junto a su esposa, Carmen Polo.
Un grupo de militares
retirados, en activo y viudas de profesionales castrenses ha elaborado una
respuesta a la “Declaración de respeto y desagravio al general Francisco Franco
Bahamonde”. En el manifiesto, elaborado como contestación, destacan su “rechazo
total” a este comunicado. En el manifiesto, elaborado como contestación,
destacan su “rechazo total” a este comunicado. “El general Franco -señalan
estos militares- no merece respeto ni desagravio alguno, sino nuestra repulsa
más absoluta por haber encabezado un golpe de estado sangriento y genocida
contra la legal y legítima IIª República Española, la feroz guerra civil
posterior, y una dictadura opresiva e inclemente durante casi cuarenta años”,
apuntan la veintena de firmantes que han suscrito esta declaración “en contra
del franquismo en las Fuerzas Armadas”. Entre los apoyos recabados se encuentra
Julio Rodríguez, exJEMAD, diputado de Podemos y general de Aire; los capitanes
de navío de la Armada Arturo Maira Rodríguez, Manuel Ruiz Robles, Jaime Pablo
Aguado Gómez, Manuel Pardo de Donlebún; el capitán de Fragata de la Armada,
Antonio Maira Rodríguez; el excabo de la Armada Miguel Pastrana de Almeida; el
coronel de Intendencia de la Armada Rafael Moreno Tapia; el cabo activo del
Ejército de Tierra Marco A. Santos Soto, el cabo reservista del Ejército del
Aire Javier del Canto Mozas y Ángela Thomas Andreu, viuda del comandante de
ingenieros Bernardo Vidal. Estos militares recuerdan a los oficiales firmantes
del manifiesto en defensa del dictador que son “funcionarios servidores del
estado” y que no tienen “derecho alguno a presionar como colectivo al Estado
democrático”. “No somos portadores de una moral superior, ni sostenemos ninguna
sagrada herencia histórica. Nos debemos simplemente a la soberanía nacional que
reside en el pueblo español”, finalizan. El exJEMAD le pregunta a los firmantes:
“¿Por qué han firmado junto a condenados por golpistas (23F)?” y “¿por qué
apoyan a quien fue desleal, indisciplinado e irrespetuoso con la Ley vigente?”.
El impulsor del manifiesto, Arturo Maira, asegura que “Franco fue un dictador
genocida” y que “su contribución a la Historia de España fue establecer una
época de terror”. Por su parte, Ángela Thomas asegura que su marido fue “expulsado
de la escuela del Estado Mayor en junio de 1973 y detenido en septiembre por
sus ideas demócratas”.
Ante
el resurgir del fascismo, Felipe VI guarda silencio.
Según un extracto del
artículo “España: República o el caos”, de Ángel Pasero y EXS, Explosión
Social, más de 600 militares, generales, almirantes, jefes, oficiales, han
firmado un manifiesto en Memoria del general Franco, Franco el militar, no el
político, como si los miles de asesinados bajo la bota de la dictadura
franquista durante cuarenta años, no hubieran existido. Este grupo de militares
forman el núcleo duro del fascismo en la Fuerzas Armadas. Ante esto, el
Gobierno de Pedro Sánchez y su ministra de Defensa, no dice nada. Hoy son más
de 600 los firmantes, no es descabellado pensar que en nada pueden ser miles
los firmantes y veremos cómo se les para. Junto al silencio del Gobierno, está
el del Congreso de los Diputados y los partidos políticos que lo integran, que
aún no han denunciado con fuerza esta agresión fascista de un sector del
Ejército que se supone son los garantes del orden establecido y no respetan las
reglas del juego democrático. “El rey Felipe VI, que con tanta vehemencia se
dirigió a la ciudadanía española el pasado 3 de octubre de 2017, exigiendo al
Rajoy actuar con contundencia contra el pueblo catalán que el día 1 de ese mes
y año, quiso ejercer su derecho de acudir a las urnas para decidir su destino
como pueblo. Ese día, Felipe VI, no tuvo ninguna frase contra la contundente
actuación de las fuerzas de orden público que reprimieron con saña al pueblo
catalán, tomando partido, el rey, por una parte de la sociedad catalana y
exigiendo al Gobierno actuar, haciendo entrar en vigor el artículo 155 de la
Constitución del 78, que es la forma eufemística de aplicar el Estado de
Excepción en Cataluña. Pues bien, ahora, el rey Felipe VI, jefe supremo de las
Fuerzas Armadas, también guarda silencio ante el movimiento de defensa del
fascismo de los militares nostálgicos del franquismo, salvaguardas de aquella
barbarie que aún continúa. Felipe VI, ni frena esta deriva fascista, ni ordena
a los militares nostálgicos que se pongan en posición de firmes y en primer
tiempo de saludo, ni les ordena retirar esa misiva que tanto daño hace a
nuestra débil democracia. Ni se aleja del pasado franquista que restauró la
corona, por lo que debe dar un paso atrás y dejar sea proclamada la República…
Si. desde la Casa Real, el Gobierno, el ministerio de Defensa, los partidos
políticos parlamentarios, no se dice nada, tendrá que ser la ciudadanía quien
tome la iniciativa y alzar nuestra voz contra el avance del fascismo de forma
colectiva”.
