Martes y 13 para el PP.

El exdipjtado del PP, Daniel Ortiz, junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, 

El pasado martes, 13 de septiembre, fue el día en que el PP se presentó en los juzgados “Los populares  -cuenta Natalia Castro en ElPlural.com– contienen la respiración: deben declarar el exalcalde de Móstoles, Daniel Ortiz, que acabó dimitiendo, acorralado por .a Púnica en Madrid, y el denunciante que denunció y asentó la idea de que las raíces de la misma trama son mucho más largas de lo que creíamos. Desde hace tiempo, casi cada día puede ser malo para los populares. No hay semana en la que no se conozca o un nuevo caso o un detalle nuevo de alguna trama ya existente. Gürtel, Púnica con Francisco Granados y el constructor David Marjaliza, Imelsa, Mato, Barberá, Rus, Fabra, Acuamed, Rato, Soria… son sólo algunos de los nombres que rodean al Partido Popular en los últimos años. 

El pasado 8 de julio, el diputado del PP en la Asamblea de Madrid, Daniel Ortiz, anunció su dimisión. El exalcalde de Mósteles tenía que dar algo más que explicaciones ante la jueza, Susana Polo, al estar acusado por cohecho, fraude y tráfico de influencias. Ortiz había utilizado, según Juticia,  su condición de alcalde para influir y conseguir que la multinacional Cofely se hiciera con un contrato de 73 millones de euros para la prestación de servicios energéticos y de suministros en Móstoles “independientemente de cuál fuera la oferta más ventajosa”. A cambio, la trama Púnica habría repartido entre varios miembros del Ayuntamiento, entre ellos Ortiz, una mordida de 746.000 euros.

“En el PP tenemos tolerancia cero frente a la corrupción”, decía Cifuentes en mayo asegurando que no dudaría en pedir la dimisión de Ortiz si el Tribunal decidía investigarle. Meses después, matizaba: “Hay que esperar a ver si el instructor decide la práctica de nuevas actuaciones o bien hay un auto formal de investigación”. Al final, tardó dos días en reunirse con él para pedirle su marcha ante las presiones de Ciudadanos, que amenazaron con romper el pacto por el que Cifuentes gobierna en la Comunidad de Madrid.

Lo que empezó de la mano corrupta del exconsejero madrileño de Presidencia, Francisco Granados, y del constructor, David Marjaliza en la capital, creció y se extendió hasta llegar a Murcia. Así lo cree el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco y más después de la aparición del nuevo testigo: un funcionario de la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Murcia que denunció las relaciones que mantenía el presidente popular de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, con dos empresas de la Púnica. Pero, el pasado martes y 13, Daniel Ortiz aseguraba durante el interrogatorio que el contrato que se adjudicó a Cofely fue completamente legal y, que incluso contó con la aprobación del Tribunal Administrativo de Contratación Pública, un argumento que choca directamente con el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO). Además, el funcionario que denunció no acudió al juzgado para ratificar su denuncia. De hecho, ni se le ha localizado ni se ha confirmado que la identidad que facilitó a la Audiencia Nacional fuese real. Simplemente, ha desaparecido como por arte de magia y la Guardia Civil lo busca. Ortiz sí declaraba, pero con toda prudencia, confirmando que mandó los wasaps del amaño de 73 millones a favor de Cofely. Aunque aseguraba que su intención no era manipular el concurso sino comprobar si la empresa mejor situada era o no capaz de prestar el servicio licitado. Sólo le faltó decir que él sólo pasaba por allí…