El convenio de las farmacéuticas y otras bicocas…
Dolors Montserrat, ministra de Sanidad y Cristóbal Montoro, de Hacienda.
“El gobierno –publica Kaosenlared–
es un instrumento de las farmacéuticas, como lo es de la banca, de las grandes
multinacionales, de los más ricos… Ahí está el ejemplo de los medicamentos para
confirmarlo. Los medicamentos –que deberían ser de fabricación y distribución
públicos y gratuitos puesto que la salud es un derecho básico– son un enorme
negocio en manos de un puñado de grandes farmacéuticas. El gobierno obliga
ahora a las autonomías a establecer convenios con la patronal farmacéutica para
recibir la financiación estatal. Un negocio
redondo y asegurado”. El pasado domingo, Raúl Rejón titulaba en Eldiario.es: “El Gobierno niega la ayuda financiera a las autonomías si
no firman un convenio que beneficia a las farmacéuticas”. En el mismo, se hacía
hincapié en que el Gobierno de Mariano Rajoy obligó a las comunidades autónomas
que solicitan ayuda financiera estatal a firmar un convenio con la patronal
farmacéutica que, a la postre, actúa como blindaje de los medicamentos de marca
y freno para los más económicos medicamentos genéricos. El Ministerio de
Hacienda introduce de esta forma un nuevo requisito obligatorio para autorizar
los 10.276 millones del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) acordados para 2017
destinados a Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla-La
Mancha, Catalunya, Extremadura, Murcia y la Comunidad Valenciana. El convenio
promovido por Hacienda y Sanidad garantiza un nivel de gasto público anual en
productos de Farmaindustria. Es un traje
a medida de los laboratorios incluidos en esta patronal. Avalado por el
Ejecutivo, el mensaje es tan claro y directo como persuasivo: “Gasta en estos
productos porque, si vas a otras alternativas, serás penalizado”. Si el gasto
es inferior a lo que Hacienda permite a las comunidades –la regla de gasto– se
prevean “incentivos” para el sector. “Pero no de forma automática. Eso ya
ocurrió en 2016 y no se aprobó incentivo alguno”, aclara Hacienda que considera
el convenio “positivo, ventajoso y una garantía de control del gasto”. El
documento significa, de hecho, un freno efectivo para alternativas más
económicas y refuerza un statu quo a la medida de Farmaindustria. Y, aunque el
acuerdo recoge literalmente que “se facilitará la adhesión a aquellas
comunidades que lo deseen”, mostrando así su carácter voluntario, Hacienda
utiliza el sistema FLA de financiación regional como una palanca para que diez
comunidades se incorporen a este modelo. Lo hizo en la primera oportunidad que
tuvo tras rubricar el convenio: el documento lleva fecha de 29 diciembre de
2016 y aparece como condición para acceder a la financiación en la asignación “para
los dos primeros trimestres de 2017”, según explicaciones de Hacienda.
Vanessa López “El precio de los fármacos se fija
de forma arbitraria y nada tiene que ver con los costes reales de investigación”.
