Lunes y viernes negros en la Comunidad Valenciana.
Dos Fabras fueron tristemente célebres
el lunes y el viernes en la
Comunidad valenciana: Carlos Fabra, expresidente de la Diputación de Castellón
de 1995 a
2011, condenado a cuatro años de cárcel, y Alberto Fabra, actual presidente de la Comunidad , quien manda
cerrar Canal 9, registrando sus periodistas una resistencia última de hasta
doce horas hasta que se funde a negro. Pero empecemos por el primero quien
protagonizara su lunes negro. Carlos Fabra, presidente de Aerocas (sociedad
pública que gestiona el aeropuerto de Castellón), uno de los
líderes del PP en la
Provincia , de sobra conocido por sus modales autoritarios,
fue procesado judicialmente por diversos delitos de tráfico de influencias, por
cohecho y por cinco delitos, siendo condenado sólo a cuatro años de cárcel por
defraudar 700.000 euros a Hacienda. Es el mismo personaje que, en julio de
2008, se mostraba fotográficamente, justo en el centro, como uno de los
importantes del PP valenciano y tiene a su derecha, a Ricardo Costa, a la sazón
secretario general del PPCV y a Mariano Rajoy, presidente del PP y hoy del
Gobierno, y a su izquierda, Francisco Camps, presidente de la Comunidad Valenciana.
“En la Comunidad
Valenciana –escribe Qaesar en El Ventano, al pie de esta fotografía–, posaron para sus
numerosos fans los miembros más destacados de esta banda de delincuentes. Todos
machos, por cierto. Allí soltó Rajoy aquello de que Fabra era ‘un ciudadano
ejemplar’. Hoy Fabra es un lastre para el PP a quien sus dirigentes han
abandonado a su suerte porque ya no es rentable. Así son las reglas de la mafia
en todo el mundo. El capo mayor de la zona acaba de ser condenado a una pena tan
ridícula que hasta el tipejo se ha reído de ella. La perfecta representación
del cacique mafioso de hace medio siglo. El más cutre, el más rancio, con esa
pinta de macarra seboso y la cabeza a rebosar de brillantina, sin acudir a
sofisticadas ingenierías financieras, ha sido capaz de poner en ridículo la Justicia española. Algo
similar a lo que logró Al Capone”. Más de cinco años más tarde, el ex líder del
PP de Castellón es hoy condenado por los jueces. A una pregunta de los
periodistas, Carlos Fabra contesta: “Rajoy no me ha llamado ni tiene por qué
hacerlo”. Asegura, orgulloso de sí mismo, que, el mismo lunes recibió más de
700 llamadas y sms 'de cariño'. Y añade, sobre la instrucción judicial: “No sé
dónde está el infierno pero sí cuánto dura: 10 años”…
Carlos Fabra,
durante la rueda de prensa tras la sentencia a cuatro años de cárcel.
Ante la sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón que le condenó a cuatro años de cárcel por cuatro delitos contra la Hacienda Pública cometidos entre los años 1999 y 2004, el expresidente de la Diputación de Castellón, en una rueda de prensa en un hotel de Castellón, cree haber sido víctima de una "cacería político- mediática". Carga contra los medios que se han dejado "llevar por las ejecuciones a pie de plaza" y defiende que el veredicto demuestra que era inocente. En poco más de 15 minutos, no acepta ciertas preguntas de los periodistas y se limita a responder sólo las que más le convienen: "Mi esposa y yo respetamos la sentencia, aunque no estemos parcialmente de acuerdo con ella. Han pasado más de 3.600 días, casi diez años, desde que un sujeto animado por dirigentes socialistas propició el inicio de una cacería político mediática contra mí". Niega haber presumido que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, le hubiera calificado alguna vez como "ciudadano y político ejemplar". En cualquier caso, para él, la sentencia manifiesta que "mi actuación política fue correcta" y que, "en todo este tiempo, se nos ha desposeído a mí y a mi familia de las garantías del Estado de Derecho, de la presunción de inocencia y se me ha condenado, sin que hubiera ningún tipo de pronunciamiento de un tribunal". Puntualiza que "no son cuatro años de cárcel, sino uno por cada delito que se me imputa". Dice que no esperaba ir al trullo, pero que no tenía miedo ninguno. "Espero no ir a la cárcel, hace años que me afeito. Y espero ganar en el Supremo o por amparo en el Constitucional", llega a decir. "Si a cualquiera de ustedes la inspección fiscal les hace más de 100 inspecciones en un año, seguro que les encuentran algo", acaba por confesar a los periodistas, justificando así su condena. A continuación, agradece a los familiares, amigos, votantes del PP y periodistas, que "han sido ajenos a estos ataques sin cuartel" y que le han "alentado a seguir en la brecha", defendiendo su "inocencia, compromiso y honor tantas veces pisoteados".
