Plataforma Castor.
El pasado 28 de septiembre, publicábamos en estas
páginas un amplio reportaje titulado: “Florentino provoca 140 terremotos”. Un
mes más tarde retomamos este tema que sigue coleando por su interés. El
proyecto Castor, según Wikipedia, es
un estratégico depósito artificial de
gas natural
situado frente a la costas de
Castellón y
Tarragona, en aguas territoriales
españolas
del
Mar Mediterráneo. Se trata del quinto y más
grande de los existentes, creado para suplir la demanda energética española de
gas natural en caso de escasez o cese de las importaciones. Podría almacenar un
máximo de 1.900 millones de metros cúbicos, suficiente para suministrar el
equivalente a 50 días de consumo. Las operaciones comenzaron en mayo del 2012,
dando inicio el 10 de abril la primera inyección de gas. Es propiedad de la
empresa
Escal UGS (participada en un 66,67% por
ACS).
Aprovecha la existencia de un antiguo yacimiento petrolífero agotado en los años
70, el de
Amposta,
para inyectar gas natural proveniente de la red estatal de gaseoductos a una
profundidad de
1.750
metros bajo el mar. Gracias a la existencia de rocas
impermeables en estratos superiores que lo sellan, el gas queda atrapado en el
depósito. Para recuperarlo, se inyecta agua, se extrae el gas que debe ser
tratado y se devuelve a la red de gaseoductos. Una parte del gas inyectado en
el depósito, denominado “gas de colchón”, es irrecuperable pero resulta
esencial para el correcto funcionamiento de las instalaciones. El problema
comenzó en el pasado mes de abril, cuando, en las inmediaciones de la
plataforma de inyección, se produjo un terremoto de 3,1 en la
escala
Richter. Cuatro meses más tarde, a mediados de septiembre, se habían
reproducido varios centenares, la mayoría de ellos de escasa magnitud e
imperceptibles, y algunos de ellos, de magnitudes perceptibles. El 1 de octubre
se produjo un seísmo de 4,2, causando alarma en las poblaciones próximas al
depósito donde pudo ser sentido (en
Alcanar,
Benicarló,
Las Casas de Alcanar,
Cervera del Maestre,
Cálig,
Peñíscola,
San Carlos de la Rápita y
Vinaroz).
La empresa Escal UGS reconoció que los terremotos podían estar vinculados al
proyecto Castor, aunque aseguró que lo normal era que el tipo de actividades
llevadas a cabo sólo generasen
microseísmos
de magnitud 1 ó 2.
Plataforma, desde la costa
En un extenso documento de 443 folios (que facilitó el proyecto Castor
a los potenciales inversores del reservorio de gas) se
advierte de “los riesgos e incertidumbres asociados con la inyección de gas
subterráneo, su almacenamiento y operaciones de producción”. Incluso se detalla
el peligro de que se produzcan fugas de gas en el antiguo
yacimiento petrolífero, fuera de los “confines del depósito original”. Pero no
se alerta del riesgo de que se puedan producirse seísmos en la zona, inducidos
por la fuga de gas o por la presión ejercida sobre la estructura geológica
durante la inyección. El escape de gas hacia las capas geológicas cercanas,
fuera del reservorio, podría ser la causa, según los expertos, del incremento e
intensidad de los terremotos. La empresa propietaria del almacén, Escal UGS,
aseguró que no se había detectado ninguna fuga, por lo que descartaba la
hipótesis. El informe dado a los inversores alertaba de “las pérdidas de gas
que pudieran derivarse de las grietas o fisuras del techo de la formación
geológica del depósito y que, a pesar de la posibilidad remota, podría generar
pérdidas significativas, no estaban cubiertas por el mercado de seguros”. Y
concluía que se trataba de un “riesgo” para el proyecto que había que “asumir y
controlar por medios de análisis geológicos”. Pese a ello, el mismo documento
destacaba que una empresa especializada había concluido que la inyección de gas
y su calendario eran “viables”. En relación con las posibles fugas de gas,
incluso se dedicaba un epígrafe a las “acciones correctivas”. Expertos
consultados advertían de que “la mayor peligrosidad radica en el caso de
producirse el escape de gas hacia las capas geológicas; si la fuga tiene lugar
en el pozo de sondeo o junto a la plataforma, se detecta de forma rápida y es
fácil de corregir. Pero, si el gas se fuga por la falla principal, clave para
la estanqueidad del controvertido almacén, el panorama es crítico, pues la
presión ejercida sobre la falla podría explicar la posterior sucesión de
seísmos”. El citado documento alertaba de que, a pesar de los resultados
satisfactorios de las pruebas de inyección, para responder a todas las
cuestiones debería esperarse a finalizar un ciclo completo de inyección,
“cuando se alcance la presión máxima del depósito".