Carmen Montón, consejera de
Sanidad valenciana advierte que esta obligación “pone entre la espada y la
pared a autonomías que tienen la necesidad de recibir el FLA ya que sufrimos
una grave infrafinanciación”. Por su parte, el Gobierno cántabro entiende que
se trata de un acuerdo “ausente de transparencia” y que no es oportuno que el FLA
“esté ligado a adherirse a un convenio entre la Administración y la industria
farmacéutica”. Si una administración sanitaria opta por tratamientos a base de
genéricos (medicamentos equivalentes con las mismas propiedades, pero ya libres
de patentes lo que permite su abaratamiento), esa inversión económica no cuenta
para cubrir el compromiso con Farmaindustria por lo que una medida, en
principio, de racionalización de gasto público se convierte en una obligación
de compensar a esos laboratorios por no llegar al nivel comprometido. “Vanessa
López, directora de la organización Salud por Derecho, explica que “el convenio
entre el Gobierno y Farmaindustria está enfocado para mantener el gasto
farmacéutico de medicamentos no genéricos de manera constante”. Y pone el ejemplo
de que “el presupuesto público en salud ha podido recortarse, pero el de los
medicamentos de uso hospitalario ha crecido hasta un 23%, sobre todo con
medicamentos nuevos”. Otras de las quejas de los que han debido entrar en el
acuerdo para obtener la financiación que sostenga los servicios autonómicos es
que, a la hora de elegir un tratamiento para un paciente y analizar cuánto
cuesta con este medicamento y cuánto con su equivalente genérico, los números
suelen reflejar que el producto de marca es más caro. Pero, en no pocas
ocasiones, es el que acaba imponiéndose. López dice que muchos de los
medicamentos de marca “tienen un precio abusivo que no tienen nada que ver con
los costes reales de investigación. No se trata de estar en contra de
garantizar un beneficio. Pero un margen razonable: 10, 12, 13%”. Un precio se
decide de una manera, al menos, poco transparente. Y es el Gobierno quien
ejerce esa potestad para todos los productos que reciben subvención pública
mediante la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos. “El
precio lo pone el Gobierno y lo pagan las regiones”, analiza López. Su
incorporación se ve taponada por la creación de genéricos por parte de los
propios laboratorios de marca, las triquiñuelas para extender los periodos de
vigencia de las patentes que dan exclusividad a los laboratorios o incluso el
pago a empresas para que no saquen al mercado sus genéricos. La Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia están llevando a cabo una
investigación, según explicó, para establecer si los laboratorios están
desarrollando una estrategia en España destinada a bloquear la entrada de los
genéricos (y el consecuente abaratamiento de los precios).
Para María Luisa Carcedo, diputada nacional y
secretaria de Bienestar Social del PSOE, se trata de una especie de chantaje.
El PSOE considera que la
imposición a las autonomías de firmar el acuerdo, creado por el Gobierno con las
farmacéuticas, para acceder a la financiación del FLA, es “una especie de
chantaje”. Así lo califica la secretaria de Sanidad del partido, la senadora
Luisa Carcedo. “No son maneras de establecer relaciones institucionales”,
explica Carcedo respecto a la manera en que el Ministerio de Hacienda incluyó
la condición de adhesión al convenio con Farmaindustria para recibir ayuda
económica. “No se trata, además, de una transferencia o una cofinanciación, es
facilitar un acceso al crédito”, abunda la senadora. Carcedo reseña que esta
condicionalidad sobre el Fondo de Liquidez Autonómico “incide directamente en
una de las competencias más esenciales de las comunidades autónomas como es
crear el presupuesto en general y el destinado a sanidad en particular”. En este
sentido, la senadora afirma que “a la hora de abordar el gasto farmacéutico lo
importante es que haya un buen destino para los medicamentos, que se utilicen
de manera racional y se aplique correctamente todo el arsenal farmacéutico.
Esos deberían ser los criterios más que ajustar ciertas partidas
presupuestarias. En lugar de tener una relación estrecha para coordinar las
competencias estatales y autonómicas se recurre a esa especie de
chantaje”.
Marta Sibina, la diputada de En Comú Podem,
durante una sesión de control al Gobierno en el Congreso.