Carlos Fabra,
se defiende, pese a todo.
Quien fuera máximo mandatario de
la provincia de Castellón durante casi dos décadas ni contempla pedir el
indulto, ni abandonar su cargo público como secretario general
de la Cámara
de Comercio de Castellón, obtenido mediante proceso de oposición. Anuncia que
devolvió voluntariamente su carné de afiliado al PP. “Hubo un momento –desvela–
que me planteé dejar la política. Y, tras hacerlo ahora, no echo de menos el
cariño del PP, porque hay gente que sí me da cariño. Me siento arropado. Tengo
buena defensa y el cariño de mi gente”. Sobre las dilaciones del proceso de
Instrucción judicial, asegura que “la investigación pericial debió durar 365 y duró más
de mil”, después de que “un sujeto emprendiera una persecución
contra mí, con el apoyo de los socialistas”, advierte. El ex líder político se
ciñe a un comunicado en el que agradece a su familia porque, en estos 10 años,
ella le había ayudado a mantenerse firmes. Y da las gracias “a los medios que han afinado la escritura de una
manera veraz”.
Fabra aseguró no haber nunca presumido del apoyo
del presidente del Gobierno para el cual él era un “ciudadano ejemplar”.
Tras el fallo judicial, Carlos Fabra confirma que todavía no ha hablado con el presidente del PP de la Comunitat Valenciana, ya que no tiene por qué hacerlo. "Y menos ahora, que ya no soy afiliado". Dice que Mariano Rajoy, quien había asegurado, en julio del 2007, que se trataba de un "ciudadano ejemplar", no le ha llamado. Reconoció que el proceso se inició por la denuncia del empresario Vicente Vilar, y que desembocó, en una "cacería político-mediática". Recuerda que, si se hubiera "dejado llevar por los acontecimientos", habría presentado su renuncia y se habría marchado a su casa. Pero entonces, "todo" lo que había hecho este tiempo "habría desaparecido". Repite que cuando, hace unos años, su partido auspiciaba un plan integral por la limpieza democrática, jamás adoptó medidas contra él. Rajoy usó el calificativo de "ejemplar" a dos metros del interesado, que le observaba a través de sus gafas oscuras, sin mostrar nerviosismo alguno. El líder del PP aseguró que Carlos Fabra había recibido el apoyo de los castellonenses a través de las urnas y que "está aquí porque lo ha merecido". Llegó a recomendar "más prudencia al hablar de las personas". Y había acabado disculpando al presidente de la Diputación de Castellón, cuya familia estaba presente en el gobierno de esta institución desde hacía cinco generaciones, porque "nadie ha dicho en ningún tribunal que sea culpable. Cuando los tribunales toman decisiones, las respetamos y acatamos, y, mientras no las toman, todos somos iguales", había aducido Rajoy, al tiempo que pedía respeto a la presunción de inocencia del presidente de la Diputación castellonense y calificaba de "dramático" lo sucedido en Estepona. Durante la presentación en Estepona del decálogo contra la corrupción, Soraya Sáenz de Santamaría, a la sazón portavoz parlamentaria del PP, había declarado: "Es una vergüenza que se produzcan casos como los de Estepona, Marbella o Seseña porque hay políticos que sí trabajan para servir a los ciudadanos": Y había clamado contra el PSOE, que vio cómo su alcalde, Antonio Barrientos, acababa esposado camino de la cárcel. Sáenz de Santamaría avanzó entonces que el PP promovería un "mayor control en los ayuntamientos con la evaluación de los servicios públicos" y advirtió a los alcaldes socialistas de "que todo se va a revisar".
¿Quién paga los tres guardaespaldas
de Carlos Fabra?
