La resistencia de la Iglesia ante el IBI, las latas de sardinas de Wert, la guerra en el seno del CGPJ, las disculpas del rey y el aguante de Felipe.

Final de semana primaveral en el que intentaremos tocar las ramas de este árbol –España– que florece y no deja de sorprendernos a todos. Comencemos por sus raíces. Si la Iglesia tiene que pagar el Impuesto de Bienes e Inmuebles (IBI) “se pagará”, pero el dinero se retraerá de otras acciones como la que desarrolla Cáritas. Esta fue la respuesta de Rouco Varela lanzada el lunes pasado, tras ofrecer una conferencia en el Oratorio de San Felipe Neri, bajo el título “La Constitución de 1812: ¿Una nueva configuración de las relaciones Iglesia-Estado?”. Una amenaza velada de la Iglesia, lanzada cuando se ve acosada por quienes exigen idéntico trato fiscal para las sociedades y la iglesia. El cardenal explicó que “la Iglesia está dentro de la legislación general” por lo que no “tendrá ningún problema en pagar si así lo establece la ley”, aunque señaló que ese desembolso podría afectar a “otras actividades” como las desarrolladas por Cáritas y que confía en la “generosidad de los fieles” para mantener la actividad solidaria. De esta forma, la máxima autoridad de la Iglesia Católica defiende las razones por las que la Iglesia no paga el polémico impuesto. Pero, en España, la Iglesia no solo no paga IBI por los templos de culto. Tampoco lo hace por las casas en donde viven los religiosos, por ejemplo la de Rouco. Ni por los edificios que tiene alquilados, ni por las tierras que posee en propiedad. La Iglesia es uno de los mayores dueños de patrimonio inmobiliario del país. La organización Europa Laica ha calculado que, si la iglesia pagara por todo ello, el Estado podría reportar a las arcas públicas entre 2.500 y 3.000 millones. Los Ayuntamientos, que son quienes recaudan este impuesto, buscan cómo poder cobrar por este concepto a la Iglesia, pero poco puede hacer si el Gobierno no deshace los famosos acuerdos económicos llamados de la Santa Sede. León o Valladolid anunciaron hace unos días su intención de encargar estudios para ver qué posibilidades jurídicas tienen de recaudar este impuesto a las organizaciones religiosas. IU presentó enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado para tratar este asunto. Pide que se rebaje en un 20% la asignación que recibe la Iglesia por el IRPF y que, a 31 de diciembre de 2014, esta organización se autofinancie, como se comprometieron en los acuerdos de 1979. Pero la Iglesia se resiste, desde el paraíso fiscal en que la dejó el PP y poco pueden hacer los ayuntamientos si la legislación no cambia.

Sebastián Mora, secretario general de Cáritas española.

Cáritas también se financia con los impuestos de todos los españoles y se beneficia (entre las que más) del reparto de los fondos de la casilla social del IRPF para su extensa actividad social. Cáritas recibe dinero público a través de la asignación tributaria del IRPF y lo hace como cualquier ONG y no mediante la casilla de la Iglesia que es independiente. Además, también recibe subvenciones públicas de ayuntamientos, comunidades autónomas, ministerios y de otros organismos de la administración central, así como del Fondo Social Europeo. En total, los fondos públicos representan el 35 por ciento de sus ingresos. El resto procede de fondos privados, en forma de donativos, legados, aportaciones de empresas o colectas. La Conferencia Episcopal no destina ninguna partida al presupuesto de Cáritas, salvo una aportación puntual iniciada en 2008 con motivo de la crisis. Esa aportación, procedente del fondo interdiocesano destinado a las parroquias, comenzó siendo de un millón y medio de euros y este año alcanzará los 5 millones. Cáritas prestó ayuda urgente a casi un millón de personas en 2010, un 15% más que el año anterior. Un récord histórico en los 60 años de vida. Siete de cada diez personas que llaman a sus puertas fueron encaminadas por los servicios sociales públicos de su ayuntamiento o comunidad autónoma como consecuencia de la crisis. Sebatián Mora, secretario general de Cáritas, hace un llamamiento para que no se recorten las ayudas públicas al tiempo que pide a particulares y empresas que incrementen sus donativos para atender una demanda que amenaza con desbordar la red asistencial de Cáritas. Y advierte sobre el riesgo de que se incrementen y cronifiquen las situaciones de pobreza en España, debido al aumento del paro y del número de familias que han agotado ya los subsidios de desempleo. Desde el inicio de la crisis, se ha incrementado el porcentaje de población española que recurre a la red asistencial, al tiempo que aumenta el número de mujeres y de jóvenes, en consonancia sobre todo con el incremento del paro.

