La reforma laboral del Gobierno del PP, la sentencia condenatoria del Supremo y reacciones populares.

El poder ejecutivo y el judicial se enfrentaron esta semana a duras pruebas objeto de duras críticas: la reforma laboral del PP y la sentencia condenatoria del Supremo contra el juez Garzón. Comencemos por examinar las medidas de ajuste presentadas y defendidas por el Gobierno del PP. El presidente Rajoy reconocía el miércoles pasado en las Cortes que los datos de paro “empeorarán”, con lo que su reforma laboral no creará puestos de trabajo durante este año 2012 que ya da por perdido. A los cincuenta días de su investidura, este mensaje no convenció a nadie, excepto a sus propios diputados. Rajoy reconocía que la situación “no puede ser más crítica”, enumeraba datos y señalaba que, “por desgracia”, estas cifras no iban a mejorar a corto plazo. Pero su previsión de la realidad se limitaba reconocer el dato negativo. “Es más –reconocía–, durante 2012 empeorará”. El líder conservador daba, así, un año por perdido, pretendiendo, con su reforma laboral, recuperar la confianza de empresarios y trabajadores. Pero ¿lo conseguirá? Mucho nos tememos que, en el fondo, todo siga como antes, o peor.

Esteban González Pons, el portavoz de comunicación del PP, decía, durante la campaña electoral, que su formación “aspiraba” a crear 3,5 millones de puestos de trabajo y que su único objetivo era “devolver la felicidad” a los españoles. Cincuenta días después de llegar a la Moncloa, el Gobierno comparecía el miércoles pasado en el Congreso y se quitaba la careta a medias, lamentándose del panorama hallado y presentándose como salvador con sus nuevas medidas. El nuevo Ejecutivo confesaba no disponer de ninguna varita mágica ni ser el papa Noel. Pero presentaba su intención de “revertir” el panorama desolador con nuevas medidas que afectarían a nuevas reformas que continuarían “durante toda la legislatura”. Entre ellas, la reforma laboral. A la vez, reconocía, que, aunque fueran urgente, no tendrían efector inmediatos. Una reforma “amplia, profunda y equilibrada y sobre todo útil”, que podía costarle una huelga general, como reconocía Rajoy a su homólogo filandés en Bruselas. En su réplica, Rubalcaba le propuso un pacto para que, “por regla”, no se incluyeran dentro de la contienda política las declaraciones que “pillaran los micrófonos”. Y le confesó que lo que más le había molestado no había sido el comentario sino su “tono”. Afortunadamente, Rajoy contaba con las palabras del portavoz de CiU, Josep Antoni Duran i Lleida, quien le recordó que España necesitaría “un plan de choque de creación de ocupación a corto plazo”. Y Rajoy agradeció a la federación nacionalista catalana su “buena disposición” a llegar a un entendimiento.

El presidente del Gobierno recordó que las cifras de empleo, “por desgracia”, no van a mejorar a corto plazo, sino que empeorarán en el año 2012, por lo que la intención del Gobierno era plantear una reforma laboral “amplia, profunda y equilibrada”. Y aseguró que la reforma tenía que ser “útil” para la consecución de un clima que favoreciese la competitividad, la contratación y el empleo estable. Entre sus medidas, la que ofrecía el viernes pasado: el pago de una indemnización más barata por despido. Se trataba de una reforma dura, en la que la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez y Cristóbal Montoro, paralizaron medidas más drásticas. Báñez y el titular de Hacienda no querían una ruptura con los sindicatos. Entre las razones no confesadas había una fundamental: que el próximo 25 de marzo se celebraban las elecciones en Andalucía, y el PP no quería manifestaciones que golpeasen aún más la paz social. En cambio, el ministro de Economía, Luis de Guindos, y el de Industria, José Manuel Soria, pretendían una reforma más radical, preocupados por la forma en que Europa y los mercados la acogerían. Montoro, por su parte, se oponía a una reforma dura. Temía que su efecto fuera perjudicial y provocara la desconfianza social en el mercado laboral.

