Jueces, políticos y policías.

Chema Ruiz, Ramón Hernández, Daniel García, Doris Benegas, Rafael Tejero, Antonio López, Paco Bello y Elena Martínez, participantes de la convocatoria del 25-S, declaraban el pasado jueves en la Audiencia Nacional. Todas ellos sostenían que su imputación era el resultado de una campaña que tenía como objetivo “amedrentar” y “criminalizar” a los que expresan en la calle el malestar por las medidas del Gobierno de Mariano Rajoy. Chema Ruiz, militante del PCE y activista contra los desahucios, una de las caras más visibles d ela lucha contra el drama d elos desahucios y el derecho a la vivienda en Madrid,  participó en las asambleas de preparación de esta protesta y fue uno de los detenidos el sábado, 15 de septiembre, cuando portaba una pancarta en la convocatoria que llamaba a rodear el Congreso, diez días después. Ruiz considera que la declaración del jueves era un disparate jurídico y una instrucción de pandereta. “Estoy convencido –decía– de que está habiendo presiones por parte del Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno”. Ramón Hernández,  abogado de profesión,  identificado por la Policía en una de las asambleas preparatorias de la movilización del 25-S, creía que este caso era una auténtica “aberración jurídica”. Para Daniel García, veterinario, era “escandalosamente claro que se trata de una persecución política. Si participar en una asamblea es delito, algo falla. Y no somos nosotros”. Antonio López, otro de los imputados, se querelló contra la delegada del Gobierno en Madrid, al considerar que fue este órgano quien había “promovido y orquestado” la alteración del orden que tuvo lugar en las inmediaciones de la sede de la soberanía popular. López solicitó al juez Santiago Pedraz que tomase declaración a la delegada en calidad de imputada por la comisión de un delito contra las altas instituciones del Estado. La abogada, Doris Benegan, dirigente del partido independista Izquierda Castellana que estaba igualmente imputada por un delito contra las instituciones del Estado por su participación en el 25-S había presentado una denuncia contra la Delegación del Gobierno por su vulneración de su derecho de reunión y de su intimidad. “Yo llevo muchos años en la lucha –dijo–. Pero lo que nunca había visto es que te lleven a la Audiencia Nacional por reunirte en El Retiro. Esto es un asalto cualitativo en la represión de los movimientos sociales”. La abogada pedía igualmente, la dimisión del Gobierno, la disolución de las Cortes y la apertura de un nuevo proceso constituyente. Pero recalca que nunca se había hablado de intentar entrar en el Parlamento. “Una cosa es ocupar o tomar y otra rodear el Congreso. Pero, se dijo rodear”. Chema Ruiz aseguraba que esto no era más que una persecución política. “Un juicio político y un esperpento”, añadía Elena Martínez.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, tras tomarles declaración, decide archivar la causa abierta contra los ocho detenidos. Pedraz había pedido las actas del Congreso para comprobar si las protestas del pasado día 25 alteraron el funcionamiento del mismo, en el que se estaba celebrando un pleno. El magistrado confirmó que este hecho no se había producido. Y señaló: “Es más, un diputado, en turno de fijación de posiciones, llegó a manifestar que 'el Congreso de los Diputados ha podido mantener su actividad hasta el momento con absoluta normalidad […]. La normalidad más allá de la esquina del paseo de Prado no es así, se han producido algunas detenciones y algunos alborotos, pero, por lo que sabemos, todos los diputados han podido acceder a la Cámara sin ningún problema”.  El mismo jueves, el juez concluye en su auto que archiva la causa “al no ser los hechos constitutivos de infracción criminal”. El granadino Antonio López, uno de los acusados, miembro de la plataforma “¡En Pie!”, se niega a declarar, alegando objeción de conciencia, porque no está de acuerdo con los hechos que se le imputan. Asegura que en ningún momento se pensó en cambiar el sistema, que era una metáfora del lema estadounidense: “Ocupa Wall Street”.