Pese a la actual situación económica en la que nos encotramos, la Iglesia mantiene sus privilegios y el Gobierno del PP se niega revisar los beneficios fiscales de los que goza la institución. Según IU, el Estado entrega a la Iglesia Católica más de 9.000 millones de euros anuales entre aportaciones directas e indirectas: asignaciones tributarias vía IRPF, exenciones en distintos tributos, financiación de personal que imparte religión católica y de centros de ideario católico, transferencias para asistencia sanitaria y obra social, financiación de funcionarios capellanes, mantenimiento de patrimonio artístico de su propiedad, y otras subvenciones y financiación de eventos religiosos o para asociaciones de ámbito local. Joan Tardà, diputado de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), ya ha denunciado en su blog que, pese a los recortes aprobados por el nuevo Gobierno, la Iglesia católica va a continuar recibiendo unos 10.000 millones de euros al año entre subvenciones directas, donaciones económicas, cesiones de terrenos y exenciones de impuestos como el que pesa sobre los bienes inmuebles (IBI) que es, precisamente, uno de los que ha incrementado el Ejecutivo del Partido Popular. El republicano recuerda que este “privilegio” tiene su origen en la Ley Hipotecaria de 1946 que permite a la Iglesia no matricular en el Registro de la Propiedad de Inmuebles los edificios no inscritos a nombre de nadie. “Ni que decir tiene que muchos de los templos y recintos religiosos, históricamente, fueron edificados en terrenos cedidos por el común, propiedad del pueblo”, señala Tardà quien lamenta que el PSOE no fuera capaz de “modificar absolutamente nada” en lo que a los “privilegios” eclesiásticos se refiere y no cumpliera la moción pactada con ERC que instaba a cambiar la Ley de Libertad Religiosa. El Gobierno del PSOE paralizó la publicación de la Ley de Libertad Religiosa en verano de 2010, en vísperas de las elecciones autonómicas catalanas, con el objetivo de evitar abrir un frente laicista en su electorado. “El PSOE –insiste Tardà –no hizo nada, salvo incrementar las donaciones públicas a la Iglesia, y del PP tampoco podemos esperar nada”.

PP, CiU y UPyD evitaron aprobar el pasado miércoles una proposición no de ley del grupo de la Izquierda Plural, que aglutina a IU, ICV, EUiA y Cha. El Ejecutivo evitó modificar esa situación especial de la que goza la mencionada confesión religiosa. La derecha se manifiesta en contra de la iniciativa de la Izquierda Plural que exigía establecer un calendario para la autofinanciación de la institución católica. La propuesta, contemplaba la fijación de un calendario “con un plazo de adaptación” para la “completa” autofinanciación de la Iglesia. Lo que hubiera significado la “homologación” de la institución católica en lo que respecta a las exenciones de las que disfruta en el Impuesto de Bienes Inmuebles, y el recorte en un 20% de la partida a la Iglesia en el IRPF, en los Presupuestos del Estado. Juan Josep Nuet, diputado de EUiA –marca catalana de IU– defendió que el debate se hubiera celebrado “en un momento de crisis”, y recalcó la necesidad de que la Iglesia, “una de las grandes propietarias de inmuebles” en España, haga sus propios esfuerzos. Aunque con diversas matizaciones para destacar el carácter “social” de muchas de las acciones de la Iglesia, la iniciativa Nuet contó con el respaldo de los portavoces de PSOE, Amaiur y ERC en la mencionada comisión. Los socialistas, introdujeron en su 38 Congreso, celebrado en el pasado febrero, la posibilidad de revisar los acuerdos del Estado con el Vaticano. Pero el PP, CiU y UPyD se opusieron a la iniciativa. No hay, en su opinión, nada que justifique la revisión de los acuerdos con la Iglesia católica ya que, “en la última campaña de la declaración de la renta, marcaron la casilla de la institución nueve millones de españoles”. CiU estuvo en contra de que debates como el que se produjo “estigmaticen” a la institución “sin reconocer su labor”. Y Rosa Díez, portavoz de UPyD, se opuso a modificar el sistema de financiación de la Iglesia que hubiera tenido “efectos perversos” al dejar “en peor posición” a la institución católica respecto a otras confesiones religiosas.