De Guindos dice a la UE que la reforma laboral será muy 'agresiva'

Nueve días después de que un micrófono “indiscreto” captara, en el edificio del Consejo de Ministros de Unión Europea de Bruselas, la confesión de Mariano Rajoy (“La reforma general me va a costar una huelga general”) ante su homólogo finlandés, el ministro de Economía español, Luis de Guindos, se acercaba a Olli Rehn, comisario de Asuntos Económicos, para anunciarle con idéntica “discreción” que el Gobierno español cumpliría sus deberes: “Mañana –se le oyó decir en tono confidencial y cierto aire triunfal– aprobaremos la reforma del mercado laboral y verás cómo va a ser extremadamente agresiva. Introducirá la indemnización por despido. Ya verás, yo creo que es un auténtico cambio”. Y el comisario Rehn le respondió con un elocuente "¡great!" (¡genial!). La “confesión” del ministro Gindos se captó antes de comenzar la reunión de ministros de Economía de la zona euro. Horas después de conocerse esta confesión, fuentes de Economía matizaban que el ministro Guindos quería decir que la reforma iba a ser “extremadamente agresiva en la lucha contra el paro”.

Sáez de Santamaría y Fátima Báñez anuncian la “reforma dura e implacable”.

El viernes pasado, tras el consejo de Ministros, Sáez de Santamaría y Fátima Báñez, vicepresidenta del Gobierno y ministra de Empleo y Seguridad Social, anunciaron la supuesta reforma “dura e implacable”, aprobada el mismo día, que pretendía marcar en España “un antes y un después”. Fátima Báñez desgranó los puntos más importantes de esta nueva normativa, aprobada por vía decreto-ley para entrar en vigor de forma inmediata, aunque se tramite como proyecto de ley para buscar el “máximo consenso”. Los puntos más importantes son la rebaja de la indemnización por despido de 45 a 33 días por año trabajado, la obligación de realizar “un trabajo social” por parte de los parados que estén cobrando prestación; la creación de “un contrato indefinido” con un periodo de prueba de un año; la prohibición de encadenar contratos temporales más de 2 años y la reducción de 3.000 euros en la contratación del primer trabajador menor de 30 años. Entre las novedades presentadas, se facilita el despido para las empresas con pérdidas en 9 meses; las empresas de empleo temporal deberán funcionar de hecho como agencias de colocación; los directivos de empresas públicas no serán indemnizados por despido, si se reincorporan a la Administración; se limitan las indemnizaciones de los directivos de banca y se eliminan en los que están sancionados. Se incluye un contrato indefinido para pymes, compatible con la prestación por desempleo y se crea un contrato indefinido para empresas de menos de 50 empleados. Dicha reforma se tramitará como proyecto de ley para lograr el máximo consenso. Para Fátima Ibáñez era una reforma “completa, equilibrada y útil”. Para el presidente del Gobierno era “amplia, profunda y equilibrada”. Desde hoy, será mucho más fácil y barato… para el empresario. Pese a que el PP asegurara antes de las elecciones que no pretendía abaratar el despido. “El problema económico de España –había dicho Montoro en junio del 2010– no se soluciona con el abaratamiento del despido”. Una reforma profunda y equilibrada, ¿para quién?