+en+el+Golfo+de+M%C3%A9xico+en+2010.jpg)
Plataforma BP en el Golfo de México.
Un informe elaborado por dos expertos alerta del
“riesgo de fuga masiva de gas” del Castor por efecto de los terremotos, lo que
podría provocar la “ruptura del techo del almacén”, el escape de gas hacia la
superficie, “volcanes de barro” y, en el peor de los casos, una explosión de la
plataforma. Los expertos comparan estos riesgos con la causa de la catástrofe
en la plataforma de BP, en el Golfo de México, provocada, en 2010, por el gas
metano, y recomiendan el “desalojo urgente del Castor” y la “prohibición del
tráfico marítimo” en la zona. Tras los más de 500 terremotos que
tuvieron lugar durante el mes septiembre y los primeros días de octubre, Escal
UGS, grupo controlado por la ACS
(Actividades de
Construcción y Servicios, SA) de Florentino Pérez,
dejó de inyectar gas colchón en el Castor. Algunos de los terremotos alcanzar
los 4,2 grados de magnitud en la escala Richter. Tres semanas después de que
Escal dejara de inyectar gas, comenzaron a remitir en la zona del sur de
Tarragona y norte de Castellón. Ahora, los técnicos y expertos tratan no sólo
de confirmar
la relación directa entre la inyección de gas y los seísmos sino en qué
condiciones ha quedado el almacén subterráneo y los riesgos sísmicos para la
zona de cara al futuro. Un futuro que, según las conclusiones
de un informe
científico, elaborado por los expertos Miguel de las Doblas
Lavigne, del Instituto de Geociencias de Madrid, y Antonio Jesús Galindo
Jiménez, técnico en Navegación Marítimano, no pinta muy
halagüeño para la estabilidad sísmica de la zona. Bajo el título “Riesgos potenciales
derivados de la inyección de gas natural en la Plataforma Castor”,
el informe los compara con las causas que provocaron, en abril de 2010, la
explosión de la
Plataforma Deepwater Horizon, de BP (British Petroleum, en el
Golfo de México, y la consiguiente catástrofe ecológica en la zona que obligó a
intervenir al mismísimo Barack Obama. El Gobierno de EEUU impuso a la petrolera
británica una multa histórica de 4.500 millones de dólares por la muerte de 11
trabajadores y el desastre ecológico. Los expertos alertan de
que fue una fuga de gas metano la que provocó la explosión del Golfo de México
y que una fuga de este tipo, en la plataforma del Castor, podría tener las
mismas consecuencias: “cualquier chispa podría hacerla explotar”. De las Doblas
y Galindo establecen paralelismos entre ambas situaciones. El documento alerta
del “riesgo de fuga masiva de gas natural del almacén subterráneo, como
consecuencia de los terremotos que terminen por agrietar o fracturar su techo”.
Advierte que la posible ruptura del techo del almacén de gas natural
(básicamente se trata de metano) por algún terremoto adicional y su fuga masiva
hacia la atmósfera, atravesando los 60 metros de mar, “haría llegar a la superficie
restos de ese gas, de forma que cualquier chispa (por las actividades que se
realizan en la plataforma) podría hacerla explotar como ocurrió en el Golfo de
México”.
Los dos expertos piden “desalojar urgentemente la
plataforma Castor de todo el personal que se encuentra allí y paralizar la
actividad de la misma; delimitar una amplia zona de prohibición de toda
circulación marítima y/o aérea de baja altitud alrededor de la plataforma;
establecer un vigilancia constante en la zona: pérdidas de gas,
súbitos burbujeos de gas en la superficie, fuertes olores a huevos podridos o
aparición de gran cantidad de peces muertos; y alertar e informar a las
poblaciones costeras (Vinaroz, Peñíscola, Benicarló y Cases d'Alcanar) sobre
las posibles medidas a tomar ante una fuga masiva de gas natural en la zona”.