Partida de Tute de los viernes en el Centro Español de Moscú.
Pablo Jiménez Arandi
escribe en ctxt el artículo: “La penúltima batalla de los Niños de la Guerra”,
a propósito del vencimiento del contrato de alquiler del histórico Centro
Español de Moscú, lugar de encuentro desde hace décadas de los menores
exiliados en 1937, durante la Guerra Civil.
“El Centro Español en Moscú tiene aspecto de accidente en pleno centro
de la capital rusa. Doblando la esquina del número 18/7 de Ulitsa Kuznetsky
Most, uno se encuentra con un enorme Zara. Un poco más allá, un moderno café
sirve ‘comida orgánica’. Al lado, un pub inglés se va llenando antes del
próximo partido. Es viernes a mediodía. El día de encuentro para ‘los niños de
la guerra’ que siguen vivos y sus descendientes. Los nonagenarios, que se
disponen a recoger las migas y las copas de vino prácticamente vacías, fueron
en 1937 los primeros refugiados de la Guerra Civil española en llegar a la
Unión Soviética, pocos meses después del levantamiento fascista del general
Franco. Desde los años 60 del siglo pasado este es su lugar de reunión. Un
extenso local que el gobierno soviético cedió a Dolores Ibárruri, La
Pasionaria, para las reuniones del Partido Comunista (PCE) en Moscú. Con los
años, se convirtió simplemente en punto de encuentro para exiliados, primero, y
para españoles residentes o moscovitas interesados en la cultura hispana –desde
hace años se imparten clases de baile español, entre otras actividades–. Hoy,
lo primero que se observa al cruzar la puerta son los cuadros de ciudades y
pueblos de España colgados en la pared. A la izquierda está la barra del bar y
al fondo, con una estatua de Don Quijote como testigo, la mesa donde cada
semana se disputa la tradicional partida de tute, que hoy está a punto de
comenzar. Además de las múltiples referencias taurinas, una especie de altar
pagano adorna la sala principal con fotografías de los ‘niños’ cuando todavía
lo eran, recortes de prensa y un libro dedicado a los fallecidos en la II Gran
Guerra, que padeció esta generación de españoles, olvidados durante décadas por
su país de nacimiento u origen. Unos 3.000 niños españoles de entre 5 y 15 años
llegaron a través de diferentes rutas a la Unión Soviética. Hijos de familias
republicanas, muchos de ellos ya huérfanos tras los primeros meses del
conflicto, las dos expediciones más numerosas zarparon desde los puertos de Santurce
(Vizcaya) y El Musel (Gijón) con dirección a Leningrado (hoy San Petersburgo).
Las autoridades soviéticas habilitaron hasta quince casas repartidas por las
actuales Rusia y Ucrania para dar cobijo, educación y cuidados a los niños”.
Francisco Mansilla, niño de la Guerra,
presidente del Centro Español en Moscú.