Para tratar todos los detalles de esta reforma laboral, la ministra convocará el lunes en el Ministerio a los agentes sociales y a los empresarios, a los que pide ser responsables. Asegura que uno de los principios del Gobierno es mantener “permanentemente” abierto el diálogo social porque es “fundamental” en democracia. Lo que no impide anticiparse a los sindicatos y a los empresarios. En efecto, antes de la aprobación de la reforma, los sindicatos, reconocidos por la Constitución como defensores de los intereses de los trabajadores, desconocían los temas aprobados el viernes en Consejo de Ministros. “Un hecho insólito en la historia de la democracia –dice Toni Ferrer, secretario de Acción Sindical de UGT– que no ha pasado ni con los gobiernos del PSOE ni con los del PP. La primera vez en la historia constitucional que no se abre un proceso de diálogo”. El hermetismo del Gobierno frente a los agentes sociales contrasta con su actitud durante las semanas previas a la reforma financiera. Todos recuerdan cómo Luis de Guindos se ha reunido con los dirigentes de las cajas y de los bancos afectados por la reforma. Y todo lo que se ha conocido de la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, es que, según había explicado, no habría minijobs ni se plantearía un contrato único, como había propuesto Guindos. Báñez sí habló de la introducción de soluciones para luchar contra el paro juvenil, la creación de un contrato estable a tiempo parcial “con sueldos razonables” o el aprovechamiento de la experiencia de las compañías de colocación para superar lo que se consideraban ineficiencias del INEM a la hora de encontrar trabajo a los desempleados.

Sea lo que fuere, Rajoy sabía que, pese a la reforma laboral, no crearía empleo en todo el año. Marco Schwartz escribía al respecto: “Días antes de las elecciones generales, Mariano Rajoy se comprometió a ‘devolver la felicidad’ a los españoles apenas llegase a la Moncloa. Transcurridos 50 días de su toma de posesión, el paraíso no llega. Todo lo contrario: en su primera comparecencia ante el Congreso, el presidente describió un horizonte bastante sombrío y anunció que las ya terribles cifras de empleo, lejos de mejorar, empeorarán en 2012. Estas declaraciones suponen un descarado reconocimiento de que, en la reforma laboral que el Gobierno prevé aprobar, no sólo será incapaz de crear empleo, sino que ni siquiera logrará contener la actual destrucción de puestos de trabajo. Y a nadie debería sorprender que así sea. Porque el problema al que se enfrenta en estos momentos España no es el de la supuesta rigidez del mercado laboral, sino la combinación de un modelo productivo en declive y la falta de estímulos a una economía basada en la demanda. En lugar de defender en Europa unas políticas más expansivas o buscar fórmulas para que el dinero del BCE llegue a las familias, Rajoy –como antes Zapatero– se limita a obedecer con mansedumbre las órdenes de austeridad que dicta Alemania. Por supuesto que el mercado laboral se puede mejorar, por ejemplo, estableciendo la mochila austriaca para facilitar la movilidad laboral, o repartiendo los tiempos de trabajo. Pero esta reforma no es ahora ‘lo urgente’, como pretenden inculcar a la sociedad la derecha europea y la vernácula y sus coros mediáticos. Ellos están en su particular batalla: meter prisa y aprovechar el caos para destruir cualquier vestigio de conquistas sociales mediante la aplicación de la doctrina del shock”.

Vicenç Nararro, catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra.

Las políticas de recortes han sido particularmente acentuadas en los países que, despectivamente, se conocen en la terminología anglosajona como PIGS (cerdos), y que incluyen a Portugal, Irlanda, Grecia y España a los que, últimamente, han añadido otra I (PIIGS), al incluirse Italia. “Tales recortes –explica Vicenç Nararro, catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra– se han presentado como necesarios para recuperar la ‘confianza de los mercados financieros’, manida frase que se ha utilizado con gran frecuencia para justificarlos. Otra frase también en gran uso en la sabiduría convencional neoliberal es la necesidad de ‘mostrar responsabilidad fiscal’, como si responsabilidad y recortes fueran sinónimos. Ahora bien, un simple análisis de los datos muestra que, a pesar de que aquellos países han estado recortando y recortando, la famosa ‘confianza de los mercados’ no ha aparecido por ninguna parte. Los intereses de la deuda pública en la mayoría de estos países han continuado elevadísimos, con niveles insostenibles en todos ellos. La desconfianza continúa a pesar de los recortes, y ello ha ocurrido país por país… Pese a ello, los intereses de la deuda pública han ido subiendo de manera tal que el presidente Rajoy ha indicado que llevará a cabo las reformas que hizo Portugal cuando fue intervenido, posibilidad que el presidente Zapatero creía haber evitado con sus políticas de recortes, las cuales se justificaban para prevenir lo que ha acabado ocurriendo. Cabe entonces hacerse la pregunta de ¿cómo se justifica tanto recorte cuando la famosa ‘confianza de los mercados financieros’ no ha aparecido por ninguna parte?”