Hoy Fabra se lamenta: “Se me ha
privado de la presunción de inocencia y se me ha condenado sin esperar las
decisiones judiciales”. Sin embargo, dice haberse sentido fuerte” y resalta que
la sentencia manifiesta que su actuación política “fue correcta”, ya que “no
hubo corrupción, ni cohecho, ni tráfico de influencias” por lo que “nada enturbia
mi etapa en la vida política”. En cuanto a los delitos fiscales, Fabra sigue creyendo
en su inocencia y en la de su ex esposa, condenada a dos años por dos delitos
fiscales. Muestra su deseo de “no ir” a prisión y su confianza en el Tribunal
Constitucional, “proclive al reconocimiento de la prescripción”, porque “no se
puede llevar por la calle de la amargura a un administrado”. El ex presidente de
la Diputación
reconoce que ha sido “doloroso” solicitar la baja como militante en el PP, cosa
que había hecho por “coherencia”, ya que siempre había mantenido que, cuando
tuviera una sentencia, aunque no fuera firme, la solicitaría. Lo que no aclara es
quién costeó a los policías municipales de Castellón en excedencia, pagados por
la Diputación
hasta 2011, cuando el político hoy condenado dejó de ser su presidente. Antes
de ser conocido como “el cacique de Castellón”, se había ganado otro título. Se
le llamaba “el Sheriff del condado” porque así empezó a ser notoria su carrera
política, siendo concejal de seguridad del ayuntamiento de Castellón. Eso le
dio la posibilidad de conocer muy a fondo a los policías municipales de la
ciudad, y a seleccionar entre ellos a los que quería a su lado cuando saltó de
cargo. De esta manera, cuando se convirtió en Presidente de la Diputación , el
Ayuntamiento y la
Diputación de Castellón firmaron un convenio por el que la
ciudad ‘cedía’ tres de sus policías municipales que, a partir de ese momento,
pasaban a estar en excedencia y se convertían en los ‘guardaespaldas’ de Carlos
Fabra. Era a mediados los años noventa. Según parece, no fue Interior quien los
nombró. Pero los guardaespaldas de Fabra se han mantenido como si fueran “de
confianza personal”, pagados por la Diputación hasta el año 2011. Hace unos días,
Radio Castellón informaba de que tanto el Ayuntamiento de la ciudad como la Diputación o la Cámara de Comercio
provincial, a preguntas de la emisora, habían negado ser ellos quienes pagan a
los guardaespaldas. Así, pues, ¿quién los pagaba? El Partido Popular, tanto a
nivel local como nacional, también negó estar costeando a los guardaespaldas.
Si era el propio Carlos Fabra quien hacía frente a este gasto, durante los dos
últimos años, resultaría contradictorio con sus declaraciones en las que
asegura no tener dinero para hacer frente a la multa, de casi 700.000 euros,
que le ha impuesto la
Justicia por fraude fiscal. Según fuentes de Elplural.com,
“algún empresario amigo” podría estar costeando ese gasto.
“Carlos Fabra –titula en Eldiairo.es
Ignacio Escolar, fundador y primer director de Público, autor de Escolar.net,
analista político en radio y televisión–: el delincuente ejemplar. No sólo es el
símbolo de la corrupción del PP, de un modelo caciquil, casposo y autoritario
que, para nuestra vergüenza democrática, fue aplaudido por los ciudadanos en
las urnas. Carlos Fabra también simboliza como nadie la tolerancia de la
derecha con la corrupción, la complicidad del partido con sus manzanas
podridas, la absoluta protección del PP con los suyos, salvo que cometan el
único pecado mortal en el partido: romper la omertà y denunciar al
resto, como hizo Bárcenas. Hasta entonces, todo lo demás es perdonable. ‘Es un político
y un ciudadano ejemplar para el PP y para los ciudadanos de Castellón’, dejó
dicho Mariano Rajoy en julio de 2008,
a pesar de que las
evidencias ya eran entonces incontestables. Le avalaban las urnas y,
para Rajoy, eso era más que suficiente. La Comunidad Valenciana
era entonces el ejemplo a seguir, junto con la
gestión de Jaume Matas en Baleares. Todo tan limpio y ejemplar como
un estercolero”.