“En 2013, con Francisco Mansilla
de presidente, el Centro recuperó parte de la pequeña subvención que el
Gobierno español había segado con el estallido de la crisis. El dinero que hoy reciben
desde Madrid y las pequeñas aportaciones de particulares son el sustento
económico de este lugar. Pero, en los últimos meses, las cosas se han vuelto a
complicar. El 15 de junio, un día después de que las calles de Moscú comenzaran
a llenarse de banderas, camisetas de fútbol y cánticos de hinchas, el contrato
de alquiler del Centro venció. La fecha estaba en el calendario desde hacía
tiempo. Pero la esperada prórroga todavía no ha llegado. Como todo lo que tiene
que ver con este lugar y sus protagonistas, la historia del alquiler está llena
de vericuetos. Cedido inicialmente de manera gratuita por las autoridades
soviéticas a la disidencia franquista en Moscú, la irrupción del consumismo más
salvaje cambió de arriba abajo esta zona de la ciudad, a tiro de piedra del
mítico Teatro Bolshói y a escasos diez minutos a pie de la Plaza Roja. Bajo las
nuevas reglas capitalistas, el Ayuntamiento moscovita estableció, hace 25 años,
un contrato de alquiler que se ha renovado en varias ocasiones –con la consiguiente
subida de renta– mientras la zona se revalorizaba. Siempre, eso sí, con unas
condiciones más ventajosas que las de un local comercial, lo que les ha
permitido sobrevivir durante todo este tiempo. Al menos, hasta el pasado 15 de
junio. Dolores Cabra, presidenta de la Asociación Guerra y Exilio (AGE) y
portavoz oficiosa del Centro fuera de Rusia, explica que un cúmulo de
circunstancias, algunas de ellas arrastradas desde hace tiempo, ha impedido la
resolución del conflicto. En marzo pasado, el caso Skripal –el supuesto
envenenamiento de un exespía ruso y su hija en Reino Unido– provocó un choque
diplomático y la salida de varios funcionarios de sus respectivas embajadas en
Madrid y Moscú. Estas tensiones de alto nivel se unieron a la quietud de la
diplomacia española durante meses ante cualquier cuestión no relacionada con el
conflicto en Cataluña. Una fuente próxima al Consulado español en la capital
rusa, enlace clave para todos los trámites burocráticos del Centro, señala su
confianza en que el asunto del alquiler se resuelva próximamente, aunque no se
atreve a decir cuándo ni bajo qué condiciones, elemento clave para conocer el
futuro que le espera al local y por tanto a los Niños de la Guerra y sus
descendientes. En este contexto, de las conversaciones con los Niños se
desprende una cierta sensación de abandono, de olvido, que va en aumento y de
la mano al propio paso del tiempo. O que quizás tiene que ver con propia
condición de antiguos refugiados, luego apestados –ni el régimen franquista ni
el soviético les permitió volver a España hasta casi los años 60- y hoy
simplemente ancianos”.
Luis
García, oriundo de Bilbao, y Julia Sanz, viuda de un Niño de la Guerra, en el
Centro Español de Moscú.
“Una solución a largo
plazo solventaría el problema del alquiler y abriría paso a un proyecto
largamente anunciado. Además de la memoria viva en forma de testimonios sobre
la guerra, el exilio y el día a día en la Unión Soviética de los Niños de la
Guerra (apenas unas cinco decenas siguen vivos en toda Rusia, aunque muchos de
ellos ya enfermos) y sus familias, el Centro Español guarda una ingente
cantidad de documentos, fotografías y otros archivos almacenados hoy de forma
desordenada por falta de medios. El proyecto en cuestión, según señala una
fuente próxima al Consulado español, es la creación de un ‘centro de memoria y
de referencia para la emigración española’ que permita, entre otras cosas,
ordenar y digitalizar el archivo disponible. También la organización de
actividades culturales de un modo diferente al actual. Sin embargo, esta idea
que viene de lejos sigue siendo una promesa sin plazos fijos ni presupuesto.
Desde España, Dolores Cabra explica que ‘se mezclan cuestiones de diplomacia y
mano izquierda’. Esta historiadora e investigadora remarca la necesidad de que ‘las
instituciones rusas comprendan la importancia del Centro Español para Rusia. Hay
que apostar por un proyecto común, en el que se vea todo los que los Niños de
la Guerra aportaron a la medicina rusa, a su arquitectura, cultura, etcétera’.