El fracaso de los recortes.

“Todos estos países PIIGS han estado gobernados por partidos conservadores (dictatoriales en el caso de Grecia, Portugal y España) en la mayoría del periodo pos IIª Guerra Mundial, siendo las fuerzas conservadoras todavía las dominantes en su vida política y mediática. En todos estos países –al revés que en el norte de Europa– el mundo del trabajo es débil y el del capital (hegemonizado por el capital financiero) es fuerte. En consecuencia, tienen políticas fiscales regresivas, enormes fraudes fiscales y estados del bienestar poco desarrollados. Y, en todos ellos, la reducción del déficit público ha sido primordialmente a base de recortes del gasto público social. A pesar de ello, su deuda pública, ha continuado aumentando desde 2007 sin que los recortes la hayan reducido.... En realidad, estos recortes han empeorado la situación en lugar de mejorarla, tal como algunos de nosotros predijimos. Los famosos ‘mercados’ creen que, a no ser que crezcan, estos países jamás podrán pagar su deuda. Y tales recortes están dificultando que crezcan. Por fin comienza a percibirse que algo no funciona con los recortes. Incluso los neoliberales comienzan a decir que tales recortes tienen que ir acompañados de un estímulo económico. Pero asumen erróneamente que la falta de crecimiento económico (que antes decían que se debía al inexistente excesivo gasto público) la causan los salarios ‘excesivamente altos’. Según tal dogma, los sueldos deben reducirse, lo cual hundirá todavía más las economías de tales países, porque el mayor problema que tienen estas es la falta de demanda, resultado del enorme descenso de las rentas del trabajo (que han disminuido la capacidad adquisitiva de la mayoría de la población) y de la especulación financiera, consecuencia del obsceno crecimiento de las rentas del capital financiero, y que ha provocado la escasez de crédito. La bajada de los salarios, junto con la reducción del gasto público, reducirá todavía más tal demanda, llevándonos a una Gran Depresión. En realidad, para amplios sectores de las clases populares, la Gran Depresión ya está aquí”.

La sentencia condenatoria del Supremo contra el juez Garzón es el segundo de los temas de esta semana que más páginas de prensa ha ocupado. La condena que le expulsa de la carrera judicial, cayó como una bomba entre juristas progresistas. “Es la crónica de una muerte anunciada”, anuncia el catedrático de Derecho Penal Hernán Hormazábal. José Antonio Martín Pallín, ex magistrado del Supremo, advierte que “es una sentencia innecesariamente larga, con una exuberante cita de doctrina jurisprudencial, pero con un problema muy perturbador para el sistema: se le dice a los jueces que la interpretación de la jurisprudencia puede dar lugar a prevaricación”. Jaume Asens, de la Comisión de Defensa del Colegio de Abogados de Barcelona, advierte: “Lo que hay aquí es un mensaje para todos los jueces: cuidado con lo que hacéis porque si os saltáis el guión os arriesgáis a que se os considere prevaricadores. Se consolida una doble vara de medir en Derecho Penal. Una, exquisita para los amigos y la otra, durísima para los adversarios”. Cristina Almeida muestra su indignación por el hecho de que se haya condenado a Garzón por atropellar un derecho fundamental como el de defensa: “Se ha buscado dar apariencia de juridicidad, como si realmente estuvieran preocupados por el derecho de defensa”. Y añade: “Bajo la capa de la protección de derechos fundamentales, lo que se acaba defendiendo es la posibilidad de delinquir de unos sinvergüenzas”.