El informe compara una posible fuga de gas con los terremotos submarinos ocurridos en la
isla del Hierro. “Si se llegara a romper el techo del almacén
como consecuencia de un temblor, el escape del metano provocaría un gigantesco
burbujeo de gas parecido al que ocurrió durante la erupción subterránea de la
isla del Hierro, aunque aquí no se trataría de vulcanismo”. El trabajo concluye
que los más de 500 seísmos, provocados en esta zona, “supuestamente apagada”,
han “reactivado” su actividad sísmica por “la inyección de gas en una zona de
la corteza inestable”, dando lugar a un caso de “sismicidad inducida”. La
interpretación de ésta es, para ellos, muy sencilla: basta observar la
distribución de los enjambres de terremotos en el Golfo de Valencia para
comprender que tienen una clara alineación según la directriz tectónica
paralela al río Ebro. Los expertos encuadran esta actividad sísmica inducida de
la zona en “las tensiones entre las placas africana y eurasiática”, que es la
que la “vieja escuela” utiliza para dar explicaciones a cualquier terremoto de
los que se producen en la
Península (Jaén, Lorca, Navarra, etc)”. Shell, que durante
años explotó el yacimiento de Amposta, en el que ahora se ubica el Castor,
avisó de que se habían producido microseísmos en las labores de extracción y
que no sería recomendable inyectar gas. En este particular, De las Doblas y
Galindo recuerdan que la propia Shell advirtió, en su día, que “se habían
detectado microseísmos durante la extracción y que no era nada recomendable
inyectar gas natural en esta zona por el riesgo sísmico existente”. Estos
expertos denuncian que ni esta advertencia, ni las del Observatorio del Ebro, ni las del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, ni las de las Universidades Ramón Lull
y Zaragoza, ni las del Colegio de Geólogos, fueron tenidas en cuenta
a la hora de poner en marcha el Castor, sin los pertinentes estudios de impacto
sísmico.
Tras el
aumento de seísmos en el Golfo de Valencia, que podrían estar ocasionados
por la planta de gas natural con almacén subterráneo, situada frente a Vinaròs,
cientos de vecinos de Benicarló (Castellón) se concentraron, en la noche del 5
de octubre, para decir “no al
Castor” y “Stop a la inyección de gas”. Agrupados frente al Ayuntamiento,
los vecinos reclamaron el cierre definitivo de la planta gestionada por la
empresa Escal UGS, cuya actividad había sido paralizada el 26 de septiembre por
el Ministerio de Industria. Era la tercera movilización que se producía esa semana.
El día anterior, más de 2.000 ciudadanos de Vinarós mostraron su rechazo a las
actividades del Proyecto Castor, tras otra concentración que tuvo lugar a
principios de semana. El Ayuntamiento
de Peñíscola organizó otra marcha de protesta y activó un dispositivo
especial de seguridad para informar a los ciudadanos de qué hacer en caso de
que se produjera un terremoto. Los vecinos fueron convocados por las redes
sociales y se quejaron de la falta de información del proyecto. Los asistentes
hicieron sonar silbatos, cacerolas y otros utensilios mientras golpeaban con
insistencia placas metálicas y lucían lemas como “Vota el poble” (“Vota el
Pueblo”) y 'Castor, fora d' aquí que
mos asustes els llagostins' (“Castor, fuera de aquí que nos asustas los
langostinoa”), en protesta por las repercusiones en la pesca. La concentración,
en la que también participaron los alcaldes de Vinaròs, Benicarló y Peñíscola,
contó con representantes de los grupos
políticos y portavoces de los principales partidos de la oposición.
Varios miles de personas se manifestaron el domingo,
6 de octubre en la localidad tarraconense de Les Cases d’Alcanar, exigiendo el
desmantelamiento del proyecto Castor.
