20 de octubre. Fraga contra la decisión de Garzón.

El juez Garzón, en un auto de 68 páginas, abre una causa contra los crímenes del dictador Francisco Franco Bahamonde y otros 34 de su calaña, acusados en desapariciones ilegales, dentro del contexto de crímenes contra la Humanidad. Garzón argumenta que, pese a haber pasado setenta años del fin de la guerra, el delito permanece en el tiempo y sigue existiendo, al no haberse dado razón del paradero de cada uno de los desaparecidos. El juez anticipa la extinción de la responsabilidad penal de los autores, pero mantiene el juicio virtual a Franco y los suyos, imprescindible para el futuro de un país que no ha sido capaz de enfrentarse a las miserias de su pasado.

Garzón se declara competente para investigar las 114.266 detenciones ilegales denunciadas porque se produjeron tras un golpe de Estado contra la República y porque aún no se han encontrado los cuerpos. Niega que se les pueda aplicar la amnistía de 1977 porque “cualquier ley de amnistía que buscara eliminar un delito contra la humanidad que no puede catalogarse como crimen político sería nula de pleno derecho”. De esta manera, abre la primera causa penal que trata de reparar a las víctimas de la Guerra Civil y la represión franquista que nunca pudieron acudir a la Justicia. Y se declara competente para investigar los crímenes cometidos por los vencedores entre el 17 de julio de 1936 y diciembre de 1951, fecha “marcada por la eliminación de guerrilleros y personas que les apoyaban”.

El magistrado se declara competente para investigar las denuncias presentadas por las Asociaciones de la Memoria Histórica y ordena que se inicien las exhumaciones de 19 fosas en toda España, en las que estima que se encuentren los restos de desaparecidos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, entre ellas la del poeta Federico García Lorca. Todo ello ha caído entre los políticos de la derecha como un jarro de agua fría. Agustín Conde, portavoz de Justicia del PP en el Senado, acusa a Garzón de “perder el norte” y lamenta que haya decido “reabrir heridas felizmente cerradas”. Manuel Fraga, ex ministro franquista y senador gallego, sostiene que resucitar los problemas del pasado es un “disparate” y, políticamente, un “error gravísimo”.

Igualmente, la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, critica que ahora algunos pretendan reabrir este tema. “Me parece que todos los españoles nos habíamos puesto de acuerdo, no en olvidar la guerra civil, ni muchísimo menos, si no en recordar que la guerra fue un fracaso colectivo por todos los lados, y que, para no repetirla, lo que queríamos era mirar al futuro. El PP no estaba ni en la guerra ni en la República. El PP se funda 30 años después de que se acabara la guerra. Que pretendan ahora llamémosle 'limpiar su expediente' a base de tildarnos a nosotros de franquistas, eso sí que no”. El PP acusa a Garzón de montar un espectáculo a costa de reabrir viejas heridas y Jorge Garrido, vicesecretario general de Falange Española y de las JONS, ha anunciado que su formación está estudiando adoptar “medidas legales y acciones públicas de protesta para limpiar su buen nombre”.

Por el contrario, partidos de izquierda como el PCE califican el auto de Garzón de “paso importante para la reparación de la justicia y de la memoria histórica” y de “inmoral” la intención de la Fiscalía de recurrirlo. Consideran “imprescindible” el resarcimiento judicial, moral y económico de las víctimas y sus familias, la condena del golpe de Estado “fascista” de 1936 contra el legítimo gobierno de la República y la atribución de la responsabilidad a altos cargos de la dictadura franquista. Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional (AI) en España, expresa su satisfacción porque “construye un paso esencial e imprescindible para la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas del franquismo y la Guerra Civil”. Por su parte, el abogado del “Fòrum per la memoria” considera que la decisión tiene “un alto significado histórico porque hasta ahora ha habido condenas genéricas desde instituciones como el Parlamento pero esto supone que el poder judicial cuestiona lo que fue el franquismo como un régimen autoritario y criminal”.