Human Rights Watch, organización dedicada a proteger los derechos humanos de todos los pueblos del mundo, atribuye la sentencia a “represalias”: “El Supremo ha sentado un precedente del que se puede arrepentir muy pronto, habida cuenta la gran cantidad de actuaciones que se realizan a diario en muchos juzgados de España”. Por su parte, Mercedes García Arán, catedrática de Derecho Penal de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), insiste en que no se aportan razones jurídicas que justifiquen la condena: “Por mucho esfuerzo que se haga, es evidente que no logra sostenerse la acusación de prevaricación”. La mayoría de los juristas consultados coinciden en un punto: el juicio por las escuchas de la Gürtel debía acabar sí o sí en condena, más allá de los argumentos jurídicos, porque expulsar a Garzón de la magistratura por la causa del franquismo comportaría un “escándalo internacional”. “De las tres causas simultáneas –apunta García Arán–, esta es la que tenía más posibilidades de construir una sentencia condenatoria más técnica, aunque no haya rastro jurídico de prevaricación”.

“Rechazo frontalmente la sentencia que me ha sido notificada en el día de hoy –escribe Baltasar Garzón, tras haber leído la sentencia que lo inhabilita durante 11 años–. Lo hago por entender que no se ajusta a derecho, que me condena de forma injusta y predeterminada”. Dice que ha trabajado contra el terrorismo, el narcotráfico, los crímenes contra la humanidad y la corrupción. Y que lo ha hecho con la ley en la mano y en unión de fiscales, jueces y policía. “En este trabajo, siempre he cumplido con rigor las normas, he defendido los derechos de los justiciables y de las víctimas en situaciones muy adversas. Ahora y a lo largo de este procedimiento, mis derechos han sido sistemáticamente violentados, mis peticiones de defensa desatendidas, el juicio oral una excusa, cuyo contenido ha sido utilizado sólo contra mí, prescindiendo de los elementos favorables que me beneficiaban, para, con ello, poder dar forma a una sentencia que ya estaba anunciada desde hace meses.

“Mi actuación en el denominado caso Gürtel, se ajustó a la ley y, en su desarrollo, tomé todas las medidas para garantizar el derecho de defensa y la investigación de delitos muy graves relacionados con la corrupción, partiendo de los contundentes indicios y para evitar la continuidad delictiva de blanqueo de dinero de los jefes mafiosos que utilizaban, como ya lo habían hecho antes, a los abogados designados. Se me ha impedido aportar las pruebas que lo demostraban y se ha prescindido de la implicación y participación de abogados en la trama. La afirmación que se contiene en la sentencia para justificar el supuesto dolo de que 'la inclusión de la cláusula, previniendo el derecho de defensa, dejando a un lado su efectividad, revela que sabía que su resolución afectaba a este derecho' es una aberración que contradice todo el sentido de la misma y se utiliza para eliminar la base de mi absolución. La sentencia no dice en ningún momento cual es el daño producido en el derecho de defensa y no lo dice sencillamente porque no existe. Lo inventa. Asímismo falta a la verdad cuando se dice que no se ejecutó la medida de salvaguardar dicho derecho, cuando personalmente me cuidé de garantizarlo y así lo avalan las pruebas practicadas e ignoradas por el tribunal. Esta sentencia, sin razón jurídica para ello, ni pruebas que la sustenten, elimina toda posibilidad para investigar la corrupción y sus delitos asociados, abriendo espacios de impunidad y contribuye gravemente, en el afán de acabar con un concreto juez, a laminar la independencia de los jueces en España. Acudiré a las vías legales que correspondan para combatir esta sentencia y ejerceré todas las acciones que sean pertinentes para tratar de paliar el perjuicio irreparable que los autores de esta sentencia han cometido”.

