Jubilados y pensionistas españoles contra el Gobierno del PP.
El Ejecutivo de Mariano Rajoy,
armado con su mayoría absoluta, acometió, hace cinco años, un rediseño del
sistema sin el consenso de la oposición política ni el acuerdo de los agentes
sociales. Con la ministra Fátima Báñez al frente, decidió que las pensiones
irían bajando, año tras año, frente a las cuantías iniciales, según los
expertos, incluida la OCDE. Y, por carta personal, anunció la subida de este
año 2018 a cada español con derecho a pensión anunciada: un irrisorio
–ventajoso para el Ejecutivo; lamentable para los ciudadanos– 0,25 por ciento.
Todo un logro para un presidente que ha agotado la Caja de la Seguridad Social
mientras proclama a los cuatro vientos que ha intenta que, en nuestro país, los
jubilados puedan sentirse tranquilos y contentos. Pero, lejos de comprender y
bajar la cabeza, los mayores, abuelos y abuelas, han salido, indignados, a las
calles de España, logrando que todas las personas de las Comunidades clamaran
juntos “hasta aquí hemos llegado”. De esta manera, este líder político que
siempre intenta evitar meterse en líos,
pero que, con sus acciones y con su “gran visión de futuro”, no deja de provocarlos,
ha levantado en su contra a toda una
Tercer Edad. Y ha demostrado que el
presidente del Gobierno maltrata a unos mayores que, lamentando las “pensiones
de la miseria”, han denunciado, en multitudinarias manifestaciones en todas las
Comunidades, su condena, declarando su “¡Basta ya!”. El Presidente, y con él
todo su PP, ha demostrado un interés insaciable por el dinero público que se ha
traducido, según Enric Sopena, director de ElPlural.com, en un saqueo
generalizado. “Por supuesto, hay personas honradas que no han caído en el saco
de los ladrones. Otros -demasiados - han seguido la tónica de ‘a vivir, que son
dos días’. De ese modo, le han convertido en un malvado. Probablemente no lo
sea, pero lo parece cada día más y más y más. ‘¡Mariano Corleone!’ gritan los pensionistas.
Eso lo dice todo”.
Manifestación
de jubilados y pensionistas por las calles de Bilbao.
La lucha por las pensiones dignas
lanza a los jubilados a la calle. Sara Montero, en Cuartopoder, así lo explica:
“Los pensionistas están hartos. Primero, hicieron de red familiar, cuando el
mercado laboral fagocitó a sus hijos y les condenó al paro o a salarios precarios.
Después, los jubilados asumieron el copago sanitario y fueron perdiendo poder
adquisitivo de manera progresiva. Ahora, le hacen frente a la inflación con una
raquítica subida del 0,25% en sus prestaciones. ¿Lo último? Los líderes
políticos y los analistas que quieren responsabilizarles de vaciar la hucha con
el reproche de que viven demasiado. Todo este cúmulo de circunstancias ha hecho
que, en los últimos meses, se hayan intensificado las protestas de los mayores”.
El jueves, 22 de febrero, la Coordinadora
Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, convocó una
manifestación apoyada por unas 80 asociaciones de toda España. Dicha
coordinadora nació desde abajo, pcuando un grupo de pensionistas gallego acudió
al despacho de Victoria Porta, una experta en Relaciones Laborales y Seguridad
Social de Pontevedra, y hoy es la portavoz del movimiento. Ella explica cómo la
protesta ha crecido desde las bases, desde los afectados, y, poco a poco, van
sumando a expertos y catedráticos, ramificádose por toda España. El movimiento
adquirió tanta altura, que, finalmente, UGT y CCOO pidieron sumarse, aceptando
la condición de no llevar banderas en las manifestaciones. Los sindicatos de
clase han luchado por las pensiones con el mismo ahínco, en paralelo a las
plataformas, pero con desigual resultado. Si tardaron en converger, dice Porta,
es porque recelaban de que la protesta de los jubilados indignados “metiera en
el mismo saco la reforma laboral de Zapatero y la del PP”.
Los jubilados clamaron ante Hacienda: “Montoro,
súbeme la pensión”.