El alcalde del Ayuntamiento de Benicarló,
Marcelino Domingo (PP), se concentró junto al resto de la corporación
municipal, lo mismo que el diputado provincial y alcalde de Peñíscola, Andrés
Martínez. Un vecino de Benicarló tomó el micrófono para leer un manifiesto en
el que dijo que “el mal ya está hecho” y
abogó por “defender la integridad del pueblo, muy harto de los que están
forrados en sus casas” gracias al Castor. Otra vecina tomó el micrófono para recitar un poema en el que criticó “el
capitalismo y la corrupción”. Otros se quejaron de la pesca, “que se ha
resentido”. Mara, una catalana que se había trasladado desde Barcelona tras
jubilarse, para vivir “tranquila” con su marido, decía que éste, aficionado a
la pesca, “lleva un mes sin coger nada,
cuando antes, cada día, traía varias piezas”. Unas 3.000 personas 6.000
– según la
Platafoma Ciudadana en Defensa de les Terres del Sénia –se
manifestaron a mediodía en las Cases d'Alcanar (Tarragona), para exigir el cierre y desmantelamiento del
depósito submarino de gas Castor. Durante la pasada semana, tres de los
múltiples seísmos producidos habían llegado a 4, 1 y 4. 2 grados de la escala
Richter. Esa misma mañana se habían registrado 25 movimientos sísmicos en el Golfo de Valencia en el
entorno del Proyecto Castor, según los datos del Instituto Geológico
Nacional: dos de ellos, habían llegado a 3,7 y 3,5 grados de magnitud. En una
cafetería del centro, María, de 37 años le explicaba a Juana, su madre, que
desde la madrugada del día 2, en la que se alcanzaron los 4,2 grados en la
escala Richter, tenía problemas para conciliar el sueño. Confesó que estaba obsesionada con la búsqueda en Internet de información sobre
terremotos y protestó por el hecho de que la planta se hubiera construido
frente a la costa de su población, “cuando se encontraba tan cerca de la
placa tectónica”.
En mayo del 2008, el presidente Zapatero
adjudicaba el Castor a Florentino Pérez, sin exigirle informes sísmicos. La
concesión de explotación fue por 30 años. Mariano Rajoy cambió la Ley 'ad hoc' para mejorarla.
Pero, los más de 400 terremotos provocados en 25 días por las inyecciones de
gas obligaron al Gobierno del PP a enfrentarse con el presidente de ACS. El PP
le advirtió que su autorización de explotación dependía de la auditoría
económica tras el desfase presupuestario y que, si había negligencia, depuraría
responsabilidades. El mismo PSOE se vió obligado por la presión social a unirse
al PP, exigiendo el “cierre definitivo y permanente” y el desmantelamiento de
la plataforma ante el riesgo que suponía para la “seguridad ciudadana”. En el
parlamento valenciano, el PSOE llevaba varios días dando largas a la petición
del resto de partidos políticos representados que exigían el cierre definitivo
y desmantelamiento posterior de la plataforma de gas Castor. Hasta que los
socialistas cedieron y dieron su apoyo a la propuesta liderada por el PP y
respaldada por Compromís y por EUPV (Esquerra Unida del Pais Valenciá).
Corts
Valencianes piden por unanimidad el cierre del almacén de gas Castor por los
terremotos.
Fue el pasado día 24 cuando todos los partidos
políticos con representación en las Corts Valencianes acordaban por unanimidad
solicitar al Gobierno el cierre de la plataforma de almacenamiento de gas
natural Castor, después de los seísmos sufridos en la costa de Castelló. La
enmienda transaccional aprobada instó al Consell a trasladar la exigencia al
Gobierno de España y solicitó el inmediato cierre y desmantelamiento de la
planta, al “no poder garantizarse totalmente la seguridad ciudadana”. Asimismo,
el parlamento valenciano solicitó que se depurasen responsabilidades tanto en
la empresa como entre las autoridades que autorizaron la plataforma. “Es lo que
la sociedad afectada esperaba de nosotros. Hemos hecho un gran ejercicio de
política”, destacó Francesc Signes, en nombre del PSPV y de todos los grupos parlamentarios
que aprobaron la enmienda transaccional. Al final, hubo unanimidad en la
aprobación de la enmienda que exigía el cierre “definitivo y permanente” del
almacén y el desmantelamiento posterior de toda su estructura,
porque, si sigue funcionando, “no ofrece ninguna certeza ni seguridad de que no
vuelvan a reproducirse terremotos, ni se puede garantizar la seguridad
ciudadana”. Los cuatro partidos políticos firmantes de la propuesta se
alinearon con la posición del ministro de Industria y Energía, José Manuel Soria,
muy tajante esta misma semana: “En el caso de que se pueda
probar que ha habido una conducta dolosa o culposa por parte del operador (Escal UGS, filial de ACS), y, finalmente, se decida
el cese definitivo de la instalación, no
habría lugar a indemnización”. La proposición no de ley impulsada por el PP conmina a la Generalitat valenciana
a que, si se constata que ha existido ese dolo o negligencia por parte de la
filial del grupo que preside Florentino Pérez a la hora de
inyectar el gas colchón, “se exijan y depuren todo tipo de responsabilidades, tanto de la empresa
concesionaria como de las autoridades que participaron en la resolución que
autorizó el mismo”. Resuelto, Francesc Signes comentó: “Es lo
que la sociedad y los municipios afectados estaban esperando”.