Varios centenares de manifestantes se concentraron en la tarde del jueves en la Puerta del Sol para expresar su “indignación” y “vergüenza” por la inhabilitación de Garzón acordada por el Tribunal Supremo. En torno a la estatua ecuestre de Carlos III, se desplegó una pancarta con una imagen del juez, en la que se podía leer “Contra los juicios de la vergüenza”. Jaime Ruiz, portavoz de la plataforma “Solidarios con Grazón”, leyó un manifiesto en el que aseguraba que el Supremo quería expulsarlo porque “molestan los jueces independientes que quieren acabar con la corrupción y juzgar los crímenes del franquismo”. Algunos de los lemas más coreados decían: “Del Tribunal Supremo, fuera fascistas”, “Garzón, amigo, el pueblo está contigo”, “Basta ya de mafia judicial”, “Tenemos memoria, queremos justicia” o “¡Hay que juzgar al franquismo criminal”. Los manifestantes, entre los que había sindicalistas, políticos y ciudadanos anónimos en desacuerdo con la decisión del Supremo de inhabilitar al juez que inició la investigación del caso Gürtel, vocearon “¡Vergüenza, vergüenza y vergüenza!”. Entre ellos, personajes tan dispares como el poeta Marcos Ana, el periodistas Gorka Landaburu o el líder de IU, Cayo Lara. Según los convocantes, se reunieron unas 3.000 personas. Muchos de ellos portaban banderas republicanas y, algunos, fotos de sus familiares represaliados por el franquismo. La Plataforma anunció que convocará nuevas protestas. La primera tendrá lugar en Madrid el próximo domingo, a las 12.00 horas, frente al Tribunal Supremo.

El viernes, un millar de manifestantes se concentraron en la Puerta del Sol, en Madrid, para mostrar su rechazo a la reforma laboral aprobada y a los recortes del gobierno en materia de igualdad. Gritos como “Arriba, arriba, vamos a luchar contra la reforma laboral” o “Hace falta ya una huelga general” se mezclaron con otros como “Saquen sus rosarios de nuestros ovarios” o “Que viva la lucha de las mujeres”, provenientes del movimiento “Marea violeta”, una protesta de iniciativa feminista que se solapó con la convocatoria del 15-M. Se trataba de un movimiento espontáneo que surgió en Málaga y que se ha extendido, a través de las redes sociales, a la mayoría de las autonomías, al reducir éstas los presupuestos en materia de igualdad, según explica Marisa Soletol, presidenta de la Fundación Mujeres. Ésta afirma que la crisis económica lleva a situaciones de precariedad presupuestaria y hace un llamamiento al Ejecutivo de Mariano Rajoy y a las CCAA a que mantengan “intactas” las políticas que impulsan la igualdad entre hombres y mujeres. Muchos de los concentrados acudieron vestidos de negro, con gorros y bufandas moradas, y corearon consignas como “Fuera, fuera el PP” o “Vamos a quemar la Conferencia Episcopal por machista y patriarcal”, “Madre libre. Los vientres libres harán hombres libres”, “Las mujeres deciden, la sociedad respeta” o “Más educación sexual y menos represión corporal”. Antonio Poveda, presidente de la Federación de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), acudió a la protesta para defender los derechos de las mujeres y de todos los ciudadanos. “Estamos aquí –dijo–, en esta marea violeta contra un tsunami azul que se nos viene encima”. Tras el acto, un centenar de manifestantes se dirigieron hacia el Congreso de los Diputados, momento en que los antidisturbios cargaron de manera violenta.

Después, un grupo de más de un centenar de personas abandonó la Puerta del Sol y se encaminó hacia el Congreso, donde la Unidad de Intervención Policial (policía antidisturbios) les cercó y se produjeron varias cargas. “Sin mediar palabra –dice uno de los manifestantes–, los antidisturbios comenzaron a pegar porrazos y empujones a todo el que se interpuso en su camino, alcanzando los golpes a transeúntes y a varios periodistas y a cámaras de televisión que efectuaban su trabajo”. A lo largo de las carreras y porrazos, la policía antidisturbios, ninguno de los cuales llevaba a la vista su número de identificación pese a estar obligado a ello, se empleó con extrema dureza durante unos 20 minutos. Hubo nueve detenidos. Fue la primera demostración de fuerzas policiales bajo el talante de los nuevos responsables políticos y policiales de la región.