Su lema no deja lugar a dudas:
“Rajoy –según explica Leopoldo Pelayo, portavoz de esta plataforma– aplica
políticas de terrorismo social. Hay una tasa de paro estructural que ronda el
18% y que hace que los jóvenes tengan que irse. Las reformas laborales de PSOE
y PP han precarizado el trabajo y destruido los ingresos a la seguridad social
y las reformas de pensiones que hicieron nos han llevado a una degradación de
nuestra calidad de vida”. La semana pasada, miles de pensionistas se
manifestaron para protestar por la ridícula y provocadora subida. Pero, los
sindicatos anunciaron nuevas movilizaciones. Y, tras el éxito de la
convocatoria del 22 de febrero, los pensionistas volvieron el pasado 1 de marzo
a protestar en toda España, desafiando a la lluvia y arremetiendo contra el
Gobierno y su presidente: “Rajoy, ladrón, nos roba la pensión”. La intensa lluvia
no arredró a los jubilados, quienes volvieron a protestar contra la pérdida de
poder adquisitivo de las pensiones. Al grito de “Aquí estamos, nosotros no nos
vamos”, cientos de pensionistas se apostaron esta vez frente el Ministerio de
Hacienda para reclamar unas pensiones dignas y exigir la dimisión del Gobierno.
Con cánticos de “Ladrones” y “Gobierno, dimisión”, clamaron contra la subida
del 0,25% de sus prestaciones. La Plataforma Mayores en Acción de Madrid señaló
que, en la concentración de la semana pasada, “cantaron las cuarenta” al
ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, por la “ridícula subida” de las
pensiones aprobada por el Gobierno. Le acusaron de no negociar y llamaron al
resto de partidos a dialogar para “blindar” estas prestaciones: “Hay que hacer
un pacto nacional. Si no, serán monedas de cambio en manos del gobierno de
turno”, explica el Secretario de la Unión de Jubilados y Pensionistas
(UJP-UGT), Anatolio Díez. “Las pensiones no van a desaparecer, pero hay que ver
cómo quedan”.
Manifestación contra el Gobierno
por las pensiones ante el Congreso de Diputados.
La manifestación desbordó todas
las expectativas y animó a las organizaciones sociales a continuar la batalla
en la calle. Apoyados por la Plataforma Mayores en Acción, reivindican:
“Quienes dependemos de una pensión o estamos ya jubilados no tenemos centro de
trabajo ni instrumentos como la huelga para defender nuestros derechos. Tomar
la calle es la única manera de manifestar nuestra protesta, nuestra
indignación, nuestro rechazo a las agresiones que estamos sufriendo. Una vez, y
otra y otra, las que hagan falta, hasta que nos escuchen y rectifiquemos unas
políticas que condenan a la privación y a la pobreza de millones de personas
que ya no estamos en el mercado laboral, pero que hemos trabajado durante
muchos años para levantar este país, traer la democracia y garantizar un futuro
digno a las siguientes generaciones”. Hubo ese mismo jueves más de 50
movilizaciones en toda España.
