10 de septiembre. La Justicia quita la razón al hotel de Algarrobico.

Jesús Rivera, titular del Jugado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Almería, acaba de pronunciarse sobre el Hotel Algarrobito. El juez ha declarado nula la licencia del hotel, un mastodóntico edificio de 411 habitaciones, distribuidas en 20 plantas, a 28 metros del mar, autorizado en su día por la Junta de Andalucía y por el Ayuntamiento de Carboneras (Almería), ambos organismos en manos del PSOE, que ignoraron la Ley de Costas. El titular del Juzgado ve indicios de prevaricación por lo que pide al fiscal que investigue a los responsables locales y autonómicos.

El edificio, única construcción de la playa, hasta entonces virgen, empezó a levantarse en 2003, convirtiéndose, según Greenpeace, “en un símbolo de la destrucción del litoral y del escandaloso poco respeto que la Junta de Andalucía tiene por el medio ambiente”. Desde entonces, no han cesado las protestas de colectivos ecologistas que piden su demolición. En noviembre pasado, Greenpeace protagonizó una protesta en la que ocupó el hotel y desplegó unas pancartas gigantescas, rotulando con la palabra “ilegal” la fachada del hotel, lo que costó a sus responsables sentarse en el banquillo, a propuesta de Azata del Sol, la promotora de la mole de hormigón. La organización ecologista y pacifista internacional pedía la demolición de “uno de los mayores escándalos urbanísticos del litoral español”.

En mayo del 2006, Chaves anunciaba que el hotel en pleno Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar iba a “desaparecer de las costas de Andalucía" y que se restauraría la playa a su estado original. En noviembre del 2007, el Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA), órgano asesor del Gobierno, aprobaba por unanimidad su demolición para antes de 2008. La construcción había sido considerada el paradigma de la invasión urbanística de las costas españolas. Pero, en febrero pasado, la Junta pretendía cambiar la calificación del suelo donde se asienta el hotel de “área natural de interés general” (donde no está permitida ningún tipo de construcción) a “núcleo habitado preexistente”. De llevarse a cabo tal modificación, el hotel, símbolo de la destrucción practicada en el litoral andaluz, pasaría a ser legal.

En declaraciones a Europa Press, la responsable de la campaña de Océanos y Costas de la ONG tildaba de "vergüenza" que la reunión se produjera cuando apenas faltaba una semana para la cita electoral. El candidato de IU a la Presidencia de la Junta, denunciaba que la "ineficacia e irresponsabilidad" del Gobierno andaluz provocará que esta "construcción ilegal" la tengan que pagar todos los andaluces. Y el candidato de IU por Cádiz al Parlamento andaluz dijo que Algarrobico es un ejemplo de lo que ha sido la tónica "habitual" del PSOE-A en esta legislatura: "Siempre reacciona tarde y mal”.

El Ministerio de Medio Ambiente y la Junta de Andalucía se afanaban en febrero pasado en legalizar a toda costa el polémico hotel. Paralelamente, Manuel Chaves aprobaba un nuevo Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Parque Natural, que transforma el suelo de “área natural de interés especial” en “núcleo habitado preexistente”, según denuncia Greenpeace.

Los últimos movimientos a favor del hotel, tanto de la Junta de Andalucía como del Ministerio de Medio Ambiente, contrastan con el compromiso público por parte de sus máximos responsables de expropiarlo y demolerlo. El propio Chaves llegaba a afirmar que el edificio representa "quizás, de una manera exagerada, el símbolo de la destrucción del litoral andaluz".

Ahora es la propia Justicia la que lo declara ilegal y ordena al Ayuntamiento almeriense de Carboneras que revise esa licencia, lo que implica su demolición. La sentencia ordena incluso remitir la causa al Ministerio Fiscal, da la razón al recurso de la organización ecologista, “Salvemos Mojácar” y cuestiona la actuación del Ministerio del Medio Ambiente, que negocia algo considerado ilegal: indemnizar al promotor con dinero público. “Confiamos –añaden los ecologistas– en que promotora, Ayuntamiento y Junta de Andalucía, entren en razón y abandonen toda intención de recurrir esta sentencia, que sólo les supondrá elevados y prolongados costes, demorando una demolición que consideramos inevitable”.