Cantabria tacha de “ausente de
transparencia” el Convenio de
Colaboración firmado entre Farmaindustria y la Administración General del
Estado –Ministerios de Hacienda y
Función Pública, y de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad– al que el
Gobierno de España le “obligó a adherirse” para recibir la financiación
establecida a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). La Consejería de
Sanidad asegura que el contenido del acuerdo “no se corresponde con los
objetivos de sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y racionalización del
gasto farmacéutico público. No nos parece oportuno que un mecanismo de
financiación como es el FLA esté ligado a que las comunidades autónomas se
adhieran o no a un convenio firmado entre la Administración con una patronal de
la industria farmacéutica”, reprochan desde este departamento. Ante este panorama, el grupo parlamentario de
Unidos Podemos En Común En Marea ha presentado en el Congreso una batería de
preguntas cuestionando al Gobierno sobre este asunto. “¿Qué motivos llevan –cuestiona–
a asegurar unos ingresos constantes a la industria farmacéutica a expensas de
fondos públicos?”. El escrito analiza que “se está utilizando la adhesión al
convenio como condición necesaria para recibir el Fondo de Liquidez Autonómico
(...), es decir, para limitar las herramientas de financiación que sirven para
mantener y mejorar los servicios públicos fundamentales”. Y Marta Sibina, la
diputada de En Comú Podem que firma las preguntas, solicita qué “medidas de
transparencia en materia de precios de medicamentos tiene previsto implantar el
Gobierno?”. Una de las consecuencias que las administraciones afectadas por la
exigencia de Hacienda describen es el freno a los fármacos genéricos a la hora
de planear el gasto público. En este sentido, el cuestionario para el Ejecutivo
también incide en saber si existen medidas “para promover el uso de
medicamentos genéricos”. Y remata con una cuestión sobre los presupuestos de
tratamientos innovadores, los más costosos: “¿Qué medidas ha tomado el Gobierno
para asegurar que no tendrá que recurrir a fondos extraordinarios de
financiación?”. Por su parte, el PSOE también ha reaccionado a este asunto y ha
calificado el acuerdo como “una especie
de chantaje”.
Carmen de
Aragón y Francisco Javier Fernández, presidente y vicepresidenta de la Comisión
de Sanidad del Senado PP.
Raúl Rejón informa en Eldiario.es
de que la compañía estadounidense Amgen pagó la visita de un grupo de senadores
del PP y el PNV y tres parlamentarios andaluces de Ciudadanos a las
instalaciones que la farmacéutica tiene en Irlanda. La comitiva partió el pasado
lunes para ver de primera mano la planta de biosimilares que Amgen posee en
Dublín, según describen fuentes cercanas a la expedición. “Esta visita se
produce en medio de las reclamaciones del sector para alcanzar una normativa
específica para estos fármacos. La empresa confirmó la organización de ‘una
jornada de formación sobre el desarrollo y producción de biosimilares con un grupo
de decisores del ámbito de la salud en España’. Seis senadores del Partido
Popular de la comisión de Sanidad y Servicios Sociales y tres diputados
regionales de Ciudadanos se desplazaron”. Los senadores se limitaron a decir
que acudieron a “un seminario científico”
y “conocer la planta” que no existe en España. En la invitación escrita,
remitida a los parlamentarios, se especifica que este seminario tiene como “objetivo,
sensibilizar sobre la necesidad de que el futuro mercado de biosimilares sea sostenible,
fiable y competitivo”. Y añade que la farmacéutica “tiene un firme compromiso
con España y Europa donde lanzará su primer biosimilar antes que en EEUU”. Fuentes
de la compañía explican que esta visita responde a que “actualmente, en España
se está desarrollando un amplio debate sobre la necesidad de una regulación
específica en el campo de los medicamentos biológicos innovadores, biosimilares
y la medicina de precisión, dada la trascendencia que estos temas tienen para
el Sistema Nacional de Salud, tanto desde el punto de vista médico-científico
como económico”. Ciudadanos justificó el viaje de sus diputados de la Asamblea
andaluza explicando que “estamos convencidos de que su asistencia resultará de
gran utilidad y lamentamos el habitual desinterés de otros partidos por conocer
el trabajo y la experiencia de profesionales de categoría internacional que,
ante los retos que en materia económica o sociales debemos afrontar unidos,
consideramos imprescindible conocer”. La compañía no vio tampoco un conflicto
de intereses e insistió en que “esta
jornada cumple tanto con el código ético de Farmaindustria como con la estricta
normativa del sector y de la propia compañía”. La invitación de la
multinacional farmacéutica fue extensiva a otros grupos con presencia en la
comisión de Sanidad del Senado. Varios diputados del Partido Socialista también
recibieron la oferta de viaje con destino a Dublín, pero declinaron su
presencia: “Nunca aceptamos este tipo de invitaciones”, aseguró una diputada a
cuyo email llegó también la oferta de la empresa.