“ Hace poco –recuerda Saturnino
Álvarez, de la veterana Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España
(UDP)–, recibimos la carta que anunciaba la subida del famoso 0,25%. Una misiva
que colmaba el vaso de la paciencia de los pensionistas. Tan ridícula fue que levantó
ampollas”, asegura. Álvarez también percibe que, desde algunos sectores, “se
está responsabilizando a los pensionistas de esta situación. Se dice que están
cobrando más del tiempo trabajado, pero realmente están percibiendo una
prestación porque lo han pagado antes”. Cree que se intenta enfrentar a los
mayores con los jóvenes, un punto en el que también está de acuerdo Díez: “Hay
algunos que dicen que no es lógico que los jubilados ganen más que los hijos,
pero esto ocurre porque los hijos están cobrando muy poco, es a ellos a los que
hay que subir el salario. Un debate sobre las pensiones promovido por la agenda
política que lo propaga de forma confusa, como las declaraciones de Celia
Villalobos”. O las del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que pide a los
españoles que ahorren para complementar sus pensiones. Cuando los sueldos
actuales hacen imposible ahorrar, “¿Quién puede ahorrar, cobrando 700 u 800
euros?”, reflexiona Álvarez. Todas las fuentes consultadas sospechan que, tras
este alarmismo e inmovilismo, hay otro objetivo: la privatización. Aunque
parezcan antagónicas, la situación precaria de los jóvenes y el debate sobre
las jubilaciones son las dos caras de la misma moneda. “Están precarizando el
trabajo y destruyendo los ingresos a la Seguridad Social”, argumenta Leopoldo
Pelayo. “Aunque parezca lejano, los más afectados por algunas modificaciones
del Gobierno, como el factor de sostenibilidad, serán los jóvenes. Por eso, la
Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones también apoyó
la manifestación antiprecariedad, convocada el pasado 9 de febrero. Los abuelos
también luchan por las condiciones vitales de sus nietos. Y, cuando cruzan la
barrera de los 65, muchas personas dedican su tiempo y su talento a ayudar a
otras, como en la red de voluntarios de UDP. Además, los veteranos cuentan con
una amplia experiencia en luchas: son la generación que peleó por traer la
democracia española y, después, por construirla. Ahora ven que el Estado del
Bienestar, que ellos ayudaron a levantar, se derrumba, justo en el momento que
más lo necesitan”.
El aumento de la esperanza de
vida, la precarización en el empleo y el descenso de la natalidad convierten a
España en un país “envejecido”, con cada vez menos población potencialmente
activa. “En los últimos cinco años –escribe Beatriz Triguero, en Vozpópuli– España
ha perdido más de 700.000 habitantes y ha pasado de más de 47 millones, en 2012,
a algo más de 46,5 millones de personas en 2017. Pero, según un informe
publicado por EAE Business School, lo peor está por venir: en 2030, la
población española se reducirá a 45,8 millones; y, en 2065, a 41, volviendo a
mínimos de 2001. Esto se debe a la tendencia demográfica del país. En 2017, la
Tasa Bruta de Natalidad (TBN) fue de 8,75 nacidos por cada mil habitantes, una
cifra muy baja si se compara con años anteriores (en 2008, la media era de
11,27). De hecho, si, en el siglo XX, lo común era tener el primer hijo a los
25 años, ahora las mujeres no son madres hasta los 31. A esto hay que sumarle
el aumento de la esperanza de vida (en 25 años, ha aumentado en seis años,
hasta los 83,15 años de media), el descenso de la inmigración y el aumento de
la emigración, sobre todo, de jóvenes de entre 20 y 39 años. En definitiva, se
trata de una población envejecida, donde cada vez más personas acceden a algún
tipo de pensión (jubilación, viudedad) o prestación (desempleo, sanidad, etc.).
Según el citado estudio, el Índice de Envejecimiento seguirá creciendo y, en
2050, habrá 76 jubilados por cada 100 habitantes en edad de trabajar”. Las
últimas reformas harán que las pensiones estén congeladas durante 20 ó 30 años,
aunque se encarezca la vida. Si actualmente la pensión media de jubilación en
España es de 1.071 euros, poco aumentará en el futuro. Salvador Perelló, autor
del informe para EAE Business School, asegura que esta acumulación creciente de
población envejecida y las malas condiciones laborales convierten en
“insostenible” el sistema por el que se financia el Estado de Bienestar, y
especialmente las pensiones, basadas en un modelo de reparto “que no es viable
en su configuración actual. “Hay que asumir los costes de una transición
demográfica que durará entre treinta y cuarenta años y para la que no hay
soluciones mágicas”, dice este profesor. El Gobierno quiere salvar el sistema
público, pero no sabe cómo. Retrasar la edad de jubilación, incrementar las
cotizaciones, suprimir la dualidad de pensiones, establecer cuentas nocionales,
o limitar las prejubilaciones eran algunas de las propuestas. El Pacto de
Toledo trabaja todavía en las recomendaciones que hará al Gobierno para
reformar el sistema de pensiones. En este sentido, Perelló insiste en que hay
que evitar la ideologización partidista del problema porque todas las propuestas
tendrán que ser asumidas.
Los jubilados cercan el Congreso. Gritos de
“ladrones” y “que salga Villalobos”.