Ignacio Escolar prosigue en su
escrito: “La complicidad del PP con la corrupción ni siquiera ha terminado con
una sentencia donde queda probado que Carlos Fabra es un ejemplo de
delincuente; un político corrupto que, junto a su exmujer, ingresó en sus
cuentas 3,3 millones de euros de procedencia desconocida mientras presidía la Diputación de Castellón. Hasta ahora, las
responsabilidades políticas se equiparaban con las penales para esquivarlas
hasta que el juez hablase. Ahora dan igual
incluso las sentencias, al menos para la secretaria general del PP. Para María Dolores de Cospedal no basta con una condena
judicial. Es necesario, al parecer, que no quede posibilidad de recurso, y
hasta entonces todo el mundo es ejemplar y honrado. Obviamente, esto sólo se
aplica para los amigos; ya saben, la famosa ley del
embudo. Para demostrar la culpabilidad de los demás, basta con que
lo diga Esteban González Pons. La condena sigue los pasos de otros famosos
delincuentes. Don Carlos Fabra cae, como Al Capone, por delito fiscal. El
tribunal no ve probada la conexión entre esos millones sin declarar, que
milagrosamente aparecían en su más de un centenar de cuentas corrientes, y el
cargo que desempeñaba. Pese a la condena, la sentencia es decepcionante. Al
parecer, según la Justicia
y las leyes españolas, un político desde un cargo público remunerado puede vender
‘consultoría’ a empresas privadas sin cometer delito alguno. Si la
ley es así, es urgente reformarla. Y si es el tribunal quien aplica las leyes
como si fuesen un rollo de papel higiénico, es la Justicia la que de nuevo
nos falla”.
Bajo el título: “Defensa del
ejemplar Carlos Fabra”, escribe Isaac Rosa en Zona Crítica: “Si uno coge a toda
la fauna de imputados e imputables del PP en los últimos años, Fabra parece el
trigo más limpio de todo ese campo de malas yerbas. Apenas tiene vínculos
pequeños con Gürtel (y, encima, le apodaron ‘el tuerto’), solo sale en los
papeles de Bárcenas en un apunte menor (una donación
que él hizo al partido), no se le conocen cuentas en Suiza, no ha usado las
puertas giratorias que su partido mantiene tan bien engrasadas, y no fue
consejero de ninguna caja de ahorros saqueada. ¡Pero si ni siquiera fue a la
boda del Escorial! ¡Es un pringao! Sí, no hace falta que me recuerden sus méritos:
ha sido durante años el cacique de Castellón, ha manejado la provincia como su
cortijo, ha usado todos los resortes públicos para colocar gente afín y comprar
favores, ha despilfarrado recursos en proyectos ruinosos, se ha chuleado a
todos su oponentes políticos, y a lo anterior sumen sus negocios turbios de los
que ha conseguido salir limpio hasta ahora, y los delitos fiscales ya condenados….
El aeropuerto del abuelo, sin
aviones, junto al cual hizo levantar un
monumento de 25 metros
de altura y 20 toneladas de peso.
“Pero aun así –prosigue Isaac
Rosa–, insisto: si lo comparamos con quienes se llevaban sobresueldos y dietas,
quienes repartían lo público entre sus amigos, quienes hundieron las cajas y
encima se fueron con indemnización, quienes llenaron su región de Calatravadas
multimillonarias, quienes trasiegan millones hacia Suiza y otros paraísos,
quienes se codean con el poder económico y se ponen a su servicio; comparado
con un Jaume Matas, un Bárcenas, un Blesa o un Lamela, Carlos Fabra es un
ciudadano y político ejemplar. ¡Si hasta su yerno es más peligroso, ese Juan
José Güemes que con su cara de buenecito entregó nada menos que la sanidad
pública madrileña al negocio privado! Fabra es un cacique, sí. De hecho, es ‘el
cacique’, como una especie en extinción, un vestigio de otro tiempo. La suya es
una corrupción antigua, de provincias, de las que ya apenas quedan, frente a la
corrupción 2.0 de los más listos. Carlos Fabra enseñándole a su nieta ‘el
aeropuerto del abuelo’. Carlos Fabra colocando gente y reconociéndolo con
orgullo. Carlos Fabra engañando a Hacienda con la torpeza
de quien no está al tanto de lo último en ingeniería financiera. Carlos Fabra
recurriendo al viejo truco del billete de lotería premiado. Carlos Fabra
visitando el ministerio de Sanidad para agilizar unos permisos, como si fuera
un personaje de Cuéntame (….)