Soria, Fabra y Margallo en la plataforma.
Después de anunciar, en 2012, que iba a “frenar”
la puesta en marcha de esta infraestructura por su alto coste, el ministrote
Industria, José Manuel Soria, dio un giro copernicano y cambió las condiciones
de inversión y retribución del proyecto para allanar aún más el camino al
empresario madrileño. Pero, tras la avalancha de terremotos, la situación se
hizo incontrolable e Industria tuvo que cerrar, primero temporalmente y después de forma
“indefinida”, la actividad del almacén. En varias ocasiones reiteró
que no se tomaría decisión alguna sobre el Castor hasta que no estuviera
cerrado el informe detallado del Instituto Geológico y Minero (IGME), pero avisó a ACS que sólo se
reabriría el almacén si el estudio fuese “muy determinante” en sus conclusiones
y si existiese “garantía total” de que no habría más terremotos.
El ministro insistió en que una cosa es la sentencia del Tribunal Supremo,
que considera que la cláusula que prevé indemnizaciones en el caso de cese o
renuncia de la actividad no es lesiva para el Estado y otra, muy diferente, que
se demuestre
que ha habido dolo o negligencia. La Fiscalía de Castellón y
la de la Generalitat
abrieron sendas investigaciones y ésta pidió a la Fiscalía de Medio
Ambiente de Cataluña que emprendiese acciones legales para investigar los
seísmos y determinar si la empresa es la responsable de estos movimientos.
Desde el Gobierno central, se endureció la línea de actuación tras constatar
que los seísmos no paran. No sólo investigó posibles negligencias de la filial
de ACS, sino que aceleró la elaboración de la auditoría económica encargada en
junio, que será la que tendrá que determinar si se justifica el desfase del
presupuesto, que arrancó en 500 millones de euros y se disparó hasta más de
1.300 millones, sin aplicar los costes financieros. Y avisó a ACS que, si se
detectan irregularidades o sobrecostes, no tendrá la autorización definitiva de
puesta en servicio, lo que podría dejar en el aire el cobro de la retribución
prevista. “La retribución –concluyó– depende del resultado de la auditoría que
se encargó en junio pasado y llegará al Ministerio a finales de este mes”. Pero
Industria no se atreve aún a aclarar quién pagará los 1.300 millones de euros
si el Castor cierra definitivamente o si ACS pierde la retribución.
El ministro de Industria, Energía y Turismo, José
Manuel Soria, a su llegada a la
Comisión de Industria del Congreso de los Diputados.
El 10 de octubre, el ministro Soria abre la guerra
con Florentino Pérez. Acude al Supremo para eliminar la indemnización al Castor
en caso de cierre. Parece estar dispuesto a hacer frente al todopoderoso
adjudicatario de la explotación del almacén y pide al Supremo que declare
“lesiva” una cláusula de la autorización de explotación que establece una
máxima indemnización en caso de cierre. Durante su comparecencia ante la Comisión de Industria del
Congreso de los Diputados, el ministro Soria anuncia esta petición al
considerar que se trata de “una cláusula claramente abusiva para el interés
general”. Informa que la actividad del almacén subterráneo de gas Castor se
encuentra paralizada desde el pasado 26 de septiembre hasta que se analice su
posible relación con los cientos de pequeños seísmos registrados en la zona. El
ministro explica que el real decreto de 2008, por el que se concedía la
autorización administrativa al proyecto, recoge que, en caso de suspensión o
finalización de la concesión, la instalación pasará a ser titularidad del
Estado. En este caso, el operador de la planta tendría derecho a una
indemnización equivalente al valor neto contable del proyecto y, en caso de que
la suspensión se debiera a “dolo o negligencia del operador”, sólo al valor
residual de este. Esta cláusula, “abusiva” es recurrida por el Gobierno antes
incluso de que comenzaran los seísmos. De la decisión del Supremo dependerá
quién tendrá que cargar con los costes de la infraestructura –que ascenderían a
1.700 millones de euros– “en caso de que no haya seguridad plena”, de acuerdo
con las palabras del ministro. Soria recuerda que el Gobierno redujo la
retribución asignada a esta instalación, al considerar excesiva la que se había
establecido con anterioridad y que establecía un periodo de “prueba” o
provisional en la autorización antes de dar la definitiva.
