Seis jóvenes procesados por repoblar Fraguas, una aldea destruida por el franquismo.

Una de las viviendas de Fraguas.

Más de 73.000 firmas de apoyo a los seis jóvenes procesados por repoblar la aldea de Fraguas.

Seis jóvenes, que pretendieron repoblar la aldea de Fraguas, fueron juzgados en una vista donde la acusación particular, ejercida por la Junta, finalmente rebajó la petición de cárcel a dos años para cada uno de ellos. La sentencia les condena, en concreto, a un año y tres meses de cárcel, a una multa de seis euros diarios durante 12 meses por delitos contra la ordenación del territorio, y a tres meses más de prisión por un delito de usurpación, con otra multa de seis euros diarios durante 90 días. Aunque la condena no conlleva entrada en prisión, el texto de la sentencia sí prevé la privación de libertad para los seis jóvenes en el caso de que no paguen las multas, que suman 16.380 euros, y la responsabilidad civil derivada de los gastos de demolición del pueblo de Fraguas y el traslado de los escombros, cifra que los repobladores calculan en 30.000 euros pero que está por concretar por el personal técnico de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Los seis jóvenes Isaac Alcázar, Isabel Turina, Gonzalo Aracil, Milagros Aguilera, Daniel Gómez y Javier Pablo Ruggiero, integrantes de la Asociación de Repobladores Rurales de la Sierra Norte, han sido condenados por trabajar en la rehabilitación de este antiguo núcleo poblacional desde hace cinco años. Un lugar que fue abandonado tras la expropiación forzosa sufrida por sus vecinos en el año 1968, y que hasta la llegada de estos 'okupas' había permanecido abandonado y en ruinas. Un fallo en el que se indica que Fraguas se encuentra en un monte de utilidad pública que forma parte del Parque Natural de la Sierra Norte, cuyo suelo es rústico no urbanizable de especial protección. Asimismo, la sentencia incide en que los repobladores sabían que no tenían autorización administrativa y que las obras que estaban realizando no eran autorizables, pese a lo cual llevaron a cabo tareas de reconstrucción de edificaciones sobre las ruinas de las preexistentes, instalaciones y acopio de materiales y efectos. 

En un principio, la Junta solicitó cuatro años y cuatro meses de pena para cada uno de los jóvenes, acusándoles de delitos contra la ordenación del territorio, usurpación y daños contra el medio ambiente, aunque en el último momento la Administración autonómica retiró el delito de daños, por lo que la pena final solicitada fue reducida. Por su parte, los acusados defendieron que, en ningún caso, su proyecto pretendía destruir la naturaleza sino, por el contrario, cuidarla, reconstruir la zona y permitir que fuera nuevamente repoblada. Afirmaron que realizaron varios intentos para regularizar su situación, pero que no encontraron más que rechazos, señalando que todavía confiaban en que pudieran negociar con el Gobierno regional y que éste apostase por “verdaderas acciones y políticas estructurales” para acabar con la despoblación”. Y el colectivo de repobladores de la Sierra Norte de Guadalajara entregó en la Delegación de la Junta castellano‑manchega más de 73.000 firmas de apoyo al proyecto de rehabilitación de Fraguas.

Tras conocerse la sentencia condenatoria, los repobladores de Fraguas han recibido numerosas muestras de apoyo a través de las redes sociales.  Entre ellas las de Ecologistas en Acción de Guadalajara, colectivo que ha expresado a través de las redes su “total apoyo al trabajo realizado por los pobladores de Fraguas”. Y consideran la sentencia “injusta”. “Nos han condenado, y si no pagamos la multa iremos a la cárcel”, señala a El Salto Lalo Aracil, uno de los condenados. “Esperábamos una sentencia favorable y que tuvieran que ir por la vía administrativa, ya que es un tema más de jurisdicción civil”. Fraguas es un pueblo que Franco hizo desaparecer y los jóvenes repobladores se dedicaron, en parte, a reconstruir y a cultivar. Desde Izquierda Unida Castilla-La Mancha subrayan que el “único delito” de estos jóvenes ha sido “repoblar tierras abandonadas para buscarse un modo de vida alternativo”. Juan Ramón Crespo, el coordinador regional, dice que, con esta sentencia, se demuestra que “el Gobierno de Castilla-La Mancha reprime con prisión la repoblación”. David Llorente, diputado regional y portavoz de Podemos en las Cortes, califica esta sentencia como una “vergüenza”, al tiempo que traslada a los jóvenes condenados todo su apoyo “frente a la represión del Gobierno de Castilla-La Mancha”.