Bignone, el último dictador argentino, condenado a 25 años de prisión.

Reynaldo Bignone.

Reynaldo Bignone junto a seis generales que comandaron Campo de Mayo: Eugenio Guañabnes Pareio, Jorge García, Fernando Verglaetsen, Carlos Tepedino, Santiago Riveros y German Montenegro.

La Justicia argentina condenaba el pasado martes al último dictador militar, Reinaldo Bignone, junto a otros seis militares opresores, a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad cometidos en Campo de Mayor, el mayor centro clandestino de detención del último gobierno. En concreto se le imputó la desaparición de más de 30.000 personas y el robo de unos 500 bebés cuyas madres fueron obligadas a dar a luz en centros de detención clandestinos.

El ex general, de 82 años, trató de borrar las huellas de los crímenes cometidos por su régimen y de amnistiar a los responsables. Durante su breve gestión en la que negoció la transición hacia la democracia, Bignone ordenó destruir la documentación sobre detenciones, torturas y asesinatos de desaparecidos y firmó una ley de Amnistía para encubrir a los miembros de las Fuerzas Armadas.

Bignone fue juzgado por un tribunal argentino de San Martín por genocidio y desapariciones forzosas. El público asistente en la sala escuchó la sentencia, rompiendo en aplausos tras haber escuchado el veredicto que cancelaba las prisiones domiciliarias de varios acusados, entre ellos Bignone, y ordenaba cumplir las penas en un establecimiento del Sistema Penitenciario Federal. A Bignone aún le resta responder ante la Justicia por la desaparición de un médico y un enfermero y la detención ilegal y torturas a unos 40 empleados el Policlínico Posadas de Haedo, cuya ocupación militar comandó en marzo del 76. Tiene pendiente otro juicio por la desaparición de dos conscriptos en el Colegio Militar de la Nación, hecho por el cual el entonces presidente Néstor Kirchner ordenó descolgar su cuadro de la galería de ex directores el 24 de marzo de 2004.

Mientras tanto, en España, el juez Garzón, que ayudó a perseguir a los golpistas sudamericanos, se sentará en el banquillo por haber investigado el franquismo, acusado de prevaricación por el juez Varela quien orientó a Falange sobre cómo corregir su acusación. Y, en el Congreso de Diputados, representantes del PSOE y del PP provocaron el otro día una bronca descomunal por la misma causa. Desde que, en 1977, se aprobara en nuestro país la Ley de Amnistía que perdonaba a los culpables del levantamiento contra el régimen legitimado por el pueblo, viviremos sin haberlo superado totalmente el pasado. No en vano IU quiso introducir cambios a dicha ley, contraria al pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y al Comité de Derechos Humanos de la ONU, que ya ha pedido en varias ocasiones que se derogue.