El teólogo Juan José Tamayo muestra la portada de 'Pederastia: ¿Pecado
sin penitencia?' (Taurus).“La pederastia es uno de
los mayores escándalos de la Iglesia católica del siglo XX, si no el mayor. Es
un problema estructural, legitimado institucionalmente por las más altas
jerarquías durante décadas, desde el Vaticano hasta los obispos de numerosas diócesis
de todo el mundo”. Así de contundente se expresa Juan José Tamayo (Amusco,
Palencia, 1946) doctor en teología por la Universidad Pontificia de Salamanca y
doctor en filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid, sobre el escándalo
de los abusos sexuales en el seno de la Iglesia, una realidad a la que se
acerca con ambición en su reciente publicación “Pederastia: ¿Pecado sin
penitencia?” (Taurus). Tamayo denuncia el negacionismo, el silencio y el
ocultamiento, por parte de la jerarquía eclesiástica, de los crímenes de
pederastia cometidos por sacerdotes en el seno de la Iglesia durante décadas. Nos
lo recuerda Jesús Bastante en ElDiario.es: “En
base a numerosa documentación, el libro de Juan José Tamayo, ofrece una visión
cruda de los silencios y las culpas que han rodeado esta realidad ocultada
durante décadas. También recoge la reivindicación de las víctimas, que el
Defensor del Pueblo ha calculado en al menos 240.000 personas, y el papel de
los medios de comunicación a la hora de destapar un escándalo del que solo
conocemos la punta del iceberg. ¿Y el papel de la propia Iglesia? Tamayo no
duda: ‘Sorprende que sectores católicos ultraconservadores se dediquen a hacer
escraches a las puertas de las clínicas de aborto y no los hagan en las iglesias
y los domicilios de los sacerdotes pederastas que siguen ejerciendo el
ministerio sacerdotal’. La
pederastia es uno de los mayores escándalos de la Iglesia católica del siglo
XX, si no el mayor, el que más descrédito ha provocado en esta institución bimilenaria.
Es un problema estructural, institucionalmente legitimado. No
vale decir que son casos aislados y marginales, todo lo contrario: la
pederastia se ha producido en todos los espacios del poder eclesiástico y en
sus dirigentes: cardenales, arzobispos, obispos, miembros de la Curia romana,
miembros de congregaciones religiosas, responsables de parroquias, capellanes
de Congregaciones religiosas femeninas, profesores de colegios religiosos,
formadores de seminarios y noviciados, padres espirituales, confesores,
etcétera. En España hay cosas que
son la mejor demostración del desprecio a las víctimas y de la falta de
compasión con ellas por parte de un importante sector de la jerarquía católica
española, que se convierte así en responsable y cómplice de dichos crímenes:
primero el negacionismo, el silencio, el ocultamiento de los crímenes durante
décadas y la permisividad del delito; después el encubrimiento, la
minusvaloración del número de pederastas y de víctimas (‘solo pequeños casos’,
afirmó Luis Argüello, secretario de la Conferencia Episcopal Española) y la
falta de denuncia ante los tribunales. Y, por último, la auditoría encargada
por la Conferencia Episcopal Española al despacho de abogados Cremades &
Calvo Sotelo”.
Intentando averiguar cuál
es la razón de este crimen, Juan José Tamayo cree que se encuentra en el poder
detentado por las personas sagradas, un poder omnímodo y en todos los campos. “Hay
poder sobre las conciencias, poder sobre las mentes, poder sobre las almas y
sobre los cuerpos, que se convierten en propiedad de las masculinidades
sagradas, objeto de colonización y de uso y abuso a su capricho. Un poder que
se basa en la masculinidad sagrada, sin control. Un poder patriarcal sobre las
mujeres, los niños, las niñas, los adolescentes, los jóvenes y las personas más
vulnerables y más influenciables. Pero quizá lo más grave es que el
comportamiento criminal de los pederastas y el silencio de la jerarquía
terminan por desacreditar a toda la comunidad cristiana. Hoy, que ya conoce
tamaños crímenes, debe levantar la voz profética de denuncia contra los
pederastas y sus cómplices. Callar se convierte en delito: delito de silencio”.
