Las trituradoras no dejan de destruir documentos municipales del PP.

Bolsas de basura con documentos destruidos en el interior, amontonadas frentes al Ayuntamiento de Madrid.

                                          Documentos destruidos en dependencias del Ayuntamiento de Valladolid.                                                                   

Documentos triturados. 

No pocos ayuntamientos y comunidades del PP que en unos días traspasarán el poder a partidos de izquierdas, borran documentos y hacen tábula rasa del pasado. Tras las últimas elecciones,  se han apresurado a desprenderse de documentos y expedientes oficiales que pudieran ser descubiertos por la hasta ahora oposición. Los sindicatos alertan de movimientos sospechosos. Y el ocultamiento sistemático en departamentos dependientes de organismos, como la Generalitat Valenciana, no deja de levantar protestas y sospechas  “¡Nos dicen que se está destruyendo más papel de lo normal!”, relata Adel Francés, Secretario de Acción Sindical de la Intersindical Valenciana. A su organización, han llegado ya rumores sobre el uso “excesivo” de las trituradoras de papel en diversas sedes. Y se han enviado correos electrónicos a todo el personal, haciendo un “llamamiento” para recordar que “no se pueden destruir los documentos oficiales si antes no han sido descatalogados”, avisando de que constituye un delito recogido en el artículo 413 del Código Penal, penado con “prisión de uno a cuatro años, multa de siete a veinticuatro meses, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a seis años”. 

Desde la Intersindical, se ha pedido a los empleados públicos valencianos que se nieguen a destruir documentos si se lo ordena algún superior y que informen al sindicato, si llega a su conocimiento “alguna actividad sospechosa”. Mónica Oltra, la candidata de Compromís a la Presidencia de la Generalitat valenciana, ha solicitado a las Corts Valencianes que requieran al Consell el “bloqueo de servidores informáticos y la garantía de no destrucción de documentación”. Y ha reclamado la convocatoria de la Diputación Permanente y la comparecencia urgente del presidente de la Generalitat en funciones, Alberto Fabra, “por la destrucción de documentos”. 

En Madrid, CCOO denunciaba a mediados de la semana pasada la destrucción masiva de documentos en el Ayuntamiento. Desde el organismo público aseguraron que esta operación es una práctica habitual y lógica en el Consistorio y en todas las empresas para reducir espacio. El sindicato recuerda que la destrucción o inutilización de documentos es un delito tipificado. Y advierte que ya se han encontrado varios basureros repletos de bolsas con folios hechos trizas. “No es lo habitual. Otras veces hemos recogido papeles triturados pero nunca cinco ni ocho contenedores de golpe”, explica uno de los trabajadores. Desde sindicatos se cree que la decisión de acabar con los papeles debería corresponder a la Corporación entrante y no a la actual- Y añaden: 'Estas actuaciones nos hacen pensar que no iban mal encaminadas las formaciones políticas que, en su programa, incluían auditorías de la gestión del Ayuntamiento”.

En Valladolid, tras el descalabro electoral sufrido por Javier León de la Riva, varios organismos han pedido al equipo de gobierno en funciones que detengan la destrucción de documentos. En su opinión, no parece razonable esta inusitada actividad destructora, precisamente cuando faltan pocos días para la investidura de los concejales y para el comienzo del trabajo del nuevo equipo de gobierno. “Valladolid Toma la Palabra” señala que la destrucción de documentos puede generar sospechas sobre las intenciones subyacentes, ya que, entre los documentos destruidos, bien podrían hallarse datos comprometedores relacionados con la gestión municipal de los últimos 20 años. A pesar de ello, se siguen produciendo decisiones de este tipo y la masiva destrucción de documentos  pone en entredicho la necesaria lealtad y transparencia que se le supone a cualquier responsable público.