En la lista general de los genéricos vendidos en
España, dentro de los diez primeros en porcentaje de recetas, aparecen nombres de receta como Pfizer, Novartis,
Sanofi, Bayer o Glaxosmithkline.
El sector farmacéutico español es
un gigante de 13.000 millones de euros al año, según los datos de su patronal
Farmaindustria. España es el quinto mercado europeo por volumen de ventas
internas. La mayoría de ese pastel se lo llevan los grandes laboratorios con
sus productos de marca. Los genéricos, medicamentos más baratos que tienen la
misma composición y equivalencia que los de referencia, alcanzan solo un 20% de
cuota de mercado, según la asociación que agrupa a sus productores Aeseg. (Asociación
Española de Medicamentos Genéricos). En España hay un tapón que bloquea la
entrada de los genéricos –en Europa la cuota ronda el 25% –. La Comisión
Nacional de la Competencia sospechan que en el mercado se están dando
“comportamientos estratégicos que restringen o retrasan la entrada” de las
medicinas baratas. “Diversos análisis –escribe Raúl Rejón– ilustran cómo las farmacéuticas echan mano a
toda una batería de recursos para dilatar la aparición de un genérico que tire
de los precios –y sus beneficios– hacia abajo: la multiplicación de patentes
para blindar un solo medicamento, los litigios prolongados con otras empresas,
la creación de sus propios genéricos o el pago a fabricantes para que renuncien
a fabricar están entre los más usados. Tácticas que han descrito desde la Comisión
Europea hasta un reciente estudio aparecido en la revista de la Sociedad
Norteamericana de Hematología. Las grandes marcas comerciales producen y venden
genéricos. Y los venden a precios de genéricos haciéndose con una cuota extra
del mercado: la franja que ocupan los medicamentos más económicos. El genérico
que más se vende en España es el Adiro, que comercializa la gran farmacéutica
Bayer. Se trata de ácido acetil salicílico. Lo mismo que la Aspirina de Bayer
aunque en menor concentración. Se usa para pacientes que han tenido un episodio
cardíaco agudo. Un laboratorio que está vendiendo cierto medicamento bajo
patente modifica de alguna manera la molécula o la combina con otro principio o
tratamiento para justificar una nueva patente que alargue su exclusividad.
Reverdecen (evergreening) su principio activo. Así que incluso si algún
competidor litiga contra la patente, el proceso se dilata. En este sentido, un
informe de la Comisión Europea explicaba ya en 2009 que las empresas registran
un ‘gran número de patentes relacionadas con una única medicina’ que, en
ocasiones, llevaban a pleitos con compañías de genéricos. La CE contabilizaba
700 casos que terminaron con 200 acuerdos donde los grandes pagaban a los
pequeños”.
La patronal de las fabricantes de
genéricos se queja de que “la igualdad de precios” que impuso el Gobierno en un
decreto de 2011 y que impide superar un precio de referencia para los
medicamentos con un mismo principio activo (ya sea comercial o genérico) ha
menoscabado la razón de ser de la medicina genérica, basada, precisamente, en
la diferencia de precio (más baratos en su caso). Aeseg asegura que el
porcentaje de mercado en España de estos principios libres de patente está en
“un 40% en cuanto a unidades vendidas, muy lejos del 60% a nivel continental”.