Marchas multitudinarias cerraron el pasado martes una jornada de huelga histórica en la educación en España por los recortes anunciados por el Gobierno. Los sindicatos hablan de un seguimiento del 80% y el Gobierno la rebaja al 22,7%. El ministro José Ignacio Wert da las gracias “a la mayoría de docentes que no se han sumado”. Docentes, alumnos y padres de la práctica totalidad de las comunidades autónomas dejaron las aulas vacías y salieron a las calles y plazas de sus ciudades contra el tijeretazo de 3.000 millones de euros que Wert acometerá. Tanto el PSOE como IU criticaron su “falta de diálogo” con la comunidad educativa y defendieron la educación como garantía para el futuro.

Salida de los rectores de las Universidades Españolas, después de decidir no asistir a la reunión programada con el ministro Wert. BERNARDO PÉREZ.

A las cuatro de la tarde del martes el ministro Wert llegaba al Consejo Escolar del Estado donde se iba a celebrar la reunión del Consejo de Universidades: Pero, a esa hora no había ni rastro de los más de 60 rectores que se habían desplazado a Madrid desde sus respectivas comunidades. El ministro permaneció solo con su equipo en una sala vacía, mientras los rectores celebraban una asamblea en unas dependencias de un edificio contiguo. Llevaban horas debatiendo y, a las cuatro y cuarto, Adelaida de la Calle, presidenta de la CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas), se acercó a la sede donde aguardaba el ministro para, a puerta cerrada, comunicarle el plantón de los rectores. Tras apenas diez minutos de encuentro abandonaban de nuevo el edificio sin hacer declaraciones para regresar junto al resto de sus colegas universitarios. Al constatar que la reunión del Consejo de Universidades no se iba a celebrar, el ministro comenzó a organizar una comparecencia pública y los rectores convocaban también a los medios de comunicación para dar lectura a un comunicado. Los rectores acusaron al ministro de “falta de respeto y de atención a toda la comunidad universitaria, a sus estudiantes, a sus profesores y a su personal de administración y servicios”, motivo por el cual decidían no asistir a la reunión del Consejo de Universidades. Y pedían urgentemente una reunión con el presidente del Gobierno para trasladarle la preocupación de la Universidad española ante el impacto de las medidas de ajuste.

El ministro Wert, tras el plantón de los rectores.

Minutos después de la declaración de los rectores, el ministro Wert comparecía en una rueda de prensa para señalar que el decreto se había aprobado donde se tenía que aprobar, el Consejo de Ministros, y se había convalidado en el Congreso, de modo que “no cabe, en el marco legal, el debate que parecen tener en la cabeza los rectores, ya que se trata de una norma legal plenamente en vigor que ha sido aprobada y debatida donde tenía que aprobarse y debatirse”. El ministro manifestó su sorpresa por la conducta de unos rectores a los acusó de “no estar al tanto de la naturaleza de los problemas que atraviesa este país, y de no estar a la altura de esos mismos problemas”. Por último el ministro advertía que la no celebración del Consejo de Universidades dejaba bloqueada la tramitación del decreto de becas que el Gobierno iba a aprobar en breve.