Ha sido el pimpampún de la prensa y la oposición, con su aspecto de mafioso de
comedia, caricaturesco, pese a ser uno más (y no el peor) en una auténtica Tierra de
saqueo como la Comunidad Valenciana. Consintió que su aeropuerto
de pueblo fuese el símbolo mundial del despilfarro, como si no hubiera
derroches muy superiores por todo el país. Carlos Fabra es un corrupto de ley,
que no falla a los suyos. No como sus compañeros, que le han dado la espalda en
cuanto le han caído cuatro añitos de nada. Ya sentirán la mala conciencia y le
acabarán dando un indulto de tapadillo. Qué menos".
Un grupo de policías en la
entrada del canal autonómico.
Y mientras Carlos Fabra,
condenado por la
Audiencia Provincial de Castellón, trataba de hacer
manifestaciones para salvar su imagen semihundida, el Gobierno valenciano ponía
en marcha, en la noche del jueves y el viernes, la liquidación de Radio
Televisión Valenciana (RTVV), tras 24 años de existencia, con el 'apagón',
muerte y silencio definitivo de Canal 9 y Nou Ràdio. Ésta, poco antes de la
medianoche del jueves, dejaba de emitir en sus frecuencias habituales de
Alicante, Castellón y Valencia. Aunque, en ese momento, parecía que el fundido
a negro de la televisión podía ser inminente, los
trabajadores se hicieron fuertes en las instalaciones y evitaron el primer
intento de cierre. El canal público continuó en directo tras exhibir durante toda
la madrugada una programación especial en la que desfilaron rostros proscritos
en los años de manipulación informativa y mala gestión económica, impuestos por
los dirigentes del PP.
“He venido a elaborar un informe
sobre lo que habría que hacer para cortar las emisiones –asegura Paco Signes,
conocido por el apodo ‘Paco Telefunken'–, pero he decidido volver a casa al ver
el cariz que toma todo esto”. El técnico, que ha sido reclamado para informar
sobre la forma de cortar las emisiones de la televisión autonómica valenciana,
se niega a desarrollar el trabajo requerido y abandona el centro de producción
de programas de Burjassot “por decisión
personal”. Paco reconoce que trabaja en la electrónica pero “no estamos para
estas cosas". Este técnico accede de madrugada al centro de producción de
programas junto a los liquidadores designados por el Gobierno valenciano, pero
los trabajadores les impiden el
acceso a la sala de control de la televisión desde donde se podía
desconectar la señal. Posteriormente, los trabajadores forman un cordón e impiden
también el acceso a la sala de los agentes de la policía. A la espera de que
llegue la orden judicial para cortar las emisiones, durante toda la madrugada,
RTVV narra en directo su cierre y mantiene tertulias con representantes de la
oposición. Ningún político del PP quiere acudir. La radio autonómica sigue
emitiendo en Internet, con la misma señal de audio del estudio central de la
televisión autonómica cuyo cierre había sido decretado por el Gobierno
valenciano tras 24 años de emisiones. Un decreto que causó cierto “bochorno” y
una honda preocupación en las propias filas del PP por las funestas consecuencias que esa
"chapuza" puede acarrearle al PP, ya
muy debilitado en las encuestas, en las próximas elecciones autonómicas,
según reconocen fuentes del partido.