El juez argumenta que el artículo 493 del Código Penal castiga a los que  invadieren con fuerza, violencia o intimidación las sedes del Congreso de los Diputados. “Por obvio –añade el auto– este delito no pudo ser cometido por los aquí imputados, máxime si en la convocatoria no se dice nada al efecto ni algo parecido, teniendo en cuenta que invadir consiste en entrar violentamente en un lugar, que, en el caso, sería la sede del Congreso, lugar que, desde luego, no pueden ser (so pena de hacer una  interpretación extensiva del precepto, prohibida en Derecho Penal) las calles aledañas. No hay, en definitiva, indicio alguno que avale aquella intencionalidad de invadir”. El magistrado había abierto la causa tras recibir un atestado de la policía, que alertaba de una rebelión. El júbilo estalló en la concentración cuando se anunció que “casi al 99%” se había archivado la causa. Los manifestantes corearon “Sí se puede”.  La declaración de los imputados coincidía con el inicio de una investigación ordenada por Interior para esclarecer la irrupción de los antidisturbios en la Estación de Atocha, lo que había provocado escenas de pánico entre los pasajeros”. Además, denunciaba que la Policía se había excedido en sus funciones con 5 detenidos el 25-S.

Inmediatamente, las fuerzas derechistas hacen patente su malestar por el archivo de esta causa. Rafael Hernando, portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, llama al juez Pedraza “pijo ácrata”, calificando de “demagogia indecente” sus reflexiones contenidas en el auto de archivo de la causa. El diputado del PP acusa al juez Pedraz  de utilizar “las togas” y la Audiencia Nacional para hacer una “indecente demagogia política”. Considera “cuestionable” su capacidad  jurídica, y advierte que hace responsable al magistrado de cualquier acto de acoso, agresión o intimidación a los representantes de la soberanía nacional. En opinión del dirigente popular, es  “indecente e inaceptable” que un magistrado de la Audiencia Nacional se pronuncie en “esos términos” sobre los representantes de la soberanía nacional. Además, el dirigente popular recuerda que el magistrado ha ido con escolta hasta hace muy poco (hasta julio), mientras que la mayoría de los diputados circula sin ella. “No nos protege nadie”, exclama Hernando. “Aunque él –el magistrado– pretenda ir de pijo ácrata, en realidad, es un juez de la Audiencia Nacional, con toda la responsabilidad que eso tiene que representar, es un funcionario público y no puede pronunciarse en un auto con semejante demagogia”. Recuerda al magistrado que hay muchos ciudadanos en este país que, en “muchas ocasiones, cuestionan las decisiones de los jueces”. Incluso, añade, “la Justicia ha sido tradicionalmente una de las instituciones peor valoradas de nuestra democracia”. Finalmente, expresa su “reconocimiento” a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) que ese día “protegieron” al Congreso y “velaron” por garantizar la integridad de la “principal institución democrática del país”. Rafael Simancas, secretario de Formación del PSOE y portavoz socialista en la Comisión de Fomento del Congreso, haciendo un juego de palabras con  el apellido del magistrado, llama “lenguaraz” al juez Pedraz. Y el propio presidente del Congreso, Jesús Posada, discrepa de las consideraciones del juez sobre la clase política.

El auto del juez Santiago Pedraz es un documento demoledor contra la Policía y, por tanto, contra la Dirección General y el Ministerio del Interior. Así lo escribe José María Izquierdo, de El País, en su web ‘El ojo izquierdo’: “Les doy una dirección para que lo lean en su integridad si así les place. Pero déjenme decirles que es una lástima que el juez Pedraz incluyera en ese auto tan primoroso esta frase en el octavo punto de su auto: ‘…pues hay que convenir que no cabe prohibir el elogio o la defensa de ideas o doctrinas, por más que éstas se alejen o incluso pongan en cuestión el marco constitucional, ni, menos aún, de prohibir la expresión de opiniones subjetivas sobre acontecimientos históricos o de actualidad, máxime ante la convenida decadencia de la denominada clase política’. ¿Quién es el juez Santiago Pedraz para convenir con nadie semejante cosa? Es muy dueño de escribir los artículos que guste para defender esa tesis, a mi modo de ver populista y mendaz, pero no utilice para ello los autos judiciales. Porque él solo se ha puesto la soga al cuello. Si se permite criticar así a los políticos, alguien que funge como tal, el popular Rafael Hernando, especialista en rotura de tibias, se ve con derecho a criticarle. Lo de ‘pijo ácrata’ es el adorno de quien se cree importante por decir la zafiedad mayor. Pues no: solo es el más grosero. Como por otra parte ya conocíamos, que tenemos al señor Hernando muy sabido”.