Miles de jubilados cortaron el
jueves, 22 de febrero, la Carrera de San Jerónimo, cerrando el acceso al Congreso
de los Diputados desde la Plaza de Neptuno hasta la calle Cedaceros. La
concentración contra “las pensiones de miseria”, según el cartel de la
convocatoria fue organizada por la Coordinadora Estatal por la Defensa del
Sistema Público de Pensiones. Una protesta que sorprendió a las fuerzas de la
Policía porque, ni siquiera los manifestantes del movimiento 15M consiguieron,
en su momento, cortar la Carrera de San Jerónimo, lo que los pensionistas con
su concentración lograron con bastante normalidad. A dicha protesta se unieron
algunos diputados que mostraron su apoyo a las demandas de los pensionistas,
entre ellos Íñigo Errejón de Podemos, con quien los jubilados han coreado
gritos de “Sí se puede”. “Los pensionistas están reclamando pensiones dignas”,
dijo Errejón, quien, igualmente, defendió las pensiones. Igualmente, se sumó a
la protesta el diputado del PSOE, Rafael Simancas, y el coordinador federal de
IU, Alberto Garzón, entre otros. Preguntada por la concentración, la portavoz
socialista en el Congreso, Margarita Robles, recordó a los periodistas que su
grupo ha hecho “bandera” de la lucha por las pensiones en esta legislatura,
lamentando que la “entente” entre PP y Cs estuviera frenando cualquier avance. Miles
de jubilados tomaron la puerta del Congreso al grito de “menos ladrones y más
pensiones”
Los pensionistas rompieron sin
grandes esfuerzos el cerco policial de la Carrera de San Jerónimo. Sorprendió la
gran repercusión de esta protesta porque ni siquiera los manifestantes del
movimiento 15-M consiguieron en su momento cortar la Carrera de San Jerónimo,
blindada por la Policía. Pero no sorprendieron los mensajes emitidos por los
manifestantes, muchos de ellos con 70 años o más: “Pueblo de Madrid,
movilízate. A estos sinvergüenzas hay que pararles los pies”, “Queremos
nuestras pensiones, no ladrones” o “¡Qué vergüenza, nos roban las pensiones!”.
La protesta motivó un aumento del despliegue policial en los alrededores de la
Cámara Baja, abarrotó la Plaza Nueva de Sevilla, sorprendió en Barcelona, La
Coruña, Murcia (estaban convocadas en 30 ciudades), y se desbordó en Bilbao,
con más de 35.000 personas… Las concentraciones fueron el reflejo del
descontento y la preocupación de miles de personas por el deterioro de la
Seguridad Social, por el vaciamiento de la hucha de las pensiones, y por la
subida pírrica del 0,25% anunciada por el Ministerio de Empleo, que apenas
cubre el aumento del IPC, el repunte
brutal de la factura de la luz y del agua. La pensión media en España,
incluyendo las prestaciones de incapacidad permanente, jubilación, viudedad y
orfandad, se sitúa en 932,20 euros al mes. Pero este promedio es engañoso
porque esconde una brecha de género: los hombres perciben de media 1.247 euros
al retirarse y las mujeres 797 euros. Hay 6,3 millones de jubilados en el país,
que cobran una pensión media levemente más alta (1.077,52 euros mensuales), seguidas
de las de incapacidad permanente (940 euros). El promedio de una pensión de
jubilación ronda los 652 euros al mes. Daniel Cela, escribe en Público que el
éxito de esta convocatoria se debió “a una conjunción de las nuevas tecnologías
y las viejas fórmulas de movilización social, en la que los pensionistas son
expertos veteranos… Los jubilados llevaban movilizándose activamente desde la
primavera de 2016, indignados por el ‘deterioro del Sistema Público de
Pensiones a consecuencia de las dos reformas laborales de 2011, aprobada por un
Gobierno del PSOE, y de 2013 con el PP’. Y a ningún sociólogo le sorprendió esta
explosión social”.
Miles de jubilados pensionistas se concentran frente al Congreso
de Diputados.