Los agentes de la Policía entran en la noche del jueves en la sede de Canal 9, en Burjassot, para ejecutar el cierre de la cadena. Pero el canal público emite, durante toda la madrugada, una programación especial. Tras la negativa de Paco Telefunken de desconectar la conexión, se producen dos intentos de cortar la emisión en la central de control –el "corazón" técnico de la cadena–. La televisión valenciana cuenta los rápidos acontecimientos y entrevista a los numerosos miembros de los partidos de la oposición que expresan su rechazo al cierre. Ante las cámaras de Nou, se alternaron las intervenciones de los representantes del comité de empresa y de otros empleados, denunciando "el golpe de estado mediático". A Ximo Puig, secretario general del PSPV, esa noche le recuerda el 23F. Enric Morera, portavoz de Compromís en las Corts, Mònica Oltra, portavoz adjunta, Marga Sanz, coordinadora de Esquerra Unida, coinciden, entre otros, en que ahora comienza una batalla legal contra el cierre. Para Joan Lerma, expresidente de la Generalitat, el cierre es un error social pero también económico. A las 03.00 horas, los empleados empiezan a recibir correos electrónicos en los que se les informa de que la empresa les da un "permiso retribuido". El Consell intenta llevar a la práctica la resolución, del pasado 5 de noviembre, de cerrar RTVV, siete horas después de que se hiciera pública la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana de anular el
Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectaba a un millar de trabajadores del ente. El Juzgado de Instrucción número 1 de Paterna ordena el desalojo "inmediato" de las instalaciones de RTVV en Burjassot. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana advierte que si no se produce de forma voluntaria será "por la fuerza policial". Los trabajadores de RTVV impiden a los liquidadores que accedan al centro de control donde están los cables para cortar las emisiones y denuncian que se les ha intentado impedir que grabaran esas imágenes. Posteriormente, los trabajadores forman un cordón frente al control central de la televisión para que no entre la Policía, que, finalmente, se retira entre gritos de "no se cierra". El PSPV-PSOE pide al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana la suspensión cautelarísima del cierre por la "gravedad" de la decisión que causará "daños irreparables tanto a los trabajadores como a la sociedad valenciana". Así lo explica el secretario general de los socialistas valencianos, Ximo Puig, quien señala que "en unos minutos" presentará en el TSJCV la impugnación del acuerdo del Consell publicado en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) por el que se acuerda el cese de las emisiones. Puig señala que basa su posicionamiento en que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, "legalmente, no puede ser el que cierre la televisión" sino que deben hacerlo "los liquidadores" pero éstos "no están ni inscritos en el Registro". De este modo, lamenta la "velocidad" con que "quieren poner fin a este cierre que no se ajusta a la ley". A su juicio, ese es un día "nefasto", y denuncia que el Consell "está provocando una tensión enorme, impropia de un gobierno democrático".
A las 12 horas y 19 minutos de la mañana del viernes
un operario subcontratado desconecta la corriente eléctrica, provocando un
grave daño a los equipos de alta tecnología. Con ello se inicia la muerte en directote
de Canal 9. La Policía ,
acompañada por los liquidadores nombrados por el Consell, desaloja, por orden
judicial, a los trabajadores del medio que durante toda la
noche emitieron una programación especial ante el inminente fundido a negro de
las emisiones. El Juzgado de Instrucción número 1 de Paterna ordena el desalojo
“inmediato” de las instalaciones. Una decisión producida con el informe
favorable de la
Fiscalía. Veinticuatro años de historia se funden en negro para siempre. Los trabajadores
prorrumpen en gritos, en valenciano, de “¡No tenéis vergüenza!”, “¡Fabra
dimisión!” y “¡Ladrones!” Dentro del edificio hay varios centenares de trabajadores y fuera de la
valla perimetral, otros 200 a
los que no se les permite la entrada. En el plató donde se emitió
el programa especial hay varios diputados de la oposición en Les Corts
Valencianes (PSPV, Compromís y Esquerra Unida), respaldando a los trabajadores.
Los periodistas, que se han mantenido parapetados en la sede, prorrumpen en
gritos y protestas por la presencia de los policías nacionales y los
liquidadores, que proceden al desalojo y cierre de la emisión. Nou emite en directo
todo el proceso hasta que cortan la emisión. Vicent Mifsud, residente del
comité de empresa, declara: “Vamos a recuperarnos de este golpe Recuperaremos
la televisión de los valencianos. Podemos mirar a la gente con la cara bien
alta”. Al grito de “RTVV volverá”, los trabajadores abandonan el ente público y
llaman a la sociedad valenciana a protestar y a pedir explicaciones a los
responsables del cierre.
Ignacio
Escolar escribía el pasado 8 de noviembre el artículo “Valencia, radiografía
del hundimiento” que reproducimos por su interés: “Lo sorprendente no es que el
PP, según las encuestas, vaya a perder la mayoría absoluta en la Comunidad Valenciana.
Ni tampoco que vaya a dejar de gobernar la Generalitat porque ni
siquiera con UPyD sumaría los votos necesarios. Lo que más alucina de los
resultados de la encuesta electoral que hoy publicamos es que todavía hoy, en
una comunidad que se ha convertido en un ejemplo mundial de corrupción, mala
gestión y despilfarro, el PP sea capaz de ganar las elecciones. Es verdad que
el trabajo de campo de esta encuesta fue hecho antes de que el cierre de Canal
9 subrayase aún más las miserias valencianas. Probablemente hoy el resultado
sería aún peor para la derecha, que presentó su gestión como el ejemplo a
seguir y ahora está con el agua al cuello. Hablamos de una Generalitat
valenciana que debe hasta callarse, después de haber despilfarrado a manos
llenas. Las cifras son espeluznantes:
Fotomontaje
de las autoridades valencianas, todas ellas del PP, responsables de los colosales
proyectos que se convirtieron en grandes desaguisados, con Rajoy, presidente
del PP y hoy presidente del Gobierno.