Adelaida de la Calle, presidenta de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas.

Al día siguiente, la presidenta de la CRUE aseguraba que los rectores no se oponían a la austeridad económica porque las universidades son instituciones que se adaptan a la sociedad. “La universidad –dijo– está siempre dispuesta a hacer todo aquello que le pida la sociedad. Si ahora nos pide austeridad, seremos austeros, no nos oponemos lo más mínimo”. De esta forma respondía al ministro de Educación, al que todos los rectores españoles plantaron porque no había atendido a su solicitud de la convocatoria de una sesión extraordinaria del Consejo de Universidades para abordar las medidas de ajuste. La rectora de Málaga mostraba su “gran pena” porque nunca ocurrieron “desencuentros” como el de ayer entre los rectores y el Ministerio, a pesar de gobiernos de distintos signos políticos, y añadía que “últimamente” se estaba “perdiendo el respeto” a las universidades. Adelaida de la Cruz lamentaba que se estaba olvidando el “valor social” de la universidad, y presentía que “algo está ocurriendo en el ambiente” para que se llegue a este tipo de “tensiones” como la registrada entre el ministro y las universidades, instituciones que tienen ocho siglos. Antonio Ramírez de Arellano, rector de la Universidad de Sevilla, aseguraba: los rectores “no nos resistimos” a los recortes y agregaba que lo que pedían al ministro es cómo aplicar el decreto-ley porque estaba “lleno de inexactitudes y de defectos”, lo que hacía “difícil, sino imposible”, su aplicación.

Floriano y Wert.

“Con portazos –comentaba Carlos Floriano, secretario de Organización y Electoral del PP, al día siguiente de este barullo–, no se llega a soluciones”. Con esta frase afeaba la actitud de los rectores que decidieron plantar al ministro de Educación, José Ignacio Wert, en el Consejo de Universidades. El número 3 del PP opinó, en una reunión con Wert y los consejeros de Educación de su partido, que los máximos responsables de las universidades españolas “no estuvieron a la altura de las circunstancias”. Para Floriano, la decisión de la Asamblea de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas de no acudir a su encuentro con el ministro, fue una “pataleta” con la que están consiguiendo “retrasar el desarrollo [legal] sobre las becas”. Sin embargo, Wert decidía, finalmente, dar marcha atrás y atender las peticiones de los rectores. Calle, aseguró que los rectores “no se oponen a la austeridad”, pero sí a algunas de las medidas convalidadas el pasado 17 de mayo en el Congreso. En cualquier caso, los responsables de las universidades sólo buscaban el diálogo con Wert. “Mañana les llegará una carta convocándoles a una reunión la semana que viene con el mismo orden del día que la que se tenía que haber celebrado ayer”, explicaba Monserrat Gomendio, secretaria de Estado de Educación. Además, “sí tenemos intención de convocar el Consejo de Universidades extraordinario con el único punto del orden del día”.

Ignacio Escolar pregunta al ministro de Educación: “¿Qué quiere decir no tener recursos?. Yo se lo explico, señor Wert. En España hay un 22% de las familias que vive por debajo del umbral de la pobreza: una de cada cinco. Hay 11,5 millones de personas que ya están al borde de la exclusión social. El salario medio es de 22.511 euros brutos al año –poco más de esa “miseria” que se gastó Carlos Dívar de turismo en Puerto Banús– pero las medias son engañosas. En esta media entra también el sueldo de Rato, o el de Olivas, o el de usted. La realidad, señor Wert, es que el 60% de los trabajadores españoles no llega a mileurista, hay un 22% que no tiene trabajo y hay también 1.782.400 familias con todos sus miembros en el paro. El 60% de los españoles no llega a fin de mes. Aunque le parezca increíble, señor Wert, hay más de 50.000 familias que pierden su casa cada año; será porque no saben administrar sus recursos, que diría usted. Hay un 50% de los jóvenes españoles entre 18 y 34 años que viven en casa de sus padres, la mayoría porque no tienen otra opción. Hay medio millón de jóvenes que se emanciparon y, por culpa de la crisis, han tenido que dar marcha atrás y regresar al hogar familiar. Y hay dos millones de niños en España, ¡dos millones, joder!, que viven por debajo del umbral de la pobreza. Así es la España de hoy, señor Wert. Y debajo de estas cifras, de estos números, de estas crudas estadísticas, hay gente que lo pasa aún peor. Por eso es tan obsceno escucharle frivolizar con la extrema necesidad de tantas familias, con el esfuerzo que supone para tantos españoles que los hijos puedan ir a la universidad. Ya se quitan ‘recursos’ de otras cosas sin que usted se lo venga a explicar”.