Los primeros de la lista son los laboratorios españoles, Cinfa y Normon, y el
israelí, Teva. Sin embargo, la asociación empresarial no ha contestado
específicamente a lo que espera de la investigación de Competencia. Igual línea
ha tomado la patronal de los grandes laboratorios Farmaindustria que, de
momento, no planea hacer comentarios. Esperan “a que la CNMC haga el estudio
que ha anunciado”. La directora de la organización Salud por Derecho, Vanessa
López, no duda en asegurar que es “muy importante” que la Comisión de la
Competencia investigue ya que “está diciendo que hay que revisar el sistema de
precios y márgenes donde radica el problema del acceso a los medicamentos”. En
su opinión, en el mercado de los fármacos “se da un monopolio donde los
laboratorios marcan los precios. Tienen la sartén por el mango”. López analiza
que la legislación actual permite “extender ese monopolio” mediante la
prolongación de las patentes. “Desde la ampliación mediante pequeñas
modificaciones o combinaciones hasta los denominados certificados
complementarios de protección”. Las patentes pueden durar 20 años, pero estos
certificados permiten prorrogarlas cinco más “para intentar compensar todo el
proceso de autorización sanitaria” que resta tiempo a la comercialización. Otra
disposición legal a favor de este sistema es la exclusividad de datos que
ampara la Ley del Medicamento. Esto hace que los laboratorios no deban
compartir los datos del proceso de creación de una molécula hasta diez años
después de su autorización. Sin esos datos, no se puede crear un genérico
puesto que los medicamentos sin patente deben demostrar una equivalencia con el
original. “Esta disposición es propia de la Unión Europea”, recuerda Vanessa
López.
Carmen Montón, consellera de Sanidad Universal y
Salud Pública de la Comunidad Valenciana.
La responsable de Sanidad en la
Generalitat Valenciana critica que el Ejecutivo de Mariano Rajoy obligue a las
autonomías a firmar un convenio con la patronal para poder acceder a los
préstamos del FLA. “Este convenio pone a las comunidades infrafinanciadas entre
la espada y la pared”, dice Carrmen Montón en Eldiario.es. Montón censura que,
siendo una adhesión “voluntaria”, su firma figure como un requisito para
acogerse al FLA. Durante el año 2017, la Comunitat Valenciana ha recibido más
de 1.400 millones de euros provenientes del Fondo de Liquidez Extraordinario:
630 millones, en mayo del FLA ordinario y otros 830, en septiembre,
correspondientes al FLA extraordinario para compensar la desviación del déficit
causado, según explica, por la infrafinanciación por parte del Estado que sufre
la Comunitat. En cuanto al gasto sanitario en farmacia de la consellería,
asciende a unos 2.000 millones de euros. Montón denuncia la firma unilateral
del Ejecutivo de Rajoy de este convenio, sin pasar por el Consejo
Interterritorial y, por tanto, sin consultarlo con las comunidades autónomas. “Se
trata de un acuerdo a favor de la industria y no de las comunidades”, ya que se
obliga a los departamentos de Sanidad a adquirir productos de marca en
detrimento de los genéricos o biosimilares, que quedan excluidos del contrato:
“Se desincentiva la adquisición de otros fármacos y, por tanto, la búsqueda de
otros mecanismos que puedan servir para abaratar el gasto, con lo que se actúa
contra la eficiencia”. El convenio fomenta el acceso de los medicamentos
“innovadores” sin especificar qué se entiende como tal: “Esto puede favorecer
que algunos medicamentos que no aportan ventajas demostradas accedan al mercado
con escaso control sobre su posicionamiento y lugar en la terapéutica”. Además,
lo califica de “despropósito” ya que, a su juicio, “abre la puerta a incentivos
o compensaciones a la industria en caso de que el gasto farmacéutico en
medicamentos de marca no crezca al mismo ritmo que el PIB y asegura un
crecimiento al menos igual que el PIB a Farmaindustria”. De igual modo, se
reduce la capacidad autonómica de gestión en la negociación con la industria
farmacéutica, “ya que la mayoría de laboratorios están integrados en
Farmaindustria”, lo que genera “un escenario de incertidumbre”.
Ignasi
Gandela, de Compromís, pide que Montoro explique en el Congreso el acuerdo que
condiciona el FLA al convenio con Farmaindustria.