En marzo del año pasado, Santos
Ruesga, Catedrático de Economía aplicada y uno de los primeros comparecientes
en el Pacto de Toledo, ofreció una conferencia sobre el futuro de las pensiones
en la Asociación Córdoba Futura, donde las charlas no suelen convocar a más de
40 personas. Pero, en esta ocasión, la asistencia se triplicó y el aforo se
quedó minúsculo para tanto lleno de jubilado. “No me sorprende el éxito de la
manifestación, porque los pensionistas son un colectivo bien organizado y muy
activo. Es normal que el tema se haya calentado, el Gobierno ha contribuido a
ello proponiendo una subida ridícula del 0,25%, y luego ha arrojado gasolina al
sugerir a los ciudadanos que vayan ahorrando para un plan de pensiones
privado”, explica Manuel Pérez Yruela, profesor de Investigación de Sociología
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en el Instituto de
Estudios Sociales Avanzados (IESA). Pérez Yruela cree que gran parte de la
sociedad y de los medios han estado “distraídos” con el procés catalán,
mientras la “indignación de los jubilados iba creciendo”. “Este último año, ni
el foco informativo, ni la atención política, ni el trending topic han estado
sobre el problema de las pensiones, sino sobre Catalunya y el procés
independentista”, advierte. Y Daniel Cela recuerda que el 1 de octubre del año pasado, miles de
jubilados llegaron en cuatro columnas a Madrid, desde distintos puntos del
país, en una marcha protesta en defensa de las pensiones. “Una marcha que
coincidió con la fecha clave del procés catalán que absorbió todas las portadas
y titulares, y no consiguió que la sociedad real y la sociedad virtual girasen
la cabeza para escuchar su protesta… Existe una brecha digital que aleja a las
personas mayores de las nuevas tecnologías, pero esto no les ha apeado de la
protesta para defender sus pensiones”.
Los jubilados españoles están
protagonizando su 15M particular. La subida de las pensiones, del 0,25%, ha
provocado una pérdida de poder adquisitivo superior a un punto porcentual y el
recorte de 350 euros al mes ha sacado a los pensionistas a la calle. Tal y como
recoge la Maldita Hemeroteca, Rajoy aseguró que devolvería “el poder
adquisitivo que han perdido” los pensionistas porque “con este tema no se
juega. Siempre se van a regularizar según el índice del coste de la vida”. De
hecho el presidente del PP, llegó, según ElPlural.com, a referirse con cierto
desprecio hacia José Luis Rodríguez Zapatero: “Éste [refiriéndose al presidente
socialista] va a bajar la renta de las pensiones”. María Dolores de Cospedal, una
de las primeras espadas del PP, aseguró que las pensiones eran “una línea roja”
que jamás se cruzaría. En la misma línea se movió Esteban González Pons, quien
apuntó que “vamos a devolverles a los pensionistas todo lo que les haya quitado
Zapatero”. La actual vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría,
aseguró que, si gobernaba el PP, “las pensiones, se van a subir. Y se ajustarán
a la subida de la vida”. Pero eso no ha ocurrido, sino todo lo contrario.
Tiempo ha que el sistema de pensiones no es sostenible (desde que Rajoy metiera
la mano en la denominada hucha de las pensiones). No obstante, el Ejecutivo de
Rajoy no ha presentado una propuesta en el seno del Pacto de Toledo para
reestructurar y equilibrar el sistema. De hecho, fue con la reforma de 2013
cuando introdujo el Factor de sostenibilidad, que no es otra cosa que el
incorporar al cálculo de la pensión la variable “esperanza de vida”. En otras
palabras, que a partir de 2019, a medida que aumente la esperanza de vida,
disminuirán las pensiones. Una verdad que se nos ocultó: el poder contra los
pensionistas. “Y el PP, que hizo de las pensiones un auténtico arma electoral, cuando llegó al Gobierno, insistió en su
promesa de revalorizar las pensiones de acuerdo al IPC, aunque finalmente hizo
una reforma que las desligó del coste de la vida”.
Alberto Núñez Feijóo y el
conselleiro de Política Social de la Xunta, José Manuel Rey Varela, visitando a
personas mayores.
