Celaya, dispuesto a volver a Honduras.

Un manifestante en contra de Micheletti, armado con un palo, pasa ante un graffiti. EFE. Roberto Escolar.

Un militar hondureño apuna a las cámaras. EFE. Gustavo Amador.

El depuesto presidente de Honduras, Manuel Zelaya, anuncia, desde hace varios días, su decisión inmediata de volver a Tegucigalpa, desde donde fue expulsado el domingo pasado por el Ejército. “Que me espere el pueblo –aseguró en una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del SICA (Sistema de la Integración Centroamericana) celebrada en Managua–, que me espere el Ejército y los que quieren sacrificar este sistema democrático en Honduras”. E invita a José Miguel Insulza, secretario de la OEA (Organización de Estados Americanos), y a los presidentes latinoamericanos a acompañarle a su vuelta a Honduras.

Poco a poco, se estrecha el cerco internacional al nuevo mandatario, Roberto Micheletti que le sustituye, cuya legitimidad aún no ha sido reconocida, y se producen choques entre la policía y simpatizantes de Zelaya en los alrededores de la Casa Presidencial. Micheletti asegura que el Ejército hondureño fue “benévolo” con Zelaya, al permitirle salir del país “cuando, en realidad, tenía que haber entrado a las cárceles nacionales por los delitos cometidos en diferentes circunstancias”. Y recuerda que el fiscal Luis Rubí le acusa de abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios y traición a la patria, entre otros delitos, por los que podría ser condenado a 20 años de cárcel. E insiste en comunicar “al mundo que aquí, en este país, no ha habido un golpe de Estado”, sino “una sucesión constitucional”.

Mientras tanto, en Tegucigalpa, minada de soldados, las fuerzas policiales lanzan gases lacrimógenos contra cientos de manifestantes que exigen el regreso del gobernante electo democráticamente, destituido por el Parlamento. Y, apoyados por dos helicópteros, los agentes desalojan las barricadas levantas por los manifestantes y detienen a un número indeterminado de personas. El Gobierno hondureño cierra emisoras de radio potencialmente críticas, militariza canales de televisión e ignora el cada vez mayor clamor internacional para que el depuesto Manuel Zelaya sea restituido. El mandatario interino insiste y amenaza con detenerle, si cumple su promesa de regresar. De hecho, ya le ha advertido que, si pone un pie en el país, será detenido. Pero Zelaya se propone regresar mañana a Honduras, acompañado de José Miguel Insulza, de la presidenta argentina, Cristina Fernández, del titular de la Asamblea General de la ONU, Miguel D'Escoto, y de otros jefes de Estado.

Insulza explica que los cancilleres y embajadores reunidos han llegado a un consenso sobre “la condena absoluta al golpe militar, el rechazo al gobierno constituido sobre la base de ese golpe militar y la exigencia de que se reconozca que Zelaya es el presidente legítimo de Honduras”. Y, en los últimos días, se han producido en este país manifestaciones a favor y en contra del golpe militar, algunas de ellas reprimidas duramente por las fuerzas de seguridad hondureñas. Micheletti asegura que “hay tranquilidad a lo largo y ancho del país”, aunque mantiene el toque de queda impuesto desde el domingo. Zelaya está a punto de cumplir con su palabra. Y nadie se atreve a pronosticar lo que mañana puede suceder con este envite.