Los manifestantes denuncian en un comunicado que “las últimas reformas han abaratado el despido y la consecuencia ha sido que el paro se dispare hasta superar de largo los cinco millones. Ahora lo abaratan aún más con la absurda pretensión de que es una medida para generar empleo. Nos roban nuestros derechos, nos dejan en la calle, nos humillan y además nos llaman imbéciles. Encima, pretenden convencernos de que somos culpables de su crisis, de que nos sacrifican por nuestro bien”. Desde la Delegación, aclaran que la convocatoria ha sido comunicada por CGT y Solidaridad Obrera, dos de las organizaciones convocantes.

Volviendo al tema de la condena de Garzón, una declaración que llamó poderosamente la atención fue la efectuada por Calos Jiménez Villarejo. “El Supremo es un tribunal arrodillado a la corrupción que representa Gürtel –dijo el exfiscal Anticorrupción, en La Ventana de la SER–; hoy es un día de vergüenza para el sistema democrático, judicial y para el Tribunal Supremo… Esta sentencia es un balón de oxígeno para la corrupción imperante en España y una coerción expresa a cualquier magistrado que decida acordar un sistema de investigación legítimo como son las escuchas telefónicas… El Supremo es una casta de burócratas al servicio de la venganza institucional”.

“La Judicatura viste de negro –anuncia Qaesar en el Ventano–. Huele a caspa, a rancio. Es el franquismo que nunca se fue. Es un sarpullido que la democracia no ha logrado fulminar. Es quizá el más rotundo fracaso de la Transición. Es lo más negro, lo más siniestro que habita en este país. Es la Judicatura”.

Kabila titula en su blog “Garzón, culpable; los culpables, inocentes”. Su autor. RGAlmazán, confiesa: “Estaba cantado, todos lo temíamos pero teníamos una ligera esperanza de que no se atrevieran. El hecho de que el mismo fiscal no veía indicios de delito, hacía pensar que probablemente el tribunal dictaminara un veredicto positivo. Pero no, con inri, alevosía y cachondeo: Culpable por unanimidad. No puedo entender ninguna justificación para que al Juez Garzón se le inhabilite por once años como juez, salvo la envidia, la desfachatez, la injuria, la presión pepera y el franquismo de los jueces. Y quedan dos sentencias más. Abrochémonos el cinturón que la que viene no es manca. Nada bueno ni nuevo se puede esperar de esta Justicia anquilosada, politizada y de extrema derecha. Nada, salvo que intente cambiar la historia, reescribiendo páginas de ignominia como esta”. Almazán declara que no acata ni respeta esta sentencia: “Quiero dejar escrita mi indignación por la injusta, parcial y vengativa sentencia de culpabilidad a Garzón, en el caso de las escuchas de trama Gürtel”.

El humor de esta semana viene firmado por Ferrán Martín, Miki&Duarte, JRMora, Malagón y Medina.

Manel Fontdevila presenta: Sentenciado, Más imputados, Enterrado y olvidado, Reposición y una Corrección.

Territorio Vergara: La reforma laboral (Prólogo y epílogo), Aperitivo extremadamente agresivo, Respeto, Por fin comparece y Nueva ejecutiva.

Y Pep Roig dibuja: La crisis crea nuevos oficios, Se vende, Inútiles al poder, Los vengadores y Ministerio del Fomento del Paro.

Veamos, para dar fin a este largo domingo, tres vídeos de actualidad.
El ministro De Guindos, pillado, dice a Rehn que la reforma laboral será "extremadamente agresiva"




Terminamos con un vídeo que circula en Internet. Se trata de la canción de Jaume Sisa “Qualsevol nit pot sortir el sol”, que viene acompañada de unas imágenes precisas, montadas de tal manera que describen irónicamente por qué y por quién hoy esta comunidad ha quedado a la altura de Grecia.