La Consellería de Política Social
de la Xunta de Galicia, igualmente del PP, va a gastarse medio millón de euros
en una campaña de propaganda destinada a loar sus políticas sobre la tercera
edad, mediante un contrato que prevé la inserción de anuncios, cuñas, spots y
banners publicitarios en televisión, radio y medios escritos y digitales por
valor de 490.196,08 euros, a los que se añaden los gastos de las agencias de
publicidad y el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Así figura en una
convocatoria firmada el pasado 2 de febrero y que aún no se ha publicado en el
Diario Oficial de Galicia, pero que ya figura en el portal de transparencia del
Gobierno autonómico. El anuncio se produce en plena huelga de los funcionarios
de justicia, a los que la Xunta se niega a subir el sueldo tras años de
congelación, y de protestas por las privatizaciones, el caos en los hospitales
y la caída en la calidad de la atención sanitaria en los que han derivado los
recortes en el presupuesto de salud. Pero, sobre todo, en plena campaña de
movilizaciones de los pensionistas para protestar por la pérdida de poder adquisitivo
de sus retribuciones. “Las protestas –escribe Juan Oliver, en Público– han
tenido especial calado en esta comunidad, que cuenta con las pensiones más
bajas del país: una media de 895, 49 euros para las contributivas de
jubilación, y poco más de 550 euros para las de viudedad, frente a los 1.074 y
651 euros, respectivamente, de la media estatal para las mismas categorías. En
Galicia, incluyendo también a los beneficiarios de subsidios de orfandad, favor
de familiares e incapacidad permanente, hay casi 761.000 pensionistas, es decir
el 28% de la población. El anuncio de la Consellería de Política Social indica
que el objeto del abrupto gasto es la ‘realización de una campaña de promoción
de la imagen del colectivo de personas mayores como ‘Los Mayores Activos de
Galicia’ y la difusión de los programas, servicios, recursos y prestaciones que
la Xunta de Galicia tiene a su disposición’. Según fuentes de la Xunta, la
lista de espera para obtener plaza en una residencia pública ronda las 1.500
personas. Entre el 2009 y el 2016, cuando Feijóo accedió al poder, las partidas
sociales sufrieron recortes de alrededor de 730 millones de euros. También se
eliminó la gratuidad de los libros de texto y buena parte de las ayudas para transporte
y comedores escolares.
Manifestación de pensionistas en Cataluña.
Domiciano Sandoval, jubilado y
activista de Marea Pensionista, ha decidido llevar ante la justicia europea al
Gobierno de España por la pérdida de poder adquisitivo del colectivo, provocada
tras la reforma del PP del sistema de pensiones. A través del grupo de abogados
Col.lectiu Ronda, ha demandado al Estado ante el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos (TEDH) por lo que considera una violación del Convenio Europeo de
Derechos Humanos al vulnerar el deber de “elevar progresivamente el nivel del
régimen general de la Seguridad Social” y no garantizar la “suficiencia
económica” de los pensionistas. Además, la demanda elevada invoca la
vulneración por parte del Estado español tanto del convenio 102 de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), firmado y ratificado por España, como
el Código Europeo de Seguridad Social y la Carta Social Europea. En todos los
casos, la normativa establece de forma nítida la obligación por parte de los
Estados de preservar el poder adquisitivo de los pensionistas frente a
incrementos del coste de la vida. En el caso de la Carta Social Europea,
además, se determina la exigencia a los estados miembros de la UE de “tender
progresivamente a elevar el nivel de protección de la Seguridad Social”. En
2012, el Gobierno de Mariano Rajoy, recién llegado al cargo, aprobó la
mencionada reforma de la Seguridad Social en la que, “por primera vez, imponía
la decisión de revalorizar las pensiones de jubilación con porcentajes
inferiores al IPC”. En 2013, el Gobierno actuó de la misma forma e impulsó la
reforma del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización de las
Pensiones, desactivando la obligación del sistema público de pensiones de
garantizar el poder adquisitivo de los más de 9 millones de pensionistas del
Estado español. La justicia europea es el último cartucho judicial contra esta
norma del Gobierno de Mariano Rajoy ya que también se interpuso un recurso ante
el Tribunal Constitucional firmado por 146 parlamentarios españoles que fue
desestimado con una evidente división existente entre los magistrados, pues 5
jueces se pronunciaron a favor de considerar la medida inconstitucional
mientras que 7 se decantaron para otorgar su aval a la actuación del Gobierno.