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, dice que, “seguramente”, ella tiene “más respeto por el juez Pedraz que el juez por muchos políticos y que, aunque “seguramente” se podría actuar de oficio contra éstas declaraciones del juez, ella es partidaria de “valorar sosegadamente” este tipo de decisiones. Becerril se ha definido como política porque está en la vida pública “como decenas de miles de concejales que se han jugado la vida y se la están jugando, y de diputados y diputadas que no sólo se dejan la vida sino también sus afanes y sus familias en este trabajo” que califica de “muy decente y muy digno”. Por su parte, Rafael Hernando matizaba al día siguiente: “No le he definido así. He dicho que no se puede actuar cuando uno está en la Audiencia Nacional como si fuera un ácrata pijo. No que lo fuera, sino que ha actuado de una forma a mi juicio irresponsable y yo, si hay alguien que se ha sentido ofendido por esa afirmación, pido excusas”. El Consejo del Poder Judicial deberá pronunciarse sobre una denuncia presentada  por la asociación ultraconservadora, Manos Limpias, que considera que el auto del juez critica de forma “displicente a la clase política y se denigra a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado”.

La portavoz del Consejo General del Poder Judicial califica de “intolerables” los insultos proferidos contra el juez Santiago Pedraz y reclama que “deben de cesar de inmediato”. Gabriela Bravo declara que “las críticas que invaden la esfera personal mediante descalificaciones que atentan contra el respeto que merece la dignidad personal constitucionalmente garantizada son intolerables”. Para Bravo, “de haberse producido un exceso en los términos empleados en dicha resolución (la de Pedraz), en ningún caso se justifica el recurso al insulto personal dirigido contra el juez que la dicta”. Añade la portavoz que, si en el auto de Pedraz, archivando la causa contra promotores del 25-S, hay elementos que han molestado a personas implicadas o ajenas al proceso, “hay que recordar que, tanto dentro como fuera del mismo proceso, existen mecanismos reglados para corregirlo”. A las críticas contra el juez se sumó el presidente del Congreso, Jesús Posada, del PP, que asegura que el pleno se desarrolló con normalidad el 25-S pero si así ocurrió fue porque los policías impidieron el acceso de los manifestantes al Congreso. Y el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, Pablo Llanera sostiene que las palabreas del juez constituyen “un exceso literario innecesario y superfluo”. Sin embargo, desde la minoría y progresista Jueces para la Democracia, defienden al juez de todos los ataques.

Y mientras, por una parte, el juez archiva la causa contra ocho de los promotores de la protesta por no creerla constitutiva de ningún delito y justifica el 25-S “por la decadencia de la clase política”, desde otras instancias del poder se proponen cambios legales para “modular” el derecho de manifestación  “No soy yo, es la ley”, apunta Cristina Cifuentes, delegada del Gobierno en Madrid, a las veladas acusaciones de Ana Botella de permitir "demasiadas" manifestaciones en la capital. Pero Cifuentes reitera que la Ley es “muy permisiva y amplia” con el derecho de reunión y manifestación y, frente a los recientes intentos  de rodear el Congreso, planea “modularla” para “racionalizar el uso del espacio público”. La delegada matiza que no se trata de cambiar la Constitución sino de revisar la Ley Orgánica que regula estos derechos. Cifuentes recuerda, en una entrevista en RNE, que las manifestaciones en Madrid son permanentes y el número de ellas –“casi 2.200 concentraciones y manifestaciones en lo que llevamos este año” (la alcaldesa Botella las cifra en 2.732–, desmesurado. “El tema de las movilizaciones –recalca– es una cuestión puntual que viene dada por el momento político y propiciado porque hay grupos que tratan de conseguir en la calle lo que no han conseguido en las urna”. Culpa a los socialistas, sin nombrarlos, del aumento de las protestas en las calles. Cifuentes defiende, en este sentido, un cambio legislativo, aunque no detalla cómo se realizará. “Lo que quiero es abrir un debate porque cualquier modificación tiene que ser adoptada por un amplio consenso. El derecho de manifestación lo recoge la Constitución en su artículo 21 y no creo que haya que cambiarla. Este derecho tiene que seguir siendo un derecho constitucional. Estamos en una sociedad democrática y los derechos de los ciudadanos no se pueden recortar”, reconoce. Sin embargo, considera que el derecho de reunión hay que “modularlo”. “No puede ser –añade– que, en un mismo día, en Madrid haya 10 manifestaciones en la misma zona. Los comerciantes y vecinos del centro están desesperados  con toda la razón”.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz y la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes.

