Un juez hace tambalear a Air Europa.

 Juan José Hidalgo, presidente de Air Europa.

Eloy Velasco, titular del juzgado número 6 de la AN.

El juez Eloy Velasco prosigue la instrucción de una causa que ha hecho tambalear al gigante español de los viajes. La Audiencia Nacional continúa investigando el caso de los billetes fraudulentos emitidos por Air Europa. A finales de mayo, el magistrado solicitó al Ministerio de Fomento que aclarara la cantidad de dinero que habría defraudado el conglomerado Globalia, del que depende la aerolínea y varias agencias de viajes, en la emisión de billetes a bajo precio cuya subvención el grupo luego reclamó al Gobierno como si hubieran sido vendidos más caros. Fomento tenía el encargo de dilucidar si la cifra supuestamente defraudada estaba más cerca de la que apuntaba la consultora Price Waterhouse Coopers (PwC), que actuaba por encargo de Air Europa, o era más aproximada a la que señalaba la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional, responsable de las pesquisas que dirigió la Fiscalía de la Audiencia Nacional antes de interponer una querella. La conclusión del Ministerio es intermedia, ni para ti ni para mí. De esa manera, Fomento concluye que la cantidad supuestamente defraudada por Air Europa se sitúa entre la que calculó PwC y la que estableció la UDEF. La cantidad se refiere exclusivamente a la presunta estafa denunciada por el Ministerio Público, que en su querella contra la aerolínea y su propietario, Juan José Hidalgo, aseguró que la compañía habría estado vendiendo miles de billetes a las islas (Canarias y Baleares), a Ceuta y a Melilla a bajo coste o gratuitos para luego informar al Ministerio de que su precio era superior y cobrar así la subvención que por ley reciben los residentes sobre esta última cifra.

Fomento ya exigió a Air Europa el reintegro de 13,5 millones de euros por este supuesto fraude -que la compañía denomina “error de interpretación” de la normativa- y por otro relativo a los acuerdos establecidos entre la aerolínea y clubes deportivos de las islas, prácticas ambas realizadas por el grupo Globalia desde 2009. El montante fue, de inmediato, abonado por la compañía, que saldaba así las cuentas con el Ministerio después de que la Dirección de Aviación Civil dedicara más de dos años a analizar, billete por billete, los boletos emitidos. Air Europa ya consignó voluntariamente, sin que se lo pidiera el juez, 21 millones de euros ante el Juzgado Central número 6 con el fin de demostrar su intención de colaborar con la justicia y en previsión de la cantidad que finalmente establezca la Audiencia Nacional como multa.. Desde la compañía, se insiste en que nunca ha habido mala fe por parte de Air Europa en la emisión de los billetes y que, como declaró el propio Hidalgo en sede judicial, la confusión radica en el citado “problema de interpretación” de la ley.

La investigación de este supuesto fraude se inició tras la denuncia interpuesta tanto ante Aviación Civil como en la Fiscalía, en 2013, por la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV). Esta solicitó posteriormente personarse en la causa abierta por el magistrado, aunque sin éxito, ya que el instructor le pidió una fianza de 100.000 euros que la asociación está aún tratando de recopilar. Fuentes jurídicas destacan que el Código Penal permite a los responsables de fraudes en las subvenciones ver reducido su castigo en uno o dos grados siempre que, antes de que transcurran dos meses desde que sean citados, reintegren la suma supuestamente defraudada más los correspondientes intereses de demora y reconozcan judicialmente los hechos. En ese caso, la pena prevista, de uno a cinco años de prisión, se quedaría en una horquilla de entre tres meses y un año, con lo que los acusados no entrarían en ningún caso en la cárcel. Pero, por el momento, el juez mantiene imputados a la mercantil, a Hidalgo y al director comercial de Air Europa, Richard Clark, en el marco de esta causa.