La ministra de Empleo, Fátima Báñez, junto a la
presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo, Celia Villalobos.
En la mañana del pasado jueves,
los diputados reunidos en el Congreso de Diputados oyeron muchos gritos. Procedían
de los aledaños, donde cientos de jubilados se manifestaban para pedir que sus
pensiones subieran con el IPC., mientras la comisión del Pacto de Toledo
mantenía una acalorada discusión a puerta cerrada entre los diputados que
conforman este foro. La cuestión de fondo era cuánto podían subir las
pensiones. Dos opiniones contrapuestas mantenían bloqueado el Pacto. La que
sostenían PSOE y Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea se enfrentaba y la que
sostenían el PP y, tímidamente, Ciudadanos, según los cuales lo más importante
era mantener el equilibrio financiero del sistema. En las últimas fechas, PSOE
y Podemos habían hecho fuerza, aunque sin avanzar en un solo bloque, para que
las pensiones se revalorasen con el IPC, en lugar de aplicar el índice de
revalorización de las pensiones, introducido en la última reforma de 2013. Aupados
por las manifestaciones convocadas por la Coordinadora Estatal en Defensa de
las Pensiones Públicas (22 de febrero) y los sindicatos CCOO y UGT (este 1 de
marzo), las formaciones políticas mantenían un encendido debate. El PSOE
secundaba la revisión del punto 2, que había quedado aparcado desde hacía
muchos meses ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo y poder sacar
adelante aunque fuera un documento de mínimos que tampoco acababa de llegar. Había
momentos en que sólo se oían las voces de su presidenta, Celia Villalobos,
contraria a dar marcha atrás, y la de la portavoz socialista, Mercé Perea. Ambas
defendiéndose panza arriba. El intercambio de ‘golpes’ coincidió con los de
cientos de jubilados que llegaban de nuevo hasta el Congreso de los Diputados,
pese a la lluvia que caía en el exterior de la cámara baja. Finalmente, puesto
que solo PP y Ciudadanos se oponían a revisar la recomendación número 2 y
apostaban por seguir adelante con el orden del día, los grupos acordaron volver
a discutir la posible revalorización de las pensiones con el IPC el próximo
miércoles 7 de marzo. Argumentando que la situación en la calle no permitía más
dilaciones, Podemos y PSOE forzaron a que el Pacto de Toledo se reanudase para
ese día. Finlizada la reunión, Villalobos se mostraba “decepcionada y triste”,
acusando a Podemos de movilizar a los jubilados en la calle y de llevar dicha
movilización al Pacto de Toledo, “en lugar de trabajar al margen de toda
cuestión política”. Cargó contra el PSOE por seguirle “de forma salvaje”. Y
admitió que, en esta situación, el Pacto de Toledo “así no marcha”,
considerando que este interés de las fuerzas de izquierda suponía una carga de
profundidad en toda regla en el Pacto. Según la portavoz de la formación morada
en dicha comisión, Ciudadanos estaría dispuesto también a entrar en el debate.
Miles de jubilados y pensionistas convocados por
la plataforma de jubilados, viudas y pensionistas de Bizkaia.