Cuando Juan José Tamayo terminó el libro, el título le vino de manera
espontánea. Reconoce que, durante los últimos 80 años, la jerarquía no
reconoció la gravedad del pecado ni la humillación a la que fueron sometidas
las víctimas, miró para otro lado ante las denuncias que recibía, y se limitó a
cambiar de destino a los pederastas a otros lugares de España u otros países,
donde seguían delinquiendo con impunidad. “A las víctimas se les imponía
silencio para salvar el buen nombre de la Iglesia. Esto generaba un clima de
permisividad con los agresores, una atmósfera de oscurantismo para con las
víctimas y un ambiente de complicidad de la jerarquía. Sin duda, también, o ha
sido, un pecado –y un delito– sin castigo. Si, en la Iglesia católica, no se
impuso la penitencia a los pederastas conforme a la gravedad del pecado, en el
ámbito de la administración de justicia no se impusieron las penas conforme al
delito. Pareciera que la jerarquía eclesiástica y la Justicia hubieran hecho un
pacto, la primera para negar el pecado y la segunda para no investigar ni
castigar el delito. La jerarquía optó por el silencio y el encubrimiento. En el
caso de la administración de justicia había un miedo reverencial a los obispos
y al clero. La simbiosis no podía ser mayor. No olvidemos que vivíamos en un
régimen de nacionalcatolicismo en el que los poderes estaban al servicio de la
dictadura y el poder religioso la legitimaba. Mi impresión es que dicho miedo
sigue manteniéndose hoy en un sistema en el que todavía quedan no pocos restos
de nacionalcatolicismo”.
Tamayo nos advierte que,
hasta hace muy poco tiempo, la sociedad, y la comunidad cristiana eran
desconocedoras de los crímenes. Ahora las cosas son distintas. Los casos de
pederastia son conocidos y los pederastas tienen nombres y apellidos. En la
sociedad se han creado asociaciones de víctimas que concientizan a la sociedad,
denuncian a los pederastas, acompañan a las víctimas que tristemente siguen
sintiéndose solas y reclaman la rehabilitación de la dignidad pisoteada y una
justa y necesaria reparación por los daños causados que en muchos casos duran
toda la vida. “En el seno de la Iglesia católica, hay colectivos cristianos muy
sensibilizados hacia el problema. Uno de los más madrugadores fue la asociación
Iglesia sin abusos, creada en 2002 en una parroquia madrileña ante las
agresiones sexuales de un sacerdote. Llegó a denunciar el caso ante la
Fiscalía, ganó en la Audiencia y el Tribunal Superior confirmó la sentencia. El
arzobispo (Rouco) fue condenado como responsable civil subsidiario”. Según el
teólogo, las víctimas deben convertirse en el centro de las investigaciones.
Sus relatos deben ser creídos, sus sufrimientos, compartidos, sus heridas,
curadas. “Son ellas las que tienen la verdadera autoridad, como afirmaba el
teólogo alemán Johann Baptist Metz de las víctimas del Holocausto. Hay que
anteponer la atención a las víctimas sobre la protección de los intereses de la
institución eclesiástica, que tantas veces las ha olvidado, y no ha mostrado
compasión con ellas. Una vez conocida su existencia, su magnitud y gravedad,
los cristianos y las cristianas no pueden guardar silencio. Deben denunciarla,
condenarla. ¿Cómo? Exigiendo cambios estructurales, no simples revoques de
fachada. Es necesario despatriarcalizar, desjerarquizar, desclericalizar,
desmasculinizar y democratizar la Iglesia católica. El Papa Francisco acaba de
afirmar que es necesario desmasculinizar la Iglesia y escuchar a las mujeres
para ver la realidad desde otra perspectiva. Hay que exigir a la jerarquía
transparencia, la apertura de los archivos donde se encuentran las
informaciones sobre agresiones sexuales cometidas dentro de la Iglesia
católica, porque la verdad está por encima de la inviolabilidad de los
documentos. Su negativa, que tienden a justificar en los Acuerdos con la Santa
Sede, es un acto de encubrimiento de los pederastas y de complicidad con ellos.
Hay que reclamar la eliminación del celibato obligatorio de los sacerdotes, y
pedir la supresión de los seminarios tal y como están actualmente organizados:
internados donde los aspirantes al sacerdocio viven segregados de la juventud,
de la familia y de la sociedad”. Tamayo aprecia
una desproporción entre las penas impuestas por el Código de Derecho Canónico a
los pederastas y las aplicadas a las mujeres que interrumpen el embarazo. “La
máxima sanción para los pederastas es la expulsión del estado clerical, que
rara vez se aplica; la que se aplica a las mujeres que abortan es la excomunión
latae sententiae, cuando los abusos sexuales constituyen un grave delito y el
derecho al aborto está reconocido en la legislación de varios países, incluido
España. Sorprende, asimismo, que sectores católicos ultraconservadores se
dediquen a hacer escraches a las puertas de las clínicas abortistas y no los
hagan en las iglesias y los domicilios de los sacerdotes pederastas que siguen
ejerciendo el ministerio sacerdotal”.