En el pleno celebrado por el Consejo General del Poder Judicial el pasado jueves, Carlos Dívar, el presidente del mismo, rechazó dimitir y a dar explicaciones a la prensa. Durante el encuentro, 5 de sus miembros pidieron su renuncia frente a 7, que reclamaron la de José Manuel Gómez Benítez, el vocal que le denunciara por malversación. La exclusión de responsabilidades penales derivada de la decisión de la Fiscalía de archivar la denuncia contra Dívar “no exime –según los vocales que votaron en contra –de responsabilidades políticas” a éste y consideran “desafortunadas” las explicaciones del presidente que “no se ha disculpado públicamente hasta la fecha”. El otro grupo pidió la dimisión de Gómez Benítez, al que una parte del CGPJ acusó de “deslealtad” por no haber tratado en el seno del Consejo lo que él pensaba que era una actuación irregular de Dívar antes de denunciarle ante la Fiscalía. Entre los miembros del CGPJ que sumaron a esta petición, Almudena Lastra, Gemma Gallego, Concepción Espejel, Antonio Doriado, Claro José Fernández-Carnicero y la propia portavoz del Consejo, Gabriela Bravo. Carlos Dívar lamentó “el quebranto que todo esto ha supuesto al CGPJ, al Tribunal Supremo y a la carrera judicial”. Y, como católico ferviente y practicante, sabe que, con un acto de contrición, se le borra la pena y santas pascuas. El fiscal archivó el tema y todo quedó olvidado. Pero el caso de los 20 viajes a Puerto Banús de Dívar con un gasto de casi 13.000 euros durante los fines de semana ha quedado, según algunos entendidos “mal cerrado”, y puede traer cola. Como la pueden traer los viajes del rey a Botswana para cazar elefantes, por muy “arrepentido” que se sienta…

El rey quiso cerrarlo con un “Me he equivocado”. Pero, el gobernador de Florida, Rick Scott, saludaba el pasado martes a don Juan Carlos, recordando su safari en Botsuana. “Yo he montado en elefantes, pero nunca he disparado contra ellos”, exclamó al entrar a la estancia. Después de esta broma, el gobernador de Florida continuó recordando un viaje que hizo al país africano junto a su mujer. La polémica que despertó la cacería del rey en Botsuana parecía zanjada, según aseguraba Rajoy. Sin embargo durante a visita del gobernador de Florida, Rick Scott, a España le recordó al monarca la caza de elefantes en la que participó hace unas semanas. Y el rey, sin ayuda de sus muletas, le saludó sonriente, sin atreverse a hacer comentario alguno ante la prensa. Las disculpas del rey fueron la primera rectificación del monarca de 74 años en todo su reinado, un hecho que recibió tanto halagos como críticas. Durante su visita, el gobernador, presidente de una compañía de participación pública destinada al desarrollo económico de Florida, tuvo ocasión de abordar las perspectivas de la cooperación económica entre ambas partes y los preparativos para la conmemoración del quinto aniversario del descubrimiento de la península de Florida por el español Juan Ponce de León. “Si hice algo mal, me disculpo totalmente”, dijo Scott a la prensa nada más aterrizar el jueves en el Aeropuerto Internacional de Miami, procedente de Madrid, donde había liderado una misión comercial para tratar de estrechar los lazos comerciales entre España y Florida. Sin embargo, después de que IU enviara las preguntas que rechazaron en el Congreso sobre el viaje del rey, la contestación obtenido l es sólo una confirmación de su recibo y una negativa para responderlas, ya que forma parte de la privacidad del monarca.