Casimiro García-Abadillo,
director de El Independiente.com, confirmó en su artículo “Las pensiones
actuales sí pueden ser sostenibles”, que esta movilización de los pensionistas
había pillado por sorpresa al gobierno. Y había desbordado a los partidos de
izquierda que, inmediatamente, se apuntaron a un carro electoralmente muy
rentable. “El PP y, en menor medida, el PSOE tienen en este colectivo su
caladero más numeroso. En su entrevista con Ana Rosa Quintana, el presidente
del gobierno ha justificado la preferencia de los jubilados por su partido en
la tesis de que ven en PP al único que puede garantizarles sus pensiones. Rajoy
quiere volver a presentarse a las elecciones generales y, por tanto, va a hacer
todo lo posible por conservar ese activo. En un movimiento habilidoso, ha
anunciado que va a comparecer en el Congreso ‘en diez o doce días’ para hablar
sobre pensiones, en el ‘Pleno más importante de la legislatura’.… La cuestión
es si las pensiones son sostenibles a medio plazo, al margen de que el Rajoy
esté dispuesto a hacer un gesto igualando la subida al IPC… Según los números
que maneja Moncloa, si el PIB crece de manera continuada durante los próximos
tres años por encima del 2,5%, se crearían 1,5 millones de empleos, lo que
elevaría el número de personas con trabajo a los 20 millones, reduciendo así el
índice de paro al 10%. Con ese escenario, los salarios podrían subir de media
un 2% anual…Con ese cuadro macroeconómico las pensiones actuales serían
sostenibles. Pero, en un contexto de menor crecimiento de la economía, no sólo
se crearía menos empleo, sino que los salarios subirían menos y, por tanto, el
sistema seguiría siendo deficitario… Cualquier medida que se proponga deberá
tener en cuenta el crecimiento y el empleo. Por muchos impuestos nuevos que se
creen, si el paro aumenta, no habrá forma de financiar las pensiones tal y como
están diseñadas en estos momentos. Seguro que Rajoy llevará al pleno de las
pensiones algún caramelo para asegurarse la pacificación del colectivo y no
perder su voto en las decisivas elecciones municipales y autonómicas de 2019.
Pero, lo más importante es que todos entiendan que la garantía a medio y largo
plazo de las pensiones no está en fórmulas mágicas, sino en un crecimiento
sólido y en un empleo estable y de calidad”.
En Whatsapp triunfa un texto que
lleva por título 'Una gran idea' y propone reservar las prisiones para los
mayores y las residencias de ancianos para los corruptos. A partir de ahí,
desarrolla cómo sería la vida de unos y otros, siendo los mayores, por
supuesto, los que saldrían más beneficiados. La iniciativa acaba subrayando la
diferencia de lo que le cuesta al Estado un preso y un pensionista. Un preso le
cuesta al Estado aproximadamente 7.000 euros por mes; un jubilado, 600 euros. Y
se las tiene que arreglar como pueda. Una idea disparatada, sí, pero que, sin
duda, invita a la reflexión. La gran idea invita a:
Colocar
a jubilados en las cárceles y los delincuentes en las residencias de ancianos.
De esta manera, nuestros ancianos tendrían acceso a una ducha todos los días,
al ocio, cultura, educación, medicamentos, etc.
Recibirían
gratis sillas de ruedas, prótesis, anteojos, etc.
No
pagarían por su alojamiento y comida.
Tendrían
vigilancia continua, por lo que de inmediato recibirían asistencia de
emergencia.
Tendrían
un lugar especial para recibir a su familia y visitas.
Tendrían
acceso a una biblioteca, sala de ejercicios, campos de deportes e incluso
enseñanza gratuita y sala de TV en alta definición.
En cambio los delincuentes
tendrían platos fríos y escasos, se quedarían solos y enrejados.
Las
luces se apagarían a las 20 horas.
Los
atiborrarían de sedantes e hipnóticos para que no molestasen
Tendrían
derecho a un baño a la semana, vivirían en una pequeña habitación compartida....
y por la que tendrían que pagar al menos 1500 € por mes, sin esperanza de salir
con vida!
De esta forma habría justicia
para todos.
Las fotomontajes de la semana:
La pareja Fashion que está de moda.
Tremending Topic.“Un par de raperos más a chirona
y tenemos para montar este verano el Estremera Sound Festival”
El humor en la prensa de esta
semana: El Roto, Peridis, Ferrán Forges, Eneko, Malagón, Pat, J. R. Mora, Manel
F…
Casi trabaja.
El partido que provoca vergüenza.
Argumentos a la carta.
Pep Roig, desde Mallorca, así
dibuja el panorama balear: Del rosa al amarillo, ¡A jugar!, El presidente, con
jueces de la guardia, Limosneo electoral, Sonrisa anticonstitucional, Temporada
de caza…
Los vídeos de esta semana:
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