Todas ellas profesiones que ejercieron los miles de niños españoles que
permanecieron como adultos en el país que les acogió. Sin contar los centenares
que murieron –la mayoría de manera anónima- luchando en el frente de guerra
contra la invasión nazi o en la retaguardia. A finales de junio, María Teresa Casero
y otras tres representantes del Centro viajaron hasta la región de Karelia, en
el extremo noroeste de Rusia, para acudir al homenaje a 23 chavales con nombre
español que murieron luchando por romper el cerco que el ejército nazi
estableció en 1941 sobre Leningrado. Una placa conmemorativa les recuerda en un
apartado bosque, el lugar donde se encontraron los tres o cuatro cuerpos que
han permitido tirar del hilo de esta trágica historia. Durante el acto, un
grupo de monjas ortodoxas marchó en silencio sujetando los retratos de varios
críos, convertidos precipitadamente en soldados, cuenta con la voz entrecortada
Elena Lago, hija de español y tesorera hoy del Centro. Al enseñarle las fotos,
Luis, un Niño de la Guerra que llegó desde Bilbao a Rusia con sólo nueve años y
que hoy ha decidido no participar en el tute de los viernes, reconoció a uno de
sus amigos de la infancia, tercia emocionada María Teresa. ‘Sólo tenemos los
nombres en la placa del monumento. Pero todavía hay que buscar muchos cuerpos’,
asegura. Lo dice con la esperanza de seguir tirando del hilo de la memoria. En
una historia que comenzó hace 80 años con la llegada de miles de niños a una
tierra desconocida. Y cuyo legado afronta un presente y un futuro lleno de
incertidumbres”.
La libertad de expresión, según el gusto de cada cual... Por Pep Roig.
Pep Roig, el humorista
mallorquín, publica hoy en “Ultima Hora” el artículo “La libertad de expresión,
según el gusto de cada cual”, en el que discrepa de la Fiscal General. “María José Segarra, fiscal general del Estado,
arguye que “no hay delito en quitar o poner lazos amarillos”, argumentando que
eso “forma parte de la libertad de expresión”. Pep Roig discrepa rotundamente
de la opinión de la señora, “a sabiendas de que se basa en sus técnicos
conocimientos jurídicos de los que yo carezco. Me atrevo a discrepar, por lo
que he podido ver en las imágenes que ofrecen los telediarios. Unos ponen lazos
amarillos en lugares determinados, sin utilizar la fuerza ni increpar a nadie.
En contraposición hemos podido ver a los que retiran esos símbolos usando
cierta proporción de violencia, con gesto y ademán de crispación, utilizando la
fuerza, herramientas y hasta un coche, como en Vic destrozando las cruces en la
plaza pública plantadas, todos ellos ejerciendo una autoridad ‘judicial’
autoerigida en nombre de la patria que dicen defender. Es como si en los días
de la ‘Revolución de los claveles’, en Portugal, determinados grupos de
ciudadanos, afines al régimen dictatorial de Marcelo Caetapo se hubieran
dedicado a retirar, pacífica o violentamente, los claveles en los cañones de
los fusiles que otros habían colocado como símbolo de paz y en favor del golpe
de estado de las fuerzas armadas contra la dictadura que encabezó el general
Espínola el 25 de abril de 1974 y que derivó en la democracia de la que
disfruta el país hasta ahora. No entiendo que usar la fuerza bruta para retirar
los símbolos del contrario sea ‘libertad de expresión’, como dice la fiscala
general. Que puede que jurídicamente lo sea, con lo que me daría el derecho a
retirar de las zonas públicas todo lo que no me gusta.
Las imágenes más
sorprendentes y las fotomontajes de esta semana:
Francisco Franco y Millán Astray, abrazados, entonan cánticos legionarios.
El Rey cambia de amante. El Jueves.
El Jueves. C’s y PP piden
votar la exhumación de Franco a mano alzada
En Barcelona aparece en una marquesina una soga amarilla con lema antimonárquico.
El humor. en la prensa de esa semana: Peridis, J. R.
Mora, Vergara, Pat, Manel F, Eneko…
A punto de desaparecer el Centro Español de Moscú, refugio para los "niños de la guerra"
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Videla y los Borbones
Entrevista a Manolo Monereo: “El PSOE trata a Unidos Podemos como una fuerza marginal”