Compromís solicitaba el pasado
martes la comparecencia de Cristóbal Montoro en la comisión de Hacienda para
explicar el acuerdo que supedita la ayuda financiera prevista en el Fondo de
Liquidez Autonómico (FLA) al gasto farmacéutico. El pacto, de acuerdo a la
información que publica eldiario.es, obliga a diez comunidades autónomas –entre
las que se encuentra la Valenciana- a destinar a la compra de medicamentos de
marca un crecimiento equivalente al PIB. En caso contrario, deben compensar a
las empresas que integran la patronal Farmaindustria. El convenio, en la
práctica, implica: por un lado incentivar el consumo de fármacos de marca en
contra de los genéricos, y por otro premiar a las empresas farmacéuticas con
una tarifa plana de gasto público anual. El diputado de Compromís, Ignasi
Candela criticó el “caciquismo” de Montoro que “impone sus reglas” para
repartir los cerca de 10.000 millones de euros del FLA. Candela afirmó en que
esta medida es especialmente grave en el caso de la Comunitat Valenciana “que
necesita esos fondos como consecuencia de la infrafinanciación a la que le
somete el Gobierno de Rajoy”. “Nos pone entre la espada y la pared”, como reconocía
la consellera de Sanidad, Carmen Montón, en unas declaraciones. “¿Cuáles son
los intereses del Gobierno en la industria farmacéutica?, se cuestiona el
diputado valencianista. “De nuevo aparece la sombra de las puertas giratorias:
el exdirector general del Imserso es directivo de Cofares, distribuidora de
productos farmacéuticos, el director general de Farmaindustria fue subdirector
general de Industrias Farmacéuticas del Ministerio de Sanidad, e incluso Felipe
González formó parte del consejo asesor de la patronal”, apuntó. “Aunque
Hacienda se escuda en la adhesión voluntaria, lo cierto es que incumplir el
acuerdo penaliza las cuentas de la comunidades autónomas, una licencia que las
autonomías con una financiación injusta no se pueden permitir”, concluyó
Candela.
Lo que molesta a las comunidades
autónomas no es sólo que pueda parecer que son “meras prestadoras de servicios”,
cuando gozan de autonomía política, sino también las dificultades que están
teniendo para salir del FLA, como es el caso de Andalucía, cuyo nivel de
solvencia ha sido elevado por las agencias de calificación y quiere salir a los
mercados. Fuentes del Gobierno de Andalucía afirman que están topándose con
“muchos problemas” para que el Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas les dé la correspondiente autorización para ir por libre, para buscar
crédito con condiciones “más ventajosas que el FLA”. Un FLA, afirman las mismas
fuentes, que le ha costado ya a Andalucía 1.880 millones de euros en intereses.
Como mínimo, según el Gobierno de Cantabria, el convenio impuesto desde este
año con las farmacéuticas “es poco transparente”, mientras que la Junta de
Andalucía considera que, con el mismo, el Gobierno de Mariano Rajoy “se quita
la careta”. Aragón califica de “peregrinas” algunas de las condiciones del FLA,
que a la Comunidad Valenciana le parece que “ponen a las comunidades autónomas
entre la espada y la pared”... Son valoraciones vertidas en las últimas horas
sobre unos fondos que también llegan a Asturias, Baleares, Castilla la Mancha,
Catalunya, Extremadura y Murcia.
Montoro, junto a Soraya Sáez de Santamaría, en
uno de los últimos consejos de Política Fiscal y Financiera.