¿Por qué tiembla Castor?
El ministro Soria avanza que los
expertos del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) tan solo ven un “riesgo muy limitado de que
haya movimientos sísmicos
relevantes en el futuro”, en la zona de la costa mediterránea afectada por
la actividad de esta planta de almacenamiento de gas. “En el momento actual
–confirma el titular de Industria–, las opiniones preliminares de los expertos
apuntan la existencia de una relación temporal entre los seísmos y las
inyecciones de prueba del gas colchón por parte de la empresa”.
Al mismo tiempo, señala que los expertos coinciden en que no es procedente extraer
el gas colchón inyectado porque “no se sabe cómo podría afectar
al equilibrio de la estructura”. El coste total del proyecto rondaría los 1.700 millones, frente a
los 700 millones presupuestados inicialmente. Pero, en caso de
que la instalación nunca llegue a entrar en funcionamiento, el ministro no aclara
quién tendría que sufragar estos costes. Soria reitera que todavía no se dispone de un informe definitivo,
pero los expertos apuntan a que existe una “relación directa” entre los
movimientos sísmico y las inyecciones de gas, al tiempo que descartan “riesgos”
relevantes. Dice que “hasta que se
tenga la absoluta certeza de que la instalación es segura, el almacenamiento no se va reanudar, puesto que deberá
contar con autorización del Ministerio”, e insta a esperar a los
informes definitivos de los expertos antes de decidir cuáles serán los siguientes
pasos. Industria cesó la actividad de inyección de gas del proyecto el pasado
26 de septiembre para estudiar su posible relación con los cientos de pequeños
seísmos que se estaban produciendo en la zona. Y
explica que “en el momento actual, con una coyuntura económica nacional que ha
provocado una caída en la demanda de gas y un exceso de gas en los mercados
internacionales, es necesario realizar un nuevo análisis coste-beneficio de la
instalación, teniendo en cuenta la infrautilización de las infraestructuras del
sistema gasista, en particular plantas de regasificación. Es evidente
–comcluye– que hay sobrecapacidad de infraestructuras gasistas”.
Florentino Pérez, presidente
de ACS y del Real Madrid C. F.
Poco más tarde, el
Tribunal Supremo desestima admitir a trámite el recurso
contencioso-administrativo presentado por Industria para considerar “lesivas”
las condiciones en que se otorgó la concesión del almacén de gas. La sentencia
puede ser la piedra angular para que el presidente de ACS, Florentino Pérez, y sus
socios canadienses exijan reparaciones multimillonarias al Estado. “Las
pretensiones del ministro de Industria, José Manuel Soria, de evitar el pago
por un hipotético cierre del almacén de gas submarino de Castor –escribe Marcos
Lamelas– embarrancan nada más zarpar. El Tribunal Supremo no sólo desestima las
pretensiones de Soria sino que además condena al Estado a abonar las costas, lo
que no apunta nada bueno, ya que, como mínimo, Escal UGS, la empresa controlada
en un 66% por ACS que explota Castor, puede
solicitar el valor contable de la compañía, que al cierre de 2012 se
fijaba en 1.570
millones. Soria
intentó este movimiento jurídico después de paralizar la actividad de Castor
por haber provocado más de 500 terremotos en el norte de Castellón y el sur
de Cataluña”. La sentencia señala: “Sería manifiestamente injustificado
interpretar el artículo 29.1 de la
Ley del Sector de Hidrocarburos en el sentido ya indicado de
hacer inviable cualquier tipo de compensación en todo supuesto de anulación o
extinción de una concesión, con independencia de las causas que la han motivado
y de las circunstancias concurrentes”. Y marca las reglas de juego de una
batalla judicial que será larga y que, según fuentes jurídicas cercanas al
caso, puede
prolongarse durante cinco años o más si las partes no llegan a
un acuerdo. El Supremo deniega a Soria la nulidad preventiva del decreto ley de
adjudicación que hizo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, en la
época en que Miguel
Sebastián era ministro. Todo depende ahora del informe
encargado al CSIC y al Instituto de Geología y Minerología de España. Si éste
no demuestra que ha habido una mala praxis de Escal UGS –empresa que consiguió 42 permisos en regla de tres administraciones, incluyendo la Generalitat Valenciana
y el Ayuntamiento de Vinaroz, ambos en manos del PP– Florentino Pérez y sus
socios de Dundee Energy deberán ser compensados. Otra alternativa para Soria,
según Lamelas, sería dar la batalla legal. Una vía sería intentar demostrar el
“dolo”, ya que como mínimo Escal UGS valoró mal los riesgos, ya que en el
folleto de colocación de deuda se reconocía que podía haber
riesgo de fuga de gas. “O también podría agarrarse a un tecnicismo:
intentar considerar que el valor residual de un depósito de gas del que no se
puede sacar gas por problemas sísmicos es cero y que, por tanto, cifrar en esta
cantidad la indemnización. Pero eso debe ganarlo el Ministerio de Industria en
otras instancias judiciales. Una batalla legal que Soria ha querido ahorrarse
infructuosamente”.