Ángel Gabilondo no es
cura, pero pocos políticos, e incluso no demasiados curas, lo parecen más que
él. Hasta cuando estaba en la política partidista, el actual Defensor del
Pueblo tenía mucho más de padre Ángel que de ministro Gabilondo. Por eso, el
informe sobre abusos sexuales en la Iglesia patrocinado por la institución que
dirige y presentado a finales de octubre del año pasado en el Congreso de los
Diputados tenía una credibilidad a prueba de injurias. Antonio
Avendaño escribió entonces en ElPlural.com: “Gabilondo no da, nunca dio,
nunca dará el perfil de rojo comecuras dispuesto a todo con tal de desacreditar
a la Iglesia católica. A ello ha de sumarse la astucia vaticana que seguramente
inspiró su decisión encargar la encuesta sobre abusos sexuales no al CIS de
Félix Tezanos, sino a una consultora demoscópica tan absolutamente libre de
toda sospecha para las derechas como GAD3, que dirige Narciso Michavila, genio
indiscutido de la demoscopia nacional hasta el pasado 23 de julio. Los datos de
la encuesta no han gustado a un sector de la dirigencia eclesiástica, pero la
metodología impecable con que han sido obtenidos los hace difíciles de rebatir:
al menos 440.000 personas han sufrido abusos sexuales por parte de religiosos o
personas vinculadas a la Iglesia. Es la proyección obtenida de extrapolar a
toda la población adulta actual lo confesado por los 8.013 entrevistados por
GAD3. Los datos de España no son, en todo caso, muy distintos de los obtenidos
por métodos similares en Francia, Alemania, Gran Bretaña, Irlanda o Estados
Unidos: la pederastia ha sido un mal endémico en la Iglesia de Roma, aunque su
perímetro exacto sea muy difícil si no imposible de precisar debido al manto de
silencio y de vergüenza que siempre pesó sobre unas víctimas que hasta en el 80
y aun el 90 por ciento de los casos no se atrevieron a denunciar los abyectos
abusos a que fueron sometidas. Sin embargo, ni el nombre inmaculado de
Michavila ni el perfil angelical del Defensor han convencido al severo
presidente de la Conferencia Episcopal España, Juan José Omella, para quien ‘las
cifras extrapoladas por algunos medios son mentira y tienen intención de
engañar’; por fortuna, piensa el cardenal veterotestamentario, tales intentos
están condenados a sucumbir ante la infinita capacidad de perdón de “tantísimos
buenos sacerdotes y religiosos” prestos a aceptar sin una queja “las críticas e
incluso las difamaciones al estilo de Jesús”.
Maximino Caballero Ledo, el
prefecto de la Secretaría de Asuntos Económicos de la Santa Sede y 'guardián'
del dinero vaticano, explica la apuesta de Francisco tras los escándalos de
corrupción: “La credibilidad de la Iglesia está muy dañada. La reforma es
difícil porque se pide un cambio radical de lo que durante siglos se ha hecho
de modo diferente. Se pide a los entes un cambio radical de algo que durante
siglos han hecho de modo diferente y no es fácil. No sólo estamos introduciendo
burocracia, que la hay, también hay controles y disciplina”. Caballero Ledo es
‘el hombre del Papa’ para la economía, y uno de los laicos con mayor poder en
el Vaticano. Desde noviembre de 2022, pasan por sus manos todos y cada uno de
los euros que llegan y salen del minúsculo Estado. Una responsabilidad
especialmente delicada después de la histórica sentencia que en diciembre
pasado condenó a una decena de funcionarios vaticanos, entre ellos el cardenal
Angelo Becciu, por malversación de fondos y corrupción. Era la primera vez en
la historia moderna que los tribunales de la Santa Sede juzgaban –y condenaban–
a un cardenal. “Hay que recuperar la credibilidad de la Iglesia, que está muy
dañada”, admite el prefecto de la Secretaría de Asuntos Económicos que, hace
unos días, semana visitó nuestro país para participar en unas jornadas
organizadas por la Universidad Católica de Valencia y Caixabank. Caballero
revela algunos de los pasos de la compleja propuesta de reforma de las finanzas
vaticanas, “un proceso a largo plazo que, aunque comenzó en 2014, prácticamente
estamos empezando”. El prefecto pide “paciencia” y asegura que “habrá ajustes”
con un objetivo principal: “Recuperar la credibilidad”, reitera. De los
mercados y, también, de los fieles, para unas arcas que sufrieron como pocas
los ajustes derivados de la pandemia, con déficits que superaron los cien