La petición de Cifuentes de modificar la ley respecto al derecho a protestar se suma a la ofensiva lanzada el pasado mes de abril por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que planteó una reforma para endurecer las penas por desobediencia y resistencia a la autoridad que castigará el vandalismo callejero igual que la kale borroka. Pero, las fuentes del departamento que encabeza Jorge Fernández aseguran que este Ministerio no tiene sobre la mesa un cambio de esa ley ni que se lo ha planteado, y rechaza hacer más comentarios sobre la propuesta de Cifuentes. La posibilidad de modificar esa normativa ha sido planteada por la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, apoyada por el presidente de la Comunidad, Ignacio González y por la alcaldesa de Madrid, Botella, quien insinúa que el Gobierno autoriza demasiadas manifestaciones

El portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, responde a la propuesta lanzada por la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes. Para Bosch, “la delegada se sitúa fuera de la Constitución. Como ella misma debería saber, la única manera de recortar ese derecho es recortar la Constitución”. Según él, Cifuentes “pretende limitar la discrepancia.  A la delegada le molestan las protestas ciudadanas. Pero el derecho a manifestación está muy vinculado a la libertad de expresión, que es fundamental en una democracia". Para Bosch, Cristina Cifuentes “debería preocuparse más por evitar excesos policiales como los que hemos visto estos días, que esa sí es su labor”, unas actuaciones policiales “desproporcionadas que han generado un problema mayor”. El portavoz de Jueces para la Democracia también critica que la delegada “no haya sido aún capaz de explicar por qué los antidisturbios no iban debidamente identificados, como es su obligación. Lo mínimo que se le puede pedir a una delegada del Gobierno es que haga cumplir la ley”.

El portavoz del SUP, José María Benito.

Los dos principales sindicatos policiales, el SUP y la CEP,  replicaban el  martes a la delegada de Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, que “no es necesario” modular la ley que regula el derecho de manifestación al tiempo que le recordaban que se trata de un “derecho sagrado”. Afirman que Madrid es una ciudad complicada porque las manifestaciones son permanentes y su cifra desmesurada. “No hay que modificar nada, lo que habría que aplicar es la ley que tenemos de reunión y manifestación y, cuando no cumpla con los requisitos, no autorizarla”, dice el secretario de comunicación del SUP, José María Benito, para quien “no es necesario un cambio normativo de un derecho fundamental”. Se muestra de acuerdo con Cifuentes en que Madrid es el “manifestódromo” y el “espejo nacional donde todo el mundo quiere manifestarse”, pero insiste en que eso no es suficiente para pretender modificar la Ley de reunión y manifestación”. Para el secretario general de la Confederación Española de la Policía (CEP), Ignacio López, el derecho de reunión y manifestación debe ser un derecho sagrado en un país democrático Según él, esta “es una época de conflictividad donde una parte de la ciudadanía está en una situación complicada. No se debe restringir ningún derecho y menos el de reunión y manifestación”.

“El derecho a la manifestación –escribe Ignacio Escolar en Eldiario.es– no es que figure en la Constitución: es que es uno de los pilares fundamentales de cualquier democracia digna de tal nombre. La libertad de sufragio está íntimamente unida a la libertad de expresión y reunión porque el sistema democrático es algo más que votar y callar. Por eso es una burla antisistema que la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, equipare ese derecho fundamental con ‘el derecho a no estar en una ciudad en ocasiones inhabitable’ (literal). Es una huída hacia delante de una política empeñada en acaparar titular tras titular que, con este globo sonda, intenta tapar los excesos policiales de estos últimos días: algo que, a diferencia de las reformas constitucionales, sí es de su absoluta responsabilidad. La delegada del Gobierno en Madrid también tiene su trabajo regulado por la Constitución. Sobre todo consiste en gestionar el monopolio de la violencia –las fuerzas policiales– para garantizar el cumplimiento de la ley. Por eso es otra burla antisistema que sea la propia delegada del Gobierno quien ampare que la ley no se cumpla. Por eso es una tomadura de pelo que, una semana después, aún no haya sido capaz de aclarar por qué los antidisturbios que actuaron el 25-S ocultaron su número de identificación para evitar ser denunciados, o qué Congreso se protegía cargando en el andén de Atocha. Por eso es un escándalo que nadie en la Delegación del Gobierno ni en el Ministerio del Interior haya hecho otra cosa al respecto que felicitar a los antidisturbios por su actuación. En un país normal, cuando la Policía incumple la ley, se investiga y se sanciona al responsable. En España, los premiamos con medallas pensionadas y desviamos con falsos debates ‘modulados’ la atención”.