“Pero ¿cuáles son esas
condiciones? –se pregunta Olga Granados en Eldiario.es –. Básicamente, se
centran en la obligación de usar determinadas plataformas telemáticas del
Gobierno para el uso de datos y la gestión administrativa, de manera que queda
centralizada, y la exigencia de remisión de información, en muchos casos con
fines estadísticos. Y, para este respaldo financiero, tienen que suscribir
varios requisitos. Entre ellos, el estar obligadas a impulsar la comunicación
electrónica de los nacimientos que se produzcan en los centros sanitarios de la
comunidad autónoma a las distintas administraciones que tengan que conocer de
los mismos, o el firmar que van a remitir la información relativa a los
efectivos de la totalidad de su sector público a 1 de enero y a 1 de julio,
respectivamente, a la Secretaría de Estado de Función Pública en los términos
que ésta establece. El objetivo es disponer de una imagen lo más completa
posible de los efectivos del conjunto de las administraciones; integrarse en el
punto general de entrada de facturas electrónicas de la AGE; usar las
plataformas y registros para la gestión electrónica de los procedimientos
facilitados por la AGE. Particularmente, en materia de registro de
apoderamientos, disponer de un archivo único, plataforma de intermediación de
datos y punto de acceso general de la administración. Integrar los registros de
la comunidad autónoma en el Sistema de Intercambio de Registros, de manera que
los mismos se hagan sólo por medios telemáticos, sin movimiento de papel. Utilizar
los medios telemáticos para la obtención de datos, información y certificados
que obren en poder de la administración, para evitar que los tengan que
presentar los ciudadanos. En especial, con el compromiso de utilización de la
citada plataforma de intermediación. Tanto para el consumo de los datos que
necesite para la gestión de sus procedimientos como para poner a disposición en
la plataforma de intermediación los datos, certificados y resto de
documentación de competencia de las comunidades autónomas”.
Pasamos a otro asunto igualmente
de altos vuelos, tratado en este caso por un humorista. “Aguinaldo triplicado
para las aerolíneas, diputados y senadores” recuerda Pep Roig en un titular de
un artículo publicado en Ultima Hora, en el que sigue: “Las aerolíneas
triplican los precios para ir a la Península en Navidades”, dice el titular de
la noticia que, junto al encendido de las luces en las calles comerciales (no
todas), sirve para impregnarnos del magma, o las babas, del ‘Espíritu de la
Navidad’ que, además de llenarnos de alegría y felicidad, siempre lo
complementa con una subida de precios. Yo esperaba un alud de críticas y de
protestas por parte de los ciudadanos afectados por el atraco legal, pero hasta
el momento de escribir este artículo el único desafuero han sido los ladridos
de mi perro cuando otro ha pasado por el portal de nuestra casa. He querido
suponer que “Lucky” le explicaba, a su modo, lo de los precios triplicados. No
es que sepa leer (supongo que no) así que habrá escuchado mis maldiciones y se
las ha contado a un can transeúnte, que ni siquiera se ha inmutado y ha seguido
su camino. La indolencia y mansedumbre del animal paseante me ha hecho recordar
a la que hacen gala nuestros admirados diputados y senadores en Madrid; ese
grupo de privilegiados bien pagados de los que casi nadie sabe para qué están,
al margen de sentarse en su escaño (si es que asisten), levantar el dedo cuando
se les ordena y viajar gratis, de Balears a la Península (y a otros sitios),
ida y vuelta las veces que quieran. Los contribuyentes tenemos que resignarnos
al abuso por triplicado, que podríamos considerarlo un ‘aguinaldo extra’ para
las compañías aéreas y así nos dolería menos. Se lo podemos proponer a nuestros
representantes, y a lo mejor se animan a regular los precios y que las islas
estemos menos aisladas”.
Las fotomontajes de la semana:
La bicoca de los jueces.
Tremending
Topic. Entrevistamos al misterioso político del sobre que prefiere ocultarse en
el anonimato, más conocido como Emepunto.
Las subidas de la luz.
El humor semanal en la prensa: El
Roto, Forges, Peridis, Pat, Manel F., Vergara, J. R. Mora…
Rajoy juega a los dardos con las calles de Pontevedra
Farmacéuticas, Montoro hace un Pataki
Presos políticos.
El humor de Pep Roig:
Mariano salvador gaviota, Tramposos, Pura precaución, De necios, Ellos se lo
guisan, ellos se lo comen y La diferencia.
Los intereses de las farmacéuticas no pueden estar por encima de los derechos ciudadanos. Soledad Cabezón denuncia que el Gobierno de España obliga a las CC.AA. a firmar un convenio con farmacéuticas para obtener ayuda financiera.
LATE MOTIV - 'Los 40 demenciales especial reguetón' | #LateMotiv311
LATE MOTIV - 'Los 40 demenciales especial reguetón' | #LateMotiv311
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