4 de septiembre. Recuperemos la memoria.

El juez, Baltasar Garzón

Las fosas de la memoria.

Quienes pretenden reivindicar la Memoria Histórica se enfrentan estos días a quienes intentan convencer de que “todo esto es recuperar la peor historia de España”. Entre los primeros, toda la izquierda. Entre los segundos, Mariano Rajoy, ex ministro de la Presidencia con el gobierno de Aznar y actual presidente del PP. “Soy partidario de no abrir las heridas del pasado –declara éste–, lo haga quien lo haga, porque no conducen a nada”. Para él, lo mejor de la Constitución de 1978 es que “los españoles nos pusimos de acuerdo en mirar hacia el futuro”. Otro de los que se oponen es Mayor Oreja. El ex ministro del Interior y actual eurodiputado del PP considera un error la iniciativa. “Todo eso me parece un disparate. España siempre ha tenido la tragedia de la división, de la confrontación y todo lo que significa ahondar en eso es recuperar la peor historia de España”. Para él, la Ley de la Memoria Histórica aprobada por el Gobierno es una de las "más perniciosas" y un "enorme error" porque es "echar piedras contra nuestro propio tejado".

Sin embargo, el 20 de noviembre del 2002, aniversario de la muerte de Franco, el entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, ordenaba a los suyos pactar en el Congreso la única condena por unanimidad del franquismo. Y todos diputados reconocían moralmente a las víctimas de la Guerra Civil. Casi seis años más tarde, el juez Baltasar Garzón abre diligencias y recaba datos para poder investigar si el 18 de julio de 1936 desencadenó un genocidio en España. Después de trabajar por la recuperación de la memoria histórica de Chile, Argentina, Colombia o Guatemala, el titular del Juzgado central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional atiende en España a quienes le reclaman ayuda para reparar el dolor de las víctimas del franquismo. Y decide elaborar un censo de los desaparecidos desde el alzamiento hasta el final de la dictadura española.

Garzón ha solicitado toda la información que pueda estar archivada y ha exigido colaboración a la Conferencia Episcopal Española. La Policía Judicial deberá poder acceder a los libros de difuntos de las casi 23.000 parroquias españolas, incluida la basílica del Valle de los Caídos, en donde se encuentra una de las fosas más grandes de presos republicanos, a pocos metros de la tumba de su verdugo. Según el abogado Fernando Magán, colaborador de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, el juez trata ahora de “llevar una realidad al nivel de verdad judicial investigada”. Magán asegura que el objetivo de sus denuncias no es buscar culpables, sino reparaciones para los familiares de los represaliados. Y Santiago Macías, vicepresidente de dicha asociación, asegura que le parece "muy bien" la orden de Garzón, de elaborar un censo de todos los desaparecidos durante el franquismo. “A partir de ahora -concreta- no estaría mal que sea desde arriba desde donde se elabore tanto el censo de desaparecidos y represaliados como la ubicación de los lugares donde reposan”.

“El Mundo” tilda la decisión del magistrado de “despropósito”, de “puro disparate” y de truculenta “garzonada”. Para el director del periódico lo “injusto y arbitrario” es “permitir” la libertad de la etarra, Elena Beloki, y la fuga de Rodríguez Menéndez. Pedro J. Ramírez expresa su “estupor” por el “carácter inaudito de los argumentos” presentados. Sin embargo, la Junta de Jueces Centrales de la Audiencia Nacional se dirige al Consejo General del Poder Judicial por las “injustas y arbitrarias” opiniones” vertidas por “El Mundo”. Los jueces consideran que el contenido del editorial del periódico “excede de los límites a la crítica de las resoluciones judiciales”.

Mientras tanto, en los templos españoles, la Iglesia no hace el mínimo gesto para retirar la conocida placa de los “Caídos por Dios y por España” y pretende pasar página sobre ciertos hechos del pasado.