Alberto Sicilia publica, en su web Principia Marsupia, la comunicación secreta que Cristina Cifuentes, delegada del gobierno en Madrid, enviara a Mahmoud Ahmadineyad Presidente de la República Islámica de Irán: “Barbitas mío, te escribo desesperada. Los perroflautas asedian nuestra capital y han logrado cortar todas las líneas de suministro. Miles de ancianos mueren de hambre. Los hospitales infantiles han agotado sus medicinas. Durante los últimos 30 años, los políticos españoles habíamos construido el Edén Ibérico: un país con un modelo económico sostenible, las mejores universidades del mundo, millones de puestos de trabajo para los jóvenes, medios de comunicación independientes y una selección campeona del mundo de fútbol. Los perroflautas quieren arrasarlo todo. El hundimiento comenzó el pasado 25 de Septiembre, cuando unas 34 personas se concentraron en la Plaza de Neptuno. Contamos los manifestantes con el mismo exquisito rigor que tú los votos en las últimas elecciones presidenciales (blink, blink, guiño, guiño). La horda de antisistemas, armada con fusiles de asalto soviéticos y lanzacohetes antitanque de 40 mm., intentó rodear el Congreso. ¿Y qué hizo nuestra policía? ¡Acompañarles amablemente a coger el tren en Atocha! No sé qué droga me toman los antidisturbios. Temo que marihuana, porque me salen todo mansotes y siempre ansiosos por intercambiar con los manifestantes profundas reflexiones sobre la naturaleza del alma humana. Mahmoud, soy una incomprendida. Hace unos días propuse “modular las manifestaciones” y todo el país se me echó encima, acusándome de enemiga de la libertad de expresión. No me dejaron terminar la frase. Yo sólo quería decir “modular las manifestaciones a base-hostias”. Tú eres mi última esperanza. Necesito que me envíes uno de esos aparaticos que tú NUNCA te has planteado construir (blink, blink, guiño, guiño). Ya sabes, el no-se-qué atrómico (blink, blink, guiño, guiño). La próxima vez que los perroflautas se junten en una plaza, voy a crear la nueva joya de la gastronomía contemporánea: hippy a la brasa deconstruido a la salsa de invisibles números de placa. (Acompañar con vino blanco). Ainsss… Me desespero cuando pienso qué sería de este país si Jose Mari, en vez de abandonar la política, se hubiese proclamado Ayatolá Supremo. Pero como dice mi profe de yoga, una no puede dejarse arrastrar por la amargura melancólica. Cuídate mucho y dale un beso a mi marido. ¡Ah! y dile que los jueces siguen buscándole por aquí. Cris”.

El principal objetivo de la acción política, es decir del servicio público, es velar por la felicidad de los ciudadanos en el marco del Estado y sus instituciones. Así lo expresa Antonio Tello en su artículo ‘Clase política y políticos’, publicado en su web: “Sin embargo, hoy este objetivo aparece pervertido por la idea de que el Estado es incapaz de proteger a los ciudadanos y de gestionar el patrimonio público, y, consecuentemente, los políticos carecen de la inteligencia suficiente para tan altas funciones. De este modo, al cuestionarse la eficacia del Estado y de la clase política, los poderes privados que operan según las normas capitalistas, tienden a ocupar el ámbito de la res publica desplazando y desprestigiando a la clase política y colocando en su lugar a tecnócratas que actúan al servicio de los intereses económicos y financieros y privatizando servicios que, por su naturaleza pública, no tienen que ser necesariamente rentables… En este momento histórico, cabe a la ciudadanía una actuación orientada a recuperar su soberanía, secuestrada por el poder económico, dueño y gestor asimismo de la violencia y de la represión, y reivindicar el ejercicio de la política y al político para devolver al Estado su fortaleza y su función. Un Gobierno de políticos nunca actuaría para ‘contentar a los mercados’, sino para mantener la paz, la seguridad y la felicidad de sus ciudadanos. Un Gobierno de políticos democráticos nunca procuraría cercenar los derechos de expresión y manifestación de los ciudadanos”.

