El pueblo 'rojo' que ganó a los bancos.

El alcalde de Rivas, Pedro del Cura, en su toma de posesión en 2015.

Rivas-Vaciamadrid, un municipio en el sureste de la región que acogió durante décadas a familias de clase trabajadora, gobernado  desde los 90 de forma ininterrumpida por IU, hace gala de la política de vivienda pública. Una política municipal que se enfrentó, en 2011, al Gobierno regional de Esperanza Aguirre. El Tribunal Supremo dió la razón al Consistorio y, al menos durante un día, tensó a la gran banca española.

Rivas acaba de ganar, en el alto tribunal, un recurso que podría significar que uno de los impuestos que grava la compraventa de una vivienda, el de Actos Jurídicos Documentados, lo tienen que pagar las entidades crediticias y no los clientes. Podría, porque el Supremo dictó hace unos meses una sentencia en sentido contrario. Y, ahora, el Pleno del órgano deberá resolver un galimatías jurídico que pone en juego el destino de una cantidad indeterminada de dinero que podría sumar varios millones de euros.

“La cantidad que motivó que Rivas llegara a los tribunales -explica Aitor Riveiro en Eldiairo.es- fue mucho menor: 2,5 millones que la Hacienda madrileña reclamaba al municipio por unas 4.000 hipotecas firmadas por la Empresa Municipal de la Vivienda de la localidad. El Ayuntamiento se convirtió en un promotor de pisos que sacar al mercado del alquiler a un precio bajo para las personas que cumplieran determinados requisitos. El Gobierno municipal, presidido entonces por José Masa, reclamó al Gobierno regional del PP la misma exención fiscal de la que disfrutan otras administraciones, como la propia Comunidad de Madrid. Pero el Ejecutivo que ya comandaba Esperanza Aguirre rechazó la petición, al considerar que los pisos de protección eran más grandes de lo que debían. Agotados los recursos administrativos, el Gobierno municipal de IU recurrió a los tribunales. El Superior de Justicia de Madrid, en 2015, no le dio la razón. El Supremo, en 2018, sí”.

“Estábamos reclamando 2,5 millones de euros de los vecinos que nos negábamos a tener que pagar porque entendíamos que lo tenían que pagar ellos”, asegura Pedro del Cura. El alcalde del municipio que gobierna IU, en coalición con la marca de Podemos en la localidad, considera la sentencia “un éxito del municipalismo. Los vecinos solos no hubieran podido”, apunta. El pleito se ha llevado con los servicios jurídicos propios del ayuntamiento. “Los costes han sido pocos, 10.000 ó 15.000 euros”, explica el regidor. La disputa, asegura Del Cura, comenzó por una decisión política de Esperanza Aguirre. “Cuando el Gobierno del PP promocionaba vivienda libre y subía tanto el precio, nosotros hacíamos lo contrario”, recuerda Del Cura, que ya formaba parte del Consejo de Administración de la EMV antes de llegar a alcalde. “Casi todas las políticas eran contrarias a las del PP”, añade. “Recalificaban para hacer vivienda libre y nosotros, protegidas. Hicieron todo lo posible por boicotearlo”.  “El PP, por ir contra Rivas, ha acabado yendo contra todo el sistema financiero”, apunta Del Cura con ironía. Siempre y cuando el Tribunal Supremo opte por convertir en jurisprudencia una sentencia que, en el caso concreto de este municipio, ya es inamovible.