En España hay otros cuatro almacenes subterráneos
de gas: Serrablo, en Huesca, en funcionamiento desde 1989; Gaviota, frente a la
costa de Bermeo (Vizcaya), activo desde 1994; Yela, en Guadalajara, inaugurado
en 2012; y Marismas, en Huelva. En otros lugares, como en Canarias, hay
proyectos para exploración del mismo. Manuel Fernández, diputado del PP, llamó
“gilipollas” a quienes se oponen a las prospecciones en las costas canarias,
autorizadas por el Gobierno central, es decir, a miles de ciudadanos de las
islas. Fernández es, además, portavoz adjunto del Grupo popular y
vicepresidente segundo de la Mesa
del Parlamento. Manuel Fajardo Palarea, portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista, denunció “la falta de respeto” del diputado Fernández al Parlamento
regional y “a esa inmensa mayoría de canarios que dicen no rotundamente al
petróleo”, y criticó la habitual “actitud intolerante” de los populares.
En declaraciones recogidas por La Voz de Lanzarote.com,
Fajardo Palarea, afirma que el PP “ya se ha acostumbrado a dispensar un trato
vejatorio a todo aquel que no coincide en sus planteamientos”, así que este
“nuevo chascarrillo”, aunque no coge “a nadie por sorpresa, sí representa una
falta de altura política impropia de un representante público”. El Grupo
socialista en el Parlamento canario defiende que “si el proyecto se ejecuta,
todos los impactos que ocasionará la campaña se producirán con el único
objetivo de beneficiar intereses privados de una multinacional en contra del
interés general de todos los canarios”. En el debate de la proposición no de
ley, el Grupo Nacionalista Canario aceptó cuatro enmiendas del PSOE que
reiteran la oposición frontal del Parlamento de Canarias a la autorización
concedida por el Gobierno central a la empresa Repsol para la puesta en marcha
de las prospecciones.
Cambiando de tema y de registro, presentamos cinco dibujos
titulados “Historia de la
Humanidad”, por Milo Manara. Dr.Restless' Beautiful World
Carteles exhibidos en actos y
manifestaciones: Contra los reyes que viven como dioses, Estar hasta la
coronilla de los Borbones, El rey que no da golpe, Brutal pitada a los
príncipes en Oviedo, España, saqueada por los políticos, Toro frente a un
torero, Jaimito y los cuentos y No me consta.
Otros humoristas: Erich, Forges, Ferrán, El Roto,
Malagón, Pat, Fontdevila, J. R. Mora…
Terminamos con cuatro vídeos. El primero es el reportaje emitido en televisión por Informe semanal, realizado a raíz de los seísmos registrados en el norte de la provincia de Castellón y el sur de Tarragona, con el epicentro situado a 22 Kilometros de la Costa de Vinaròs.
El segundo y el tercero, en catalán, es la respuesta de los que viven en la zona.
En el último, se oyen gritos de “¡manos arriba, esto es un atraco!”, en la ceremonia de los Premios Príncipe de Asturias... Los manifestantes se concentran en las proximidades del Teatro Campoamor de Oviedo y protestan contra las políticas de austeridad, los recortes... La concentración estaba convocada por diferentes colectivos, entre los que figuraban sindicatos del personal de la Administración y de clase, colectivos de profesores de la escuela pública, organizaciones políticas y movimientos sociales, como el 15M.
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