Palco del Calderón con el Príncipe Felipe, José Ignacio Wert, Soraya Sáenz Santamaría y Ángel María Villar, entre otras personalidades.

Felipe de Borbón soportó impasible en la noche del viernes la bronca monumental que una gran parte de las aficiones del Barça y el Athletic de Bilbao dedicaron al himno nacional en el estadio Vicente Calderón, antes del arranque de la final de la Copa del Rey, así como las burlas hacia Don Juan Carlos de miles de aficionados, que mediada la segunda parte del encuentro, corearon cánticos sarcásticos sobre la polémica cacería del monarca en Botsuana. En el minuto 60 del partido, en la grada situada tras la portería que en ese momento defendía Pinto, guardameta del Barça, totalmente ocupada por hinchas barcelonistas, cientos de gargantas comenzaron a canturrear: “¡Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña, como veían que resistía fueron a llamar a otro elefante…!”. Miles de aficionados de ambos equipos se sumaron al coro. Don Felipe, impertérrito, no movió una ceja. Y supo mantener el tipo cuando una inmensa mayoría de las casi 55.000 espectadores que abarrotaban el estadio silbaron y abroncaron la versión reducida del himno nacional, apenas 27 segundos de acordes que fueron prácticamente eclipsados por el griterío ensordecedor. Ni siquiera los 100.000 watios de potencia de la megafonía del Vicente Calderón, esparcidos a través de 20 amplificadores, fueron capaces de disimular la protesta. Apenas un minuto antes de que el árbitro pitase el inicio del partido, las aficiones lanzaron gritos “Esperanza, hija de puta”, como respuesta a las polémicas declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que había calentado las vísperas del encuentro con su propuesta de suspenderlo y celebrarlo a puerta cerrada, si se producía la bronca contra los símbolos nacionales que, finalmente, ocurrió. Pero Esperanza no estuvo presente en las gradas. El partido terminó con la victoria (3-0) del Barça.

“Los niños no son recortables”, según la fotografìa del cartel que portaban los enseñantes en las manifestantes celebradas la semana pasada en Zaragoza y Barcelona, en protesta por las medidas gubernamentales de recortes en la educación. Unas 2.000 personas recorrieron las calles de Murcia en una manifestación improvisada y no autorizada, pero consentida por la Delegación del Gobierno. Uno de sus pancartas rezaba: “Yo no tengo la culpa de la crisis”. La última viñeta es de la SinRazón, diario independiente de desinformación general y nos muestra los “sin recortes” y la fotografía del único que se salvó de los mismos.

Los humoristas de esta semana presentaron sus dibujos: La Copa del Rey, de J. R Mora, Ferrand Martín y Fondevila. Así como las viñetas de Morales, Ortuño, Vergara, Erlich, Dacol, Forges, Juan Bosco Acevedo, y R. Varona.

Pep Roig, desde Mallorca, publica los suyos: “Dar de comer a los bancos”; “Noticias de Escalafandia”, “Indigente, en una cabina de un cajero automático”, “Sólo con esto acabaremos la violencia” y “Estudiar o estar enfermo”.

Terminamos con varios vídeos:

Según José Ignacio Wert, Ministro de Educación y Cultura “Evidentemente se pueden dar casos de familias que no tienen recursos para afrontar el pago de tasas, pero no tener recursos, pregunto una vez más, ¿que quiere decir? Que no se quieren dedicar recursos a eso en detrimento a usar recursos a otras cosas”.

El gobernador de Florida al Rey: "He montado en elefantes pero nunca he disparado contra ellos"