millones de euros, pero también con decisiones de marcado carácter social, como
rebajar los sueldos de los cardenales, obligarles a pagar alquiler en los
apartamentos donde residen y, especialmente, no despedir a ningún trabajador
del Vaticano durante la crisis del coronavirus. El prefecto pide “paciencia” y asegura que
“habrá ajustes” con un objetivo principal: “Recuperar la credibilidad”,
reitera. De los mercados y, también, de los fieles, para unas arcas que
sufrieron como pocas los ajustes derivados de la pandemia, con déficits que
superaron los cien millones de euros, pero también con decisiones de marcado
carácter social, como rebajar los sueldos de los cardenales, obligarles a pagar
alquiler en los apartamentos donde residen y, especialmente, no despedir a
ningún trabajador del Vaticano durante la crisis del coronavirus. “Con todo,
añade Jesús Bastante, el prefecto pide ‘paciencia y asegura que ‘habrá ajustes’
con un objetivo principal: ‘Recuperar la credibilidad’, reitera. De los
mercados y, también, de los fieles, para unas arcas que sufrieron como pocas
los ajustes derivados de la pandemia, con déficits que superaron los cien
millones de euros, pero también con decisiones de marcado carácter social, como
rebajar los sueldos de los cardenales, obligarles a pagar alquiler en los
apartamentos donde residen y, especialmente, no despedir a ningún trabajador
del Vaticano durante la crisis del coronavirus”.
El Defensor del Pueblo estima
que casi medio millón de españoles ha sufrido abusos sexuales en el ámbito
religioso.
Antonio Avendaño recuerda:
“La encrucijada de la Iglesia española ante el abrumador informe del Defensor era
esta: ser santa o ser poderosa. La santidad aconseja aceptar de buen grado que,
en efecto, cientos de ministros de la Iglesia cometieron gravísimos pecados y,
en consecuencia, buscar la manera de compensar a las víctimas y hacerse
perdonar por ellas. El poder, en cambio, aconseja negar la evidencia, demonizar
al mensajero y dejar para mejor ocasión el examen de conciencia, el dolor de
los pecados, el propósito de enmienda y el cumplimiento la penitencia. El
dilema, en todo caso, no era meramente eclesiástico. No había debate político
de calado que no sea una variación del combate interminable que, antes o
después, las instituciones del Estado dignas de serlo acaban teniendo consigo
mismas: es el combate entre el poder y la santidad, entre la necesidad y la virtud,
entre la utilidad y la bondad, entre Bentham y Kant, entre la ética de la
convicción y la ética de la responsabilidad. Un exceso de bondad puede ser
dañino para institución, pero un exceso de pragmatismo acaba resultando letal.
No conozco a ningún cura que sea pederasta, pero sí a un par o tres de ellos
cuya vida está dedicada no al proselitismo, sino a dar consuelo material y
espiritual a personas a quienes nadie se lo daría si ellos no lo hicieran. Esos
curas misericordiosos –y los seglares que los secundan– son lo mejor que tiene
la Iglesia: ellos son los 50 justos del Génesis por los cuales Sodoma merecía
ser perdonada por Jehová, ellos los 36 justos de la tradición talmúdica cuya
piedad sostiene al mundo y a los que mencionaba Borges en ‘El libro de los
seres imaginarios’: ‘Si no fuera por ellos, Dios aniquilaría al género humano.
Son nuestros salvadores y no lo saben’. Los ministros son a un Gobierno o los
secretarios generales a un partido lo que los obispos a una Iglesia, pero la
naturaleza de las instituciones que unos y otros administran es bien distinta:
el Gobierno no está obligado a ser santo sino a ser útil, mientras que la
Iglesia pierde todo su sentido si la gente observa que se desentiende de la
santidad y no ampara a los desamparados. La Iglesia, si todavía es poderosa, lo
es por ser santa, no al revés, como parecen creer tantos obispos; lo que
todavía la hace poderosa es lo que queda en ella de santidad, sin la cual está
perdida. Si, a la hora de gestionar el gravísimo asunto de la pedofilia y demás
abusos sexuales, la Iglesia española se comporta como un partido político y no
como una institución evangélica, como una fundación misericordiosa, seguirá
cavando su tumba. No socavará su poder, pero sí su santidad, sin la cual su
poder es polvo, sombra, niebla, nada”.
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