Henrique Mariño escribe en Público.es: “A esta señora, Cifuentes, le pasó lo que a Mike Oldfield, un chaval de dieciséis años que vendió otros tantos millones de unidades de su primer disco. Las genialidades precoces, o que las protestas alumbren en otoño como champiñones, tienen sus inconvenientes. En el caso del autor de Tubular Bells, saber que tu vida va a ser a partir de entonces, antes incluso de la maquinilla de afeitar, una cuesta abajo. Por eso aquel muchachote imberbe y solitario decidió que su existencia, al menos musicalmente, consistiría de allí en adelante en modular, y empezó por las mozas que le pusieron voz. Una vez le pregunté a Mike Oldfield cómo había superado tamaño éxito a una edad tan temprana y reconoció que no pudo asimilarlo. “Me escapé a las montañas, a un lugar lejano poblado por corderos, y bebí mucho alcohol”, respondió el otrora adolescente prodigio, que lleva ya casi medio siglo echando balones fuera sobre su obra posterior, viéndose una y otra vez forzado a responder si será capaz de engendrar una composición que supere a la primera. Si no es fácil modular la voz, imagínense el discurso. Pese a ello, los políticos se esfuerzan cada día por hablar en falsete, cambiando su tonalidad como quien muda de eufemismo. Cristina Cifuentes, que es la delegada del Gobierno en Madrid, una redundancia comparable a tener un portavoz de la Santa Sede en el Vaticano, ha salido diciendo que hay que ‘modular’ el derecho de reunión y manifestación porque la ley es “muy permisiva y amplia”. Y nada, que me ha hecho pensar en las modulaciones de Mike, que no dejan de ser una justificación eterna de su pecado original. A lo mejor a usted lo de modular le recuerda a su peluquera cuando le comenta que sólo le va a cortar las puntas y luego se lleva toda la cabellera ella”.

Ángeles García Madrid, militante de la antigua Juventud Socialista Unificada (JSU) y excompañera de prisión de las Trece Rosas, ha recibido un homenaje junto a otros compañeros veteranos de su partido. Su implicación política le costó una condena de tres años de cárcel en Madrid, Tarragona, Barcelona y Girona  y trece, en libertad condicional.  A sus 94 años, Ángeles atesora casi un siglo de acontecimientos políticos vividos desde la primera línea, una información que le da las claves para comprender los procesos actuales. El pasado unes, las personas veteranas de su partido recibían un homenaje en la sede del PSM y Ángeles volvió a pelear como ha hecho toda su vida por lograr sus propósitos: en esta ocasión, que la dejaran leer su poema dedicado a las compañeras de partido asesinadas hace 73 años. Y no abandonó la sala hasta recitar sus versos [ver vídeo, al final].

Pasamos al humor de esta semana con los dibujos de Erlich. En el primero de ellos, vemos la mano del presidente Rajoy, fumándose el puro acostumbrado que esta vez huele a derechos sociales. El resto, son simples dibujos que dicen mucho más que las palabras con las que podríamos explicarlos. 

Otras imágenes humorísticas, de Dávila, J. R. Mora, Ferrán, Forges, Arriega; Alfons López y Vergara.

Pep Roig muestra en sus dibujos cómo entiende el Gobierno balear la mayoría silenciosa.

El Gobierno y las Comunidades Autónomas alcanzaron a principios de esta semana un acuerdo por unanimidad en la Conferencia de Presidentes para cumplir los objetivos de déficit. Pep Roig se hace eco de lo dicho por Manuel Pelarda, secretario de acción sindical de UGT, quien criticara el cambio en el tono de las declaraciones de José Ramón Bauzá, presidente del Govern Balear: “Nuestro presidente se fue a la Conferencia de Presidentes como un gallo cantando al amanecer y ha vuelto como una gallina cacareando”. El jefe del Ejecutivo balear “sacaba pecho” el pasado domingo al afirmar que era inaceptable el reparto presupuestario contemplado en las cuentas para 2013 y que Baleares no merecía recibir únicamente 70 euros por habitante, cuando la media española de financiación per cápita se situaba en 276 euros. El president del Govern tuvo que tragarse que la comunidad de Baleares no reciba las inversiones estatales que le corresponden.

El presidente Bauzá ya había criticado antes de viajar a Madrid para la conferencia de presidentes autonómicos, que los presupuestos con Baleares eran injustos y aseguró que defendería a Baleares con todas sus fuerzas. Pero, ante Rajoy, el presidente se guardó sus protestas para otra ocasión y comulgó con el resto.

Terminamos con tres vídeos. En el primero, una cadena taiwanesa se burla de la brutalidad policial, del rey cazador, de Rajoy, fumador en Nueva York, de la crisis económica, de la “marca España”, y hace una parodia independista de Cataluña.

En los otros dos, nos quitamos ese mal sabor de boca que la Policía y los presidentes autónomos –no todos– nos dejaran.