“1.200
millones de agujero en Canal 9. Por comparar, la deuda de todas las demás
televisiones autonómicas juntas apenas llega a los 500 millones. 1.200 millones
enterrados en esa Ciudad de las Artes y las Ciencias, instalaciones tan
caras como infrautilizadas. Este año, perderán 52 millones más. 300 millones en
la Ciudad de la Luz , un megalómano estudio de
cine que lleva más de un año cerrado. 300 millones en la Fórmula 1. La cifra es
aproximada porque, en el colmo del abuso, la Generalitat se niega a
dar los datos exactos. Más de 350 millones para el fútbol. La Generalitat valenciana
es incapaz de pagar a sus propios proveedores, pero es la propietaria directa o
indirecta de la mayor parte de los clubes de fútbol de la zona. 150 millones en
el aeropuerto peatonal más famoso del planeta, el de Castellón. Más de dos años
después de su inauguración, el único avión que se ha visto por allí es el que
corona la estatua de Carlos Fabra, ese nuevo Ozymandias. Este año hay
presupuestado otro medio millón más para arreglar las goteras del enorme
edificio vacío. Solo en informes para el aeropuerto, la Generalitat gastó 17
millones. 15 millones al arquitecto Santiago Calatrava por una maqueta, por el
proyecto de otro de esos edificios “emblemáticos” –cómo cambia hoy el
significado de esa misma palabra–. Alrededor de 3.000 millones por el agujero
de la CAM , esa
caja cuyos directivos planeaban fugarse con el dinero al Caribe. 30 millones en
el saqueo de la empresa de aguas de Valencia, Emarsa. El dinero se evaporó,
despilfarrado en casas, hoteles de lujo y prostitutas. ¿El resultado? Que hoy
el canon del agua ha subido un 40% para poder pagar aquella fiesta. 4.500
millones en el Banco de Valencia, un dinero inyectado por el FROB antes de vender
la entidad por un euro y al que hay que sumar casi mil millones más en otras
ayudas. El presidente de Banco de Valencia –y de la también quebrada Bancaja–
era José Luis Olivas, expresidente de la Generalitat tras la salida de Zaplana cuyo mayor
mérito para el cargo fue no pelear con Francisco Camps por continuar en ese
sillón. 377 millones en Terra Mítica, un ruinoso parque de atracciones,
impulsado de aquella manera por Eduardo Zaplana, que después ha sido vendido
por la sexta parte de lo que costó. 12 de millones de euros en la visita del
Papa, un dinero que sirvió también para engordar a la trama Gürtel a través de
Canal 9. Son solo algunos ejemplos. La lista completa es mucho más larga y al
otro lado de la balanza están esas miles de familias a las que la Generalitat no paga,
esos colegios que no tienen ni para calefacción, esos proveedores a los que
deben más de un año, esos ciudadanos que sufrirán durante décadas este agujero.
Decía el PP que había que situar a Valencia en el mapa del mundo. Lo lograron.
Hoy es el mayor parque temático de la corrupción y el despilfarro".
La BBC mira a Valencia para
explicar el ´crack´ español.
The spanish crash, emitido el pasado
domingo en la BBC 2
de Reino Unido, retrataba las fastuosas
obras valencianas que definía como “costosas y poco útiles para los
ciudadanos”. En el repaso no podían faltar La Ciudad de las Artes y las Ciencias que llenó los
bolsillos de Santiago Calatrava antes de irse a Suiza, las infraestructuras
inútiles para la America ’s
Cup o el Aeropuerto de Castellón sin usar. El reportaje relacionaba el despilfarro
en la Comunitat
Valenciana con las dificultades del Gobierno de Alberto Fabra
para pagar a sus proveedores, con sectores como el de las farmacias con serios
de problemas de viabilidad ante los impagos de la Administración. El
documental incluye la visita del periodista Paul Mason a bordo del autobús de la Ruta del Despilfarro. “¿Cómo
se puede permitir Valencia algo como esto?”, se pregunta el periodista. “A
medida que el boom económico crecía, los proyectos se hicieron más y más
excesivos”, critica el reportaje al hablar del aeropuerto de Castelló, que “ha
costado 150 millones y no ha aterrizado ni un avión”. Son ejemplos de las
grandes obras públicas construidas en busca del “prestigio” español. En el
reportaje de la BBC
se habla también de las políticas de austeridad y de los impagos de las
administraciones. Y enfoca su punto de mira en la Comunitat Valenciana ,
donde relaciona el gasto “excesivo” con las dificultades de “la región más
endeudada de España” para pagar a sus proveedores. Otras duras
imágenes aparecen como los colegios públicos en barracones o los testimonios de
valencianos sin recursos que acuden a bancos de alimentos para comer. El
documental movilizó a la ‘artillería’ del PP contra la cadena pública británica.
