Que paguen los que más tienen.

De izquierda a derecha, José Antonio García Rubio, secretario de Economía de IU; Manuel Gil, técnico de Hacienda; Cayo Lara, Carlos Cruzado, presidente de Gestha, y el diputado Gaspar Llamazares, en la sala Clara Campoamor del Congreso.

Mañana, viernes, el Consejo de Ministros aprobará las cuentas de 2011. Tres días antes, IU mostraba sus cartas ante el posible pacto del Gobierno con el PNV. Y presentaba, en rueda de prensa, una propuesta más acabada, avalada por el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), en torno a la modificación del IRPF y a la reforma de 2006. IU proponía que, desde 2011, a los contribuyentes con rentas mayores a 60.000 euros (en lugar de los 53.407,20 euros actuales), se les subiera el tipo del 43% al 45%. Además, planteaba crear un quinto tramo, para las declaraciones del IRPF superiores a 120.000 euros de base liquidable, que tributarían al 50%. El Estado podría recaudar unos 2.500 millones más y no se castigaría a las “clases medias”. De esta forma, llegarían 12.700 millones más a las arcas públicas y aumentarían en 6.500 millones las cotizaciones a la Seguridad Social. Fuentes de la Moncloa aceptaban ayer el nuevo tramo para las rentas superiores a 120.000 euros, gravadas con un tipo equivalente al 47 %.

Para contraer con eficacia el fraude fiscal, IU pide que se dupliquen los objetivos por ingresos de la deuda por fraude, gestionada por la Agencia Tributaria, que se dote a Hacienda de mayores recursos materiales y humanos y que se equiparen a los subinspectores del fisco como inspectores (grupo A1 de funcionarios). García Rubio, responsable federal de Economía, acompañado del coordinador federal, Cayo Lara, del portavoz en la Cámara baja, Gaspar Llamazares, y de los responsables de Gestha, Carlos Cruzado y Manuel Gil, apostan por recuperar el Impuesto de Patrimonio, suprimido por el Gobierno de Zapatero, en 2008. El Estado dispondría así de 2.120 millones.

IU plantea, además, subir del 30% al 35% el Impuesto de Sociedades a 700 grandes empresas que tienen una base imponible superior a 30 millones de euros. De esta forma se podrían recaudar 5.300 millones. La federación reclama que las Sicav –las Sociedades de Inversión de Capital Variable, el refugio de los grandes patrimonios del país– tributen no al 1%, sino al 5%. Y que se liquide definitivamente la ley Beckham, es decir, que los extranjeros que trabajan en España (caso de los deportistas de élite) con sueldos que no lleguen a 600.000 euros, paguen un 43 % de IRTF, y no un 24.

Los técnicos del Ministerio de Hacienda reclaman que se aprueben con la misma vigencia unas medidas alternativas propuestas por ellos. “Lamentamos –se quejan– que el Gobierno haya optado por apretar el cinturón a pensionistas y empleados públicos, en vez de regular y controlar la especulación de los mercados financieros y los paraísos fiscales”. Para García Rubio, “es posible relanzar la economía” con más impuestos para los que más tienen. Se trata, según Llamazares, de una reforma “moral”, claramente de izquierdas.