La Embajada
de España en Londres, la que ocupa el exministro Federico Trillo, remite una
nota de protesta a Paul Mason, editor de Economía del programa This World,
en el que se enmarca el reportaje sobre la crisis española. En la nota, según apunta ABC, se insta a Mason a que eleve la
queja a sus superiores ante lo que consideran “contenido parcial del reportaje,
ya que refleja sus debilidades económicas pero no sus fortalezas”. En el
documental. de una hora, se usa la corrupción de los políticos valencianos y
sus buenas relaciones con las cajas de ahorro locales como Bancaja para explicar
la actual crisis de deuda de la
Generalitat y del sistema financiero. “Los gobiernos locales
decidían qué era terreno construible y qué no, y esto fue un foco de corrupción”,
asegura uno de los expertos que aparece en el reportaje, donde también se apunta
al descontrol de las cajas de ahorro como causa de la crisis.
En la sección de fotomontajes,
presentamos a un personaje de gafas oscura que repite hasta la saciedad: “No
voy a pisar la cárcel”. Le siguen otros de Génova Street. Rajoy se lamenta de
que le llaman “golpista”. Y otro de D’Artagnan y los tres mosqueteros. “Servidor
no tiene el menor interés por estas ‘biografías’ –escribe El rincón del
náufrago, que aporta esta fotomontaje–, ni desea enterarse de lo que ya hemos
vivido. Las memorias, ‘desmemoriadas’ algunas, ya no nos animan. Los hechos,
deshechos o mentidos que dejaron, no nos gustan que los repitan. Esas
biografías quizá les interesen a ellos mismos porque dispondrán de tiempo libre
y bien remunerado. Supongo que ‘Planeta’
y los 'asteroides' que les rodean aprovechan la circunstancia para engrosar los
míseros subsidios y duros trabajos que les mantienen”.
Erlich nos presenta sus
viñetas habituales:
Le sigue el humor semanal, presentado por los dibujantes
de lo cotidiano: El Roto, Peridis, Forges, Ferrán, Fontdevila, J. R. Mora, Pat
y A. López.
Pep Roig dibujó: El gran
hermanastro, Política trampa, El saqueo persistente, Los derechos, una reliquia
del pasado y Seguros y apaleados (Nuevas multas de 30.000 euros por ultraje a
España o injurias graves contra autoridades).
Terminamos ya con cuatro vídeos. En el primero, los trabajadores de Canal Nou se enfrentan a policías que pretenden entrar al control central de RTVV para cortar la emisión de la cadena pública valenciana.
En el segundo, Canal 9 muere con sus trabajadores encerrados en los estudios, gritando “Això és un cop d'Estat!”[“¡Esto es un golpe de Estado!”. La Policía entró en las instalaciones de RTVV por orden judicial para ejecutar el cierre del canal.
El tercero es una procesión en Galicia, en otoño del 2013. Llueve, ¡Cómo no! No hay todavía nieve, pero sí castañas y cerdo. Una procesión en honor al santo alrededor del templo. La pequeña banda hace sonar la música. Y una fanfarria se cuela. Es la Fanfarria Taquikardia, que toca “A las barricadas” y la banda sonora de “El coche fantástico”, convirtiendo la procesión en hereje. El cura no dice nada y se deja llevar por la música que suena. Al final, expresa en su gesto que no está de acuerdo. Surrealismo en su estado puro. Ni Fellini lo hubiera logrado...
El cuarto y último está registrado en Sabadell. Son las seis de la tarde del 19 de mayo del 2012. También aparece una banda que interpreta El himno